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Por Leonel Herrera*
Grupos de ex combatientes del FMLN conmemoraron la semana pasada el 34 Aniversario de la Ofensiva Guerrillera “Hasta el Tope”, realizada del 11 de noviembre hasta los primeros días de diciembre de 1989.
Después de la “Ofensiva General” de 1981, “Hasta el Tope” fue la mayor hazaña militar de la ex guerrilla salvadoreña. Tomó San Salvador y otras ciudades importantes del país, puso en jaque al ejército gubernamental financiado por Estados Unidos y presionó por la salida negociada del conflicto armado.
La demostración de fuerza militar de la ex guerrilla -más el desprestigio mundial de la Fuerza Armada por la horrenda masacre de los sacerdotes jesuitas de la UCA- obligaron al gobierno, la oligarquía y Estados Unidos a aceptar el fin de la guerra. Así se lograron los Acuerdos de Paz en enero de 1992; y por eso es relevante conmemorar la ofensiva guerrillera de noviembre del 89.
Sin embargo, dicha conmemoración está opacada por la amenaza de una posible contra ofensiva estatal contra quienes participaron en aquella célebre ofensiva insurgente. Como dije en un artículo anterior, la Fiscalía actual pretende criminalizar el pasado guerrillero de los ex combatientes mediante un precedente jurídico que los haría perseguibles penalmente.
(https://www.diariocolatino.com/carta-a-los-ex-guerrilleros-y-ex-guerilleras-podrian-ir-todos-a-la-carcel/)
En la acusación contra los líderes comunitarios de Santa Marta y ADES, la Fiscalía -controlada por el oficialismo- define a la Resistencia Nacional y a las demás organizaciones que integraron el FMLN como “agrupaciones delictivas”, creadas para delinquir y “reprimir” al ejército gubernamental.
Por primera vez, la Fiscalía -al servicio del gobierno de turno- violenta la Declaración Franco-Mexicana de 1981 que reconoció al FMLN guerrillero como fuerza beligerante, los Acuerdos de Paz que legitimaron la lucha insurgente y la Ley de Reconciliación Nacional que concedió garantías jurídicas para la incorporación de los ex combatientes a la vida civil.
Con semejante osadía, el régimen de Nayib Bukele estaría pasando del relato negacionista (sobre que la guerra “no existió” y los Acuerdos de Paz “son una farsa”) a una persecución jurídica-política contra los ex guerrilleros como “delincuentes” que pertenecieron a “organizaciones ilícitas”.
Hace años alerté a unos ex combatientes sobre que, ellos y sus organizaciones, podrían ser en algún momento objeto de persecución estatal. Basé mi advertencia en dos razones: una, los veteranos (incluidos los militares) actúan como “grupo de presión” en sus demandas; y dos, algunos grupos de ex guerrilleros (no todos) son una reserva ética y política que puede ser la base de nuevas rebeliones.
El ascenso político de Bukele, su estilo autoritario y sus planes de perpetuarse en el poder confirmaron mi sospecha. Sin embargo, aún no lograba prever cómo sería; hasta el 11 de enero de este año cuando fueron capturados los defensores ambientales de Cabañas acusados de, entre otros delitos, “asociaciones ilícitas”, por haber pertenecido a una organización guerrillera.
Ahora mi duda es si los ex combatientes reaccionarán ante esta grave amenaza o se quedarán solo recordando la “Ofensiva hasta el tope”, mientras el actual régimen prepara el marco jurídico para ir contra ellos.
Ojalá hagan algo.
*Periodista y activista social.
