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Las consecuencias de la política de seguridad instrumentada por Estados Unidos (EE.UU.) tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, fueron una mayor invasión a la intimidad de los ciudadanos, restricciones de las libertades y una lucha contra el terrorismo que hasta la fecha ha fracasado.
A raíz de los ataques en Nueva York y Washington que dejaron más de 3.000 muertos, el mayor atentado en el interior de Estados Unidos, la administración del entonces presidente George W. Bush lanzó una cruzada contra el terrorismo internacional.
Esta estrategia incluyó la revisión sin autorización de miles de mensajes que se presumían sospechosos de actividades terroristas, la detención arbitraria de sospechosos de acciones vinculadas a grupos extremistas y su confinamientos en condiciones infrahumanas en la base militar de Guantánamo.
Este giro también involucró mayores restricciones en los aeropuertos internacionales y en particular en las terminales aéreas en el interior de Estados Unidos, aplicando una política de violaciones a los derechos de los viajeros.
Según un informe de la Boston University, la guerra le costó a Estados Unidos al menos 1,8 billones de dólares.
El costo humano es infinito: alrededor de un millón de muertos en Irak, 220.000 en Afganistán, 80.000 en Pakistán.
Se estima que la cifra de bajas relacionadas de manera directa e indirecta con la guerra contra el terrorismo podría ascender a dos millones.
A esto se suman los 12 millones de desplazados por la guerra civil en Siria, transformada en un escenario para diversos conflictos: Arabia Saudita-Irán, Turquía- kurdos y en última instancia Estados Unidos-Rusia.
18 años después de los trágicos acontecimientos en Nueva York y Washington, la anunciada guerra, lejos de eliminar la amenaza terrorista, lo que ha hecho ha sido provocar su auge.
Tanto los siguientes atentados en Madrid, Londres o Boston como los más recientes en París, Bruselas, Niza, Ankara o Múnich, para citar los más conocidos, si bien causaron una honda conmoción, son en realidad una gota en el océano del terror global.
Tras los acontecimientos del 11-S y la invasión estadounidense, apoyada por gran parte de la comunidad internacional, el pueblo afgano se vio envuelto en un sinfín de atentados que ni las fuerzas locales ni la alianza liderada por EE.UU. pudieron detener.
En 2001, el terrorismo radical islamista actuaba en el espacio limitado de una zona tribal en la frontera afgano-pakistaní y ahora se extiende por todo el mundo, pero apunta rara vez contra EEUU», dijo Chomsky a Sputnik.
Efectos de la Ley Patriota
A partir de la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de la llamada Ley Patriota, Washington realizó una recolección masiva de datos sobre comunicaciones entre ciudadanos de del país nortemericano y residentes.
Desde su creación en el año 2001, los efectos restrictivos de la Ley sobre los derechos y libertades individuales fueron objeto de discusión. No obstante, pocos son los que analizaron los efectos internacionales de su aplicación.
En mayo del 2011 esta ley fue extendida, autorizando el registro de récords empresariales, órdenes de intervención itinerantes (intervenir las comunicaciones de una persona, por toda vía y en cualquier sitio posible) y vigilancia sobre criminales individuales.
Mark Liu, Vicepresidente Jurídico Global, indicó esta ley marcó el inicio de una nueva era en el uso de la tecnología por parte del gobierno para interceptar y analizar comunicaciones, ya que establece la posiblidad de extraer datos masivos como una herramienta de seguridad nacional.
Junto a este proceso político se han llevado a cabo una cantidad insospechada de medidas secretas por parte de los servicios de inteligencia, de los que la opinión pública empieza a tener noción por las revelaciones de Edward Snowden.
El exanalista de seguridad hizo público programas de vigilancia masiva e indiscriminada llevados a cabo por los Estado y que ya no son explicables ni justificables con la lucha contra el terrorismo (PRISM, XKeystore, Tempora, etc.).
En consecuencia, la ley de patriotismo se caracteriza por ser una forma de control social institucionalizada, que se manifiesta en una tendencia evolutiva y de semejanza respecto de los estatutos jurídicos que regulan esta materia haciendo uso de mecanismos de represión y control, sostiene el abogado Juan Pablo Rodríguez..
La ley patriótica pretende controlar desde todos los puntos de vista conductas ilícitas como el terrorismo y el lavado de dinero acudiendo a la restricción de libertades individuales y mecanismos de decisión eficaces que sean capaces de enfrentar situaciones de extrema urgencia. indicó el especialista colombiano.
La norma dio amplios poderes del gobierno bajo la sección 215 que permiten que la agencia de Seguridad Nacional (NSA) recolecte metadatos telefónicos de millones de estadounidenses y almacene estos datos durante cinco años.
La ley fue criticada duramente por organizaciones de derechos humanos por ser considerada una restricción de libertades y garantías constitucionales tanto de los estadounidenses como de los extranjeros.
En el panorama de las libertades, estas garantías fueron flagrantemente violadas, no solo en Estados Unidos, sino en numerosos países que se alinearon con las medidas impuestas por Washington.
Fracasa guerra contra el terrorismo
Sin embargo, el número de acciones terroristas y la emergencia de nuevos grupos radicales, el más conocido el Estado Islámico, una incisión de la red Al Qaeda, fueron en aumento a lo largo de la última década.
El terrorismo islámico se transformó en un fenómeno global tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, mientras el propio EE.UU. sufre sus ataques rara vez, constató el renombrado historiador y lingüista estadounidense Noam Chomsky.
Para Estados Unidos. su «guerra contra el terrorismo» ha tenido un alto costo en vidas humanas y en recursos financieros sin que en el corto plazo sea vea una mejoría al respecto, más bien, la situación apunta a ser incierta en mejor de los casos.
