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Washington/Prensa Latina
Estados Unidos impuso este martes sanciones a nueve funcionarios cubanos como parte de su política agresiva contra la isla caribeña.
El Departamento de Estado precisó este martes en un comunicado que las restricciones consisten en limitar las visas de los afectados, entre los que figuran miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, aunque no citan sus nombres.
Según el secretario de Estado, Antony Blinken, las penalizaciones van dirigidas a quienes en su opinión socavan la capacidad del pueblo cubano para mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, sin mencionar las consecuencias del bloqueo estadounidense en el desarrollo de la nación caribeña.
En su cuenta de Twitter el jefe de la diplomacia estadounidense, reiteró el apoyo de su gobierno a un cambio de régimen en Cuba a pesar del fracaso de los intentos desestabilizadores impulsados por la actual administración y otras anteriores.
De acuerdo con Washington, el gobierno cubano acosó a activistas e impidió la realización de una marcha prevista para el 15 de noviembre, acción previamente declarada ilícita por las autoridades de la mayor de las Antillas por pedir un cambio en el sistema socialista refrendado en la Constitución.
El día de la manifestación que no llegó a realizarse, las calles de la isla estuvieron en calma, los niños se incorporaron al curso escolar presencial, el país reabrió sus fronteras y comenzó la reapertura de los espacios socio-económicos gracias al control de la Covid-19.
En reiteradas ocasiones, Cuba ha denunciado los vínculos entre operadores políticos en su territorio y el Gobierno de Estados Unidos en el esfuerzo por imponer un golpe de Estado suave en la nación antillana a partir de un millonario financiamiento destinado a programas de subversión.
El pasado sábado, miles de estudiantes marcharon junto al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en acto considerado ejemplo del respaldo a la Revolución y el rechazo a cualquier tipo de injerencia.
Respecto a las sanciones contra funcionarios, La Habana las considera irrelevantes desde el punto de vista práctico, pero políticamente con implicaciones, pues forman parte de la escalada agresiva impulsada desde la Casa Blanca.
