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Luis Armando González
A la ANSP, en su 28 Aniversario de creación.
En las sociedades del presente insertas, por una parte, en un marco de exigencias propias del Estado de Derecho y de normativas de derechos humanos; y, por otra parte, desafiadas por actividades criminales de la más variada naturaleza la conjugación equilibrada de la eficacia policial con los dos componentes referidos no siempre es fácil. Pero esa debe ser la apuesta: que la eficacia de las autoridades policiales no contravenga las exigencias del Estado de Derecho ni vulnere los derechos de los ciudadanos, o que el compromiso en el resguardo de dichas exigencias y estos derechos no vayan en desmedro de la eficacia en la prevención, contención y persecución de actividades criminales.
Para no llamarse a engaño es bueno entender que la eficacia en el combate del crimen es una responsabilidad indelegable de los cuerpos policiales, debidamente institucionalizados, en cualquier sociedad moderna, lo cual incluye a las sociedades democráticas de derecho. Esa eficacia está en función, en lo esencial, de los recursos operativos, tecnológicos, estratégicos y tácticos de los que se dispone en cada contexto o situación. Y esa eficacia se pone a prueba ante las dinámicas criminales que, cuando arrecian, presionan las capacidades operativas, tecnológicas, estratégicas y tácticas de los cuerpos policiales. Usando la metáfora del biólogo evolutivo Richard Dawkins, se trata de una “carrera armamentista” entre los cuerpos policiales y las organizaciones, redes o personas que se dedican al crimen. De tal suerte que cuando las actividades criminales (y quienes las realizan) han establecido sus nichos en la sociedad, su objetivo es el de mejorar permanentemente sus recursos y capacidades para ir por delante de la policía, ante lo cual esta última no debe quedarse rezagada, pues de lo contrario no será verdad eso de que “el crimen no paga”. La contundencia policial ante el crimen es, en este sentido, la mejor prueba de su eficacia y la mejor señal de que en la “carrera armamentista” se lleva la delantera.
Creer que la eficacia policial es sinónimo de autoritarismo o de abusos en los derechos humanos de los ciudadanos es un grave error; y ello porque el autoritarismo o los abusos en los derechos humanos no requieren, necesariamente, de unos cuerpos policiales que sean eficaces en el combate del crimen. De hecho, cuerpos policiales incompetentes en la persecución del crimen pueden ser útiles –y lo han sido en distintas sociedades— para gobiernos no democráticos. Hay mucho de mito en la creencia de que bajo los autoritarismos los cuerpos policiales fueron un modelo de eficacia y contundencia ante la violencia criminal (una violencia que, por cierto, era ejercida, en muchas ocasiones, por integrantes de las cuerpos policiales y militares).
Tampoco es bueno creer que la eficacia policial, por sí misma, es sinónimo de democracia o de respeto a los derechos humanos. Cuerpos policiales eficaces pueden estar al servicio no de la seguridad y bienestar ciudadanos, sino de regímenes despóticos. ¿Cómo lograr que esa eficacia no contravenga ni las reglas y valores de la democracia ni las normas de los derechos humanos? Con controles institucionales y sanciones a quienes violentan los derechos ciudadanos y abusan de su poder; con educación en ética, teoría política, teoría democrática, contenidos y exigencias en derechos humanos e historia; y con la institucionalización de una independencia político-partidaria e ideológica de los cuerpos de policía.
Por lo dicho, la eficacia policial en el combate del crimen puede darse en el marco de entramados autoritarios y violadores de los derechos humanos. También en estos entramados pueden tenerse unos cuerpos policiales ineficaces en el resguardo de la seguridad ciudadana. Asimismo, puede tenerse una policía eficaz en el marco de entramados democráticos y respetuosos de los derechos humanos; y también, una policía ineficaz en el marco de esos mismos entramados. Esto último, en contextos de presencia y auge de actividades criminales de envergadura, es totalmente contraproducente a la hora proteger los derechos humanos de los ciudadanos (amenazados por personas y grupos criminales) y a la hora de proteger la institucionalidad democrática y de derecho -en tanto que quienes delinquen- cuando han acumulado suficiente poder, buscan influir o hacerse un lugar en el quehacer institucional estatal (y no solo en el mundo empresarial).
No hace ningún bien confundir eficacia y contundencia policiales con autoritarismo y violaciones a los derechos humanos. Ambas, eficacia y contundencia policiales, pueden ser coherentes con ordenamientos democráticos y de derecho. Creer que la democracia y el Estado de derecho deben contar con cuerpos policiales débiles (ineficaces y poco contundentes) desarma a las sociedades ante las embestidas criminales, cuyos ejecutores no están preocupados ni por la democracia, las leyes o los derechos humanos de sus víctimas. Son estos últimos los que deben ser la prioridad de los cuerpos policiales bajo ordenamientos democráticos y de derecho. Y en situaciones críticas, cuando se trata de elegir entre los derechos humanos de una víctima y los derechos humanos de su victimario, la prioridad la tiene la víctima, es decir, el ciudadano en condición de indefensión: sus derechos humanos deben ser resguardados por la policía con eficacia y contundencia, sin ir más allá del uso de la fuerza (letal o no letal) que sea necesario para contener o someter al victimario.
Los Acuerdos de Paz nos dejaron -como una buena herencia- una Policía Nacional Civil (PNC) y una Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), que tienen como ejes vertebradores de su quehacer el respeto del Estado de derecho y la democracia, y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Desde el fin de la guerra civil, la violencia criminal se ha convertido en una amenaza permanente para esos de derechos y también para el ordenamiento legal-institucional. La PNC y la ANSP no la han tenido fácil, desde su creación, en alcanzar unos niveles óptimos de eficacia y contundencia en la prevención, contención y persecución de personas y grupos que se dedican al crimen. Lograr esos óptimos debería ser una preocupación del conjunto de la sociedad, y no solo de las autoridades policiales y de la ANSP que, año con año, deben enfrentar, con recursos insuficientes, el desafío de una criminalidad cada vez más compleja, agresiva y poderosa.
