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Por Laurent Thomet
México/AFP
Un documento del Ejército mexicano confirmaría que soldados recibieron la orden de matar criminales días antes de que se cometiera, sovaldi hace un año, nurse una aparente masacre militar en la localidad de Tlatlaya (centro), denunció este jueves una ONG mexicana.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) reveló ese documento en una conferencia de prensa en la que exigió que se investigue si hubo responsabilidad de mandos militares en los hechos acontecidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, en los que 22 personas murieron.
«Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario,» dice el documento fechado el 11 de junio de 2014 en el campo militar número 22-D de San Miguel Ixtapan, cercano a Tlatlaya.
La ONG dijo que el ejército emplea el término «abatir» como eufemismo cuando quiere decir «matar».
Contactada por la AFP, la Secretaría (ministerio) de Defensa señaló que debe corroborar la autenticidad del documento pero no hizo ningún otro comentario.
Diecinueve días después de la fecha en que se habría emitido esta orden militar, el ejército reportó un incidente en Tlatlaya en el que aseguró que los 22 muertos eran secuestradores que fallecieron en un enfrentamiento con soldados que sólo dejó un uniformado herido.
Este saldo tan asimétrico despertó dudas y, meses después, una testigo superviviente aseguró que muchos de esos presuntos delincuentes, incluyendo su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría por los soldados a pesar de haberse rendido, lo que generó un gran escándalo en México.
Esta sobreviviente y testigo clave en el caso, Clara Gómez González, hizo su primera aparición pública este jueves en la conferencia del Centro Prodh.
«Mi vida está en riesgo», dijo la mujer visiblemente angustiada, al explicar que teme represalias tras la divulgación de falsas versiones que indican que ella recibió una compensación financiera por sus declaraciones.
«Lo único que yo quiero es que se haga justicia porque ejecutaron mi hija menor de edad», clamó antes de limpiarse las lágrimas.
Orden «ilegal»
Un oficial y seis soldados enfrentan un juicio por su presunta participación en las muertes de ocho personas en Tlatlaya, todos acusados por ejercicio indebido del servicio público y sólo tres de ellos por homicidio calificado.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Ombudsman) concluyó en octubre que al menos fueron 12 personas ejecutadas extrajudicialmente por los uniformados.
«Estamos frente a una orden totalmente ilegítima e ilegal que amerita sea investigada la responsabilidad en cadena de mando: ¿Quién emite la orden? ¿Quién autoriza la orden?», dijo a la AFP Mario Patrón, director de Prodh.
Ese mismo documento, firmado por el teniente coronel de infantería Sandro Díaz, también establece en otro punto que «las operaciones deben realizarse en estricto respeto a los Derechos Humanos».
Esta semana, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Amnistía Internacional emitieron sendos comunicados para pedir a las autoridades que investiguen a más oficiales militares por el caso Tlatlaya.
El secretario (ministro) de Defensa, el general Salvador Cienfuegos, dijo al diario El Universal que el juicio contra los militares ha sido «muy costoso» para el Ejército en términos de imagen.
«Lamentablemente muchas personas y grupos que a lo mejor no ven bien a las Fuerzas Armadas ya sentenciaron a los soldados», aunque el juicio «todavía no ha empezado», acotó Cienfuegos, quien insistió en que fueron los fallecidos quienes atacaron primero a los militares.
El miércoles, las autoridades anunciaron que siete policías de investigación de la fiscalía del estado de México (centro) fueron acusados de haber torturado a tres mujeres que sobrevivieron a los hechos de Tlatlaya.
«Servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas» para obtener información sobre las 22 personas que murieron y sus supuestos vínculos con el crimen organizado, indica un comunicado de la fiscalía del estado de México.
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto enfrenta fuertes cuestionamientos sobre violaciones de derechos humanos a raíz de este caso y el de la desaparición y presumible masacre de 43 estudiantes en septiembre pasado, a manos de policías coludidos con el narcotráfico en Guerrero (sur).
