Saúl Méndez
Colaborador
En el informe “Econonuestra: Es tiempo de una economía para todas y todos” del Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre (OXFAM), se expuso la polarización entre la riqueza y la pobreza que existe en América Latina y el Caribe.
El comité advirtió que la alta desigualdad económica otorga a un pequeño grupo de ultrarricos la capacidad de influir “significativamente” en la política. También indicaron que la desigualdad afecta a los derechos de las mayorías y deteriora las democracias.
“La disparidad en la distribución de la riqueza está erosionando los cimientos de nuestras democracias. Un puñado de individuos no debería decidir el destino de la mayoría. Es imperativo reequilibrar nuestra economía para que refleje las voces y necesidades de todas las personas, no solo de unos pocos
privilegiados,” afirma Gloria Garcia-Parra, directora regional de OXFAM en América.
Oxfam indicó que la región cuenta con 98 mil millonarios cuya riqueza combinada es de US$480.800 millones, equivalente al Producto Interno Bruto de Chile y Ecuador juntos.
“Una persona trabajadora que gana el salario mínimo promedio en Latinoamérica debe trabajar 90 años para ganar lo mismo que gana un milmillonario en un solo día”, denunciaron.
La entidad explicó que el fenómeno que beneficia a las grandes corporaciones y a los más ricos, perjudica las garantías de empleo y prosperidad del resto de la población. Esto afecta desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y comunidades indígenas y afrodescendientes en la región.
Además de esta desigualdad económica, la región debe enfrentar otros retos significativos, como la crisis climática y los cambios demográficos, que demandan una inversión financiera considerable, detalló la organización.
Oxfam hizo un llamado a un cambio estructural para reducir las desigualdades económicas y sociales para avanzar en justicia climática y mejorar la autonomía financiera de las mujeres, con el fin de incrementar ingresos y acceso a servicios básicos, y garantizar empleos dignos.
La organización recomendó reformas tributarias que podrían generar hasta US$264.000 millones, representando el 4% del PIB regional, para apoyar acciones y políticas públicas que prioricen la sostenibilidad de la vida.
En el informe, Oxfam propuso cinco reformas tributarias destinadas a combatir la desigualdad y a financiar políticas públicas esenciales. “Este es un paso audaz hacia un futuro donde cada individuo tiene la oportunidad de prosperar y donde la justicia económica no es solo un ideal”, señaló.
Una de mas propuestas tributarias consiste en gravar la extrema riqueza y la concentración de poder de los ultrarricos de la región a tasas “lo suficientemente elevadas” como para generar recursos sustanciales. La medida tambien busca frenar la transmisión de la desigualdad extrema entre generaciones y aplicar de manera efectiva impuestos progresivos sobre las herencias y la propiedad, incluyendo la tierra.
Oxfam tambien sugirió elevar de manera sistemática los impuestos recaudados sobre las rentas del 1 % más rico, equiparando el tratamiento fiscal de los rendimientos del capital a los del trabajo.
La organización planteó romper con la cultura de privilegios fiscales al revisar y eliminar las exoneraciones fiscales que no generan un impacto positivo en la inversión o retorno social demostrado. “La asignación de exoneraciones tributarias no puede ser un canal que alimente intereses creados o la captura de las políticas públicas”, indicó en el informe.
La última propuesta tributaria de Oxfam fue poner coto a la evasión y elusión fiscales, tanto de grandes fortunas como de grandes corporaciones. Asi como revisar la tributación de grandes corporaciones y gravar las ganancias extraordinarias que resultan del “aprovechamiento intencionado” y del excesivo poder de mercado de grandes corporaciones sin beneficio para el conjunto de la sociedad.
El comité destacó que América Latina y el Caribe tienen la “oportunidad” de dejar de ser la región más desigual del planeta a través de un pacto fiscal, que tiene el potencial de fortalecer la capacidad de los Estados para abordar desafíos sociales y ambientales, y dirigir la economía hacia un futuro inclusivo