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Bogotá / AFP
Unidades del ejército de Colombia interceptaron ilegalmente los teléfonos y correos electrónicos de magistrados de altas cortes, políticos y reporteros, según investigación periodística.
«Unidades del Ejército se han dedicado en el último año a desplazar a sus unidades móviles y utilizar sus equipos de última generación para saber en qué andan algunos periodistas, políticos, magistrados, e incluso coroneles, generales y comandantes de otras fuerzas», afirmó la revista Semana en su última edición.
Entre los afectados habría magistrados de la Corte Suprema, congresistas de distintas vertientes políticas, gobernadores y reporteros de Semana que el año pasado recibieron amenazas.
«Por la misión y los blancos, estos (seguimientos) estaban orientados a temas estrictamente políticos, lejos de nuestra misionalidad y en los cuales no deberíamos inmiscuirnos», aseguró un suboficial entrevistado por el semanario cuya identidad no fue revelada.
Uno de los objetivos era la magistrada Cristina Lombana, quien hasta mayo tuvo a su cargo el caso en curso contra el expresidente y senador Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos que podría llevarlo a juicio.
Uno de los militares involucrados afirmó que se les ordenó entregar la información sobre Lombana «directamente a un reconocido político del Centro Democrático», el partido de gobierno, liderado por Uribe.
El presidente Iván Duque, ahijado político de Uribe, aseguró que su gobierno tendrá «cero tolerancia» con miembros de la fuerza pública que violen la ley y pidió a los altos mandos militares investigar «hasta el fondo» cualquier denuncia sobre irregularidades.
«Si hay miembros de la fuerza pública que están teniendo conductas contrarias a la Constitución y la ley nosotros mismos vamos a sancionarlos», aseguró a periodistas.
– Salida del comandante –
La publicación además señala que las irregularidades llegaron a oídos del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien por ello habría pedido la baja del comandante del Ejército, general Nicacio Martínez.
Martínez, cuestionado por violaciones a los derechos humanos, dejó el puesto el 27 de diciembre alegando razones personales y en medio de elogios de Duque. «Salió porque él me esgrimió a mí razones personales que entendí», afirmó el presidente el sábado.
Según Semana, el excomandante ordenó la entrega de dos equipos de espionaje a dos coroneles, uno activo y otro retirado, que no habrían sido utilizados para misiones oficiales.
«Sabemos que fueron utilizados para actividades políticas. Después de tres meses los devolvieron (finales del año pasado) sin ningún registro de lo que hicieron», dijo a la publicación un alto oficial de inteligencia militar.
La revista, una de las más importantes del país, asegura que las escuchas, conocidas coloquialmente como «chuzadas», se hacían desde guarniciones militares en el centro de Colombia o con unidades móviles de espionaje.
Semana asegura que tuvo acceso a fotografías, documentos secretos, videos de seguimiento y más de una docena de fuentes directas, que sostienen su indagación.
No es la primera vez que las autoridades de Colombia afrontan señalamientos por seguimientos o interceptaciones ilegales.
El extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que dependía de la presidencia, se vio envuelto bajo el gobierno de Uribe (2002-2010) en un escándalo nacional por escuchas ilegales a magistrados de la Corte Suprema, opositores y periodistas.
En una entrevista con Semana publicada el 4 de enero, la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, aseguró que los magistrados del tribunal encargado de velar por la Carta Magna creían estar «chuzados». Senadores opositores como Roy Barreras o Iván Cepeda han hecho denuncias en la misma línea.
