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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
José, un joven con discapacidad auditiva falleció en manos de elementos de la Policía Nacional Civil (PNC). La familia y sus vecinos lo recuerdan como colaborador de trabajos puntuales en la comunidad donde residía.
Sin embargo, en el informe preliminar de la PNC se detalla que José pertenecía a pandillas, y tras una confusión fue supuestamente ejecutado de un disparo en la cabeza, además se le colocó un arma cerca de su cuerpo, ya que al momento que fue abatido, tenía un taladro en sus manos. El caso logró llegar a judicializarse y se puso una condena a sus victimarios. Por hoy, es uno de los 48 casos que se registran en el Informe Especial sobre Ejecuciones Extralegales atribuidas a miembros de la PNC, entre el 2014 y 2018.
El informe es un trabajo de un año, una recopilación de 48 casos de asesinatos extrajudiciales, que son registrados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). En estos casos se ha logrado identificar irregularidades de la actuación policial. Como las autopsias que refuta la teoría de la PNC.
Uno de los datos más llamativos del informe es el promedio de disparos que se encuentran en las víctimas de los casos investigados.
El 77% de los casos se presentan como enfrentamiento armado. Lo cual a juicio de las representantes de derechos humanos las heridas de balas no serian por la espalda. Diario Co Latino quiso conocer más sobre este informe y las acciones que se han tomado hasta la fecha para erradicar estas acciones, por lo que conversó con la representante del Servicio Social Pasionista, Verónica Reyna.
-¿Existen capturas de elementos de la Policía o Fuerza Armada por estos casos?
Realmente capturas se hicieron muy pocas. 119 víctimas lo que identificamos. Al verificar las respuestas del Estado es que pocas veces se ha capturado a policías, se archivaban casos, se pedía sobreseimiento definitivo por parte de la Fiscalía y esta misma en lugar de investigar a los policías, investigaba a las víctimas. Si habían familiares que ponían una denuncia o testigos, lo que hacia la policía es criminalizar, involucrarlos en algún delito.
La fiscalía en lugar de investigar los hechos, investigaba a las víctimas, pero generalmente se enfocaba en las víctimas y no contra los policías. Cuando no había una criminalización, los policías eran procesados en libertad, y rara vez se pedía la detención de los policías. Se resguardaba la identidad de los policías; se establecía criminalización de las víctimas quienes no entraban a un programa de protección de víctimas y testigos.
De los 48 casos solo dos llegaron a condenas. Uno de estos casos llegó a condena porque participaba la querella, representada en el IDHUCA. Que es el caso de José.
-¿Que características tienen las víctimas de estos casos de asesinatos extrajudiciales?
Quizás ese fue uno de las razones de este informe. Porque la mayoría de las víctimas son jóvenes, generalmente ente 15 y 24 años. La mayoría arriba de los 18 años, y uno de 13 años, que fue encontrado con claras características de ejecución. Este ha sido uno de los casos más emblemáticos, por como se encuentra el cuerpo.
Y lo otro es que todas los informes de la PNC y FGR es que todas las víctimas son pandilleros y respondieron a un ataque. Nosotros no quisimos tomar estos datos como estadísticos, porque ponemos en duda desde el inicio que hayan sido pandilleros. Algunos de los familiares, muy pocos de los casos se menciona que eran pandilleros. Es que todas las cargas y estigma social es que estos jóvenes son miembros de pandillas. La fiscalía deja de investigar porque dice que es pandillero, seguramente atacó a la policía y si no lo es, pues igual.
Todos esos elementos nos dejan claro que no solo ocurre de parte de la policía la impunidad, sino que hay todo un sistema y un aparataje estatal que impide que estos casos sean investigados.
-¿Cuál es la evaluación que ustedes tienen para el año 2019 en casos de asesinatos extrajudiciales?
Los hechos y en particular los enfrentamientos armados se han mantenido. La mayor cantidad de víctimas son de supuestos pandilleros, que de la PNC cabe aclarar que este nivel de víctimas denota un uso excesivo de la fuerza por parte de la PNC y ese padrón se han mantenido y se van a mantener. Porque hasta el momento este Gobierno no indica que hayan iniciativas para encaminar a una depuración de la PNC, a fortalecer los controles internos de la PNC, limitar el uso excesivo de la fuerza, sino más bien lo contrario.
Hay un intento mediático que respalda la actuación policial, que incluso se está maximizando la presencia militar. Lo que indica que la PNC deje a un lado su carácter civil y vaya cada vez más a la lógica de una identidad militar, por tanto un uso excesivo de la fuerza.
Este informe se hizo entre los años 2014-2018, porque fue en el periodo que más denuncias se han registrado en casos de asesinatos extralegales, con la aplicación de las medidas extraordinarias.
Como Servicio Social Pasionista creemos que este uso irracional de la fuerza con las comunidades fue toda una estrategia militar de combate a las pandillas, con actos como tortura, se observan más casos entre el 2015 y 2016, pero a partir de la denuncia estos casos se reducen en 2017 y 2018.
En el 2019 tenemos la misma policía, este Gobierno no ha demostrado interés de depurarla, ni esta en la lógica de revisar su actuación.
-¿Qué recomendaciones o acciones aporta este informe para la erradicación de las ejecuciones extralegales?
Lo que establece el estudio y esto es una buena práctica, ya que se generó un listado de recomendaciones. Hay un anexo que permite operativizar acciones, es una hoja de ruta de cómo pueden actuar las instituciones involucradas en estos casos. Una por ejemplo va en la lógica de depurar la PNC, y la creación de un grupo que se dedique a verificar estos casos y los patrones. Fortalecer la Inspectoría de la PNC, ya que hay un ahogamiento a nivel de recursos y personal, la figura del inspector ha sido debilitada y una de las recomendaciones es darle un fortalecimiento e independencia.
A la PNC, a retroceder sobre ciertas reformas que se dieron con la voluntad de crear impunidad, como las reformas que establecen que si un policía participaba en un intercambio de disparos, fácilmente el jefe de este oficial puede enviar un informe y echar para atrás toda investigación. Lo que se pide es que se retire y dar profundidad a la investigación de estos casos.
El informe genera una cantidad de recomendaciones que busca como ejecutarse.
-¿Qué esperan con este informe y si ha habido reacción de parte de las autoridades actuales?
Esperamos que las distintas instituciones del Estado respondan ante una situación grave de violaciones a derechos humanos e identifique las líneas de investigación que se encuentran. Implicará también que la nueva persona que asuma la PDDH haga su parte en estos temas.
Esperaríamos que este Gobierno logre determinar como preocupante esta situación y establezca una ruta de acción. Estamos esperamos que este Gobierno abra la mesa de evaluación por las actuaciones policiales, que era un espacio de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, con participación de la PDDH. Creemos que la participación de las organizaciones de derechos humanos tendría que tener algún efecto.
Hasta el momento nos preocupan los elementos de represión de la política de seguridad y la participación del ejército. A pesar de que tiene el Eje 2 con oportunidades, pero sigue habiendo una fuerte participación de la represión.
