Bogotá / AFP
El Ejército de Colombia anunció que modificará su instrucción a las tropas en combate, presionado por una publicación que alertó sobre el riesgo de que se produzcan nuevas ejecuciones de civiles a manos de militares.
Este fin de semana el diario estadounidense The New York Times (NYT) reveló que el comando militar estaría exigiendo «duplicar» los resultados (muertes, capturas y entregas) en la lucha contra los grupos armados, sin pedirle a sus hombres «perfección» ni total «exactitud» al momento de lanzar «ataques letales».
El artículo revivió los temores sobre los asesinatos de civiles, un escándalo que años atrás golpeó severamente la imagen de las fuerzas armadas y dejó miles de víctimas que fueron presentadas, incluso hasta disfrazadas, como rebeldes caídos en enfrentamientos.
«Nunca hemos exigido número de bajas (muertos), nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, nunca lo he exigido yo. Estamos exigiendo es ser efectivos», se defendió el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en declaraciones a la prensa.
El jefe militar admitió, sin embargo, que pudo haber «una mala interpretación» por parte de «personas que no son miembros de la institución».
Ante el escándalo político y la preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos, el ejército decidió revisar el texto de la directriz.
«Lo que queremos hacer es cambiar ese formato para generar internamente mayor tranquilidad. Como ha sido malinterpretado lo mejor es cambiarlo», sostuvo Martínez al telenoticiero CM&.
Apoyado en el testimonio de oficiales que hablaron bajo reserva, el NYT hizo énfasis en lo que parece ser un relajamiento del margen de error en las operaciones militares, con lo que, según el medio, se pone en riesgo la vida de los civiles.
Bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2008) aumentaron las ejecuciones de civiles a manos de militares, conocidas internamente con el eufemismo de «falsos positivos».
Según la ONG Human Rights Watch, entre 2002 y 2008 unos 3.000 civiles fueron ejecutados de esa forma, lo que de acuerdo con la fiscalía ha resultado con condenas de 961 uniformados.
El gobierno de Iván Duque cuestionó el artículo periodístico, alegando que estaba «lleno de imprecisiones», y aseguró que tendrá «tolerancia cero» con las violaciones de los derechos humanos.
Sin embargo sectores del oficialismo, molestos con la publicación, lanzaron graves acusaciones contra el periodista del NYT Nicholas Casey, autor de la nota y quien salió de Colombia por las «acusaciones falsas», que incluso sugerían que era simpatizante de la guerrilla.
La Asociación de Prensa Internacional de Colombia rechazó la reacción del oficialismo y pidió una «rectificación».