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@JoakinSalazar
Transparencia. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia realizó una sesión especial, esta mañana, para recibir el informe de las instituciones encargadas de ejecutar los fondos de la Contribución Especial para la Seguridad, los cuales ascendieron a más de $50 millones de dólares con los que se ejecutó el 91%, en su mayoría asignado a la seguridad nacional.
De acuerdo al informe general, en 2016, el 72% de lo asignado fue para las instituciones dedicadas a la persecución del delito como Policía Nacional Civil (PNC), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), además, la atención a víctimas para la violencia. Asimismo, las autoridades confirmaron que el 27.8% fue ejecutado por las instituciones dedicadas a la prevención de la violencia encabezada por Prevención Social. La Contribución Especial para la Seguridad está en dos Decretos Legislativos aprobados por la Asamblea Legislativa, en noviembre de 2015. El Decreto 161 que es dedicado a grandes contribuyentes por ingresos arriba de $500 mil dólares y el Decreto 162 que es el cargo 5% a la telefonía y telecomunicaciones.
“En el año 2016 fueron asignados de forma trimestral a través de cinco decretos legislativos por un monto total de $50 millones 541 mil 70 dólares, podemos calificar como muy buena la ejecución de estos porque al final hemos ejecutado el 91% de los recursos asignados, un total de $46 millones, quedando pendiente $4 millones que deben ser transferidos por Asamblea”, dijo el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde.
En total son más de 26 instituciones que ejecutan fondos del Plan El Salvador Seguro, en los territorios priorizados. Entre las instituciones que presentaron su informe se encuentra la Fiscalía, que reportó la asignación de $2.5 millones de dólares, para la realización de pruebas y 100 nuevos Fiscales, los cuales fueron contratados a mediados de año.
De igual manera, la Policía recibió un total de $19 millones 650 mil dólares, que fueron ejecutados para el pago de bonos y el fortalecimiento de equipamiento institucional.
Con los fondos se logró recuperar más de 113,499 metros cuadrados de grafitis pandilleriles, además, las autoridades reportaron que 82,672 personas participaron en actividades de atención psicosocial, 95 Centros Escolares fueron reparados, otros 92 están en proceso, y 4,715 estudiantes fueron reinsertados al sistema educativo, mediante modalidades flexibles.
Todas estas acciones, según el Ministro de Justicia, se han logrado gracias a los acuerdos políticos de la Asamblea Legislativa, como la reducción de índices de violencia, que en enero completó un total de 256 muertes violentas, con una reducción del 65% a comparación de enero del 2016. “Esta tendencia lograda es el resultado del trabajo de todas las fuerzas políticas. Acuerdos básicos que nos permitieron ejecutar las medidas y los recursos para fortalecer a las diferentes entidades como FGR, PNC, y Centros Penales, articulando los esfuerzos de la seguridad en territorios y las actividades preventivas en diversos lugares del país”, agregó Ramírez Landaverde.
También comentó: “podemos concluir que este es el resultado de una intervención integral, bajo un enfoque de corresponsabilidad como lo hemos hecho y basado en las necesidades locales, es lo que nos ha dado los resultados sorprendentes, donde algunos municipios suman con reducción de más del 50% cuando en el pasado han sido sinónimos de violencia”. La presentación del informe de ejecución de la Contribución Especial Para la Seguridad corresponde a Ley, que establece que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia debe recibir informes periódicamente de los fondos ejecutados.
De los fondos están pendientes un total de siete millones de dólares, que deberán ser aprobados por la Asamblea Legislativa para ser transferidos, dijo Hato Hasbun, Secretario de Gobernabilidad.
