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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“El Gobierno no se refirió a los bloqueos militares que ordenó el presidente, Nayib Bukele, junto al ministro de Defensa Francis Merino. Ni llegaron con una postura que beneficie a las víctimas. Solo estuvieron justificando cosas que ya habían presentado como pavimentación y luz eléctrica, solo llegaron a improvisar en ese
informe con obras hechas del anterior Gobierno y ese no era el objetivo de la audiencia”, resumió Wilfredo Medrano, abogado de la Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
Los antecedentes que guarda la Corte IDH y las organizaciones como CEJIl y Tutela Legal MJH refieren la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño, por el operativo militar en siete localidades del norte del departamento de Morazán, que culminó en un crimen de Lesa Humanidad así como su falta de investigación de estos hechos y la sanción a los responsables.
En los alegatos presentados por representantes de las organizaciones, Camila Omar (CEJIL) y Wilfredo Medrano (Tutela Legal MJH), en la audiencia de seguimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, sobre la Masacre de El Mozote, señalaron tres elementos relevantes que obstaculizan la justicia para las víctimas a la justicia.
“La obstaculización de investigaciones a través de la negativa de las Fuerzas Armadas, de permitir la realización de inspecciones a sus archivos; la necesidad de adoptar medidas adicionales para fortalecer el trabajo del Juzgado a cargo de la causa y otros obstáculos que están enfrentando las víctimas en el acceso a la justicia. Al respecto, consideramos que es esencial que esta honorable Corte establezca las medidas que el Estado debe adoptar para la superación de estos obstáculos”, expuso Omar.
Sobre la negativa de inspección de los archivos de la Fuerza Armada, Camila Omar agregó que esta acción no solo implicó “desacato órdenes judiciales”, del juez de la causa, sino también, como la Sala de lo Constitucional (CSJ) determinó que esas obstrucciones a estas diligencias podría ser “constitutiva de delito”.
Y como sucedió el 4 de noviembre de 2020, el juez Guzmán ordenó a la Fiscalía General de la República, indagar si las referidas inspecciones a los archivos militares era constitutivo de delito y que investigara, además, si habrían incurrido en delito en la sustracción de los documentos de los archivos militares que se debían inspeccionar, que luego de cuatro meses, de la orden del juez de la causa, no se tiene
conocimiento que se hayan llevado a cabo diligencia alguna en este sentido de establecer los hechos.
“Ante estas situaciones, pedimos a esta honorable Corte emitir una moratoria temporal sobre la destrucción de archivos militares. Ello es particularmente relevante tomando en cuenta que como hemos informado en el marco de la supervisión de ha comprobado que recientemente se
han destruido archivos relacionados con la investigación de graves violaciones a derechos humanos”, reafirmó Omar.
En cuanto a la ausencia de medidas para fortalecer los recursos del Juzgado, que se encuentra a cargo del proceso penal de El Mozote, en San Francisco Gotera, Morazán, Wilfredo Medrano, de Tutela MJH, señaló que pese a ciertas medidas que se han tomado, no son las suficientes. Así como, los dos auxiliares jurídicos, que colaboran con el Juez Jorge Guzmán, tienen contratos eventuales y para un plazo de seis meses, lo que consideran inadecuado, por la relevancia del caso.
“Reconocemos como un avance el establecimiento de competencia exclusiva en materia penal para el Juzgado de Instrucción de San
Francisco Gotera, pero este sigue teniendo bajo su competencia diversos municipios y atendiendo una pluralidad de asuntos que alarga los procesos, por lo que insistimos en que sea nombrado un co-juez, para
que la carga de trabajo del juzgado pueda ser distribuida. Mientras el juez de la causa se dedica al caso, el otro podría asumir los otros casos”, manifestó Medrano.
Asimismo, denunciaron ante la Corte IDH el comportamiento que últimamente ha tenido la Fiscalía General de la República, como pedir la recusación de una perita propuesta por la acusación particular; y la separación del juez Guzmán, del caso que ha venido desarrollando desde hace cuatro años, con el argumento de que no ha sido imparcial
“Si bien ayer la Fiscalía General de la República anunció que la presentación de la recusación del juez Guzmán no había sido informada por sus fiscales a sus superiores y, que por tanto, iniciarían un proceso de auditoría al respecto, no cabe la menor duda de que este tipo
de actuaciones es un claro obstáculo en el acceso a la justicia de las víctimas”, indicó.
Otro de los señalamientos fue el referido a los documentos entregados por el presidente Nayib Bukele, al juez de la causa, relativos a los archivos militares de la época del conflicto armado.
“Para mí es importante que cuando le preguntan al juez Guzmán, por parte del vicepresidente de la Corte IDH (juez Patricio Pazmiño Freire), sobre los más de 3,000 documentos entregados por la Presidencia, el juez Guzmán señaló que del total de documentos no tenían nada que ver con el esclarecimiento del caso de El Mozote, que no son sustanciosos y, por lo tanto, se rechazó esa información que presentó CAPRES. Creo que las posturas más valientes que hubo en la audiencia fueron del juez Guzmán Urquilla y el procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, quienes llegaron preparados con los temas que quería escuchar la Corte IDH”, consideró Medrano.
“Queremos que nuestras víctimas adultas mayores puedan ya decir: se hizo justicia en este país”, expresó Óscar Leonel Tobar Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, en su intervención ante la audiencia de la Corte IDH.
“Perdí una hermana, primos y primas. Y como representantes de las víctimas, que tienen 39 años en la búsqueda de la justicia, es triste saber que muchas personas están falleciendo, sin haber visto la justicia para ellos. Es doloroso, como muchas personas que se nos acercan a reclamar que sus familiares murieron y sus fuerzas ya no son las mismas para seguir. Pero les prometemos que los más jóvenes estaremos buscando justicia para el caso de El Mozote, y pueda ser judicializado”, reiteró en su mensaje.
Sobre la demora del proceso y la obstaculización desde la institucionalidad del Estado salvadoreño, Tobar compartió que esto les ha traído señalamientos y críticas como defensores de las
víctimas, al insistir en llevar a la justicia a las personas que cometieron esos crímenes que cambiaron la vida para siempre de El Mozote y lugares aledaños.
“Nos han dicho: ¿por qué le exigimos a este gobierno, si cuando pusieron los casos fue en los años noventa?, pero claro, la famosa Ley de Amnistía paró los casos denunciados. Nosotros como Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote pedimos la inspección de los archivos militares y el presidente de la República pública (Nayib Bukele) se comprometió con las víctimas de abrir esos archivos, pero unos días
después se retractó y no los abrió. En cambio, nos acusó a nosotros, al juez y nuestros abogados de ser personas que éramos afines a otras cosas. Es por esto, que pedimos a la honorable Corte IDH que sigan en
este caso en la supervisión de su sentencia, ya que hay muchas cosas pendientes como pedir un diálogo con el Gobierno de la República pública y hablar del cumplimiento de la sentencia, es lo que quieren las víctimas únicamente”, puntualizó.
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