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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó su informe de Evaluación de Derechos Humanos en El Salvador durante el año 2020, donde destacó las constantes violaciones de derechos fundamentales por parte del Ejecutivo hacia los otros poderes del Estado y ciudadanos salvadoreños.
El director Ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños comentó que año con año presentan informes situacionales de los derechos humanos en el año anterior. Y este informe tiene como propósito “guardar en la memoria histórica de El Salvador” lo que sucedió en el 2020, dicho año, “representó el año donde ha habido más regresividad en materia de derechos humanos”.
Loyda Robles -directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD- señaló que en el inicio del año 2020 fue continuación de una confrontación permanente del Gobierno Central y específicamente del presidente de la República y de los ministros con la Asamblea Legislativa y con la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Robles agregó que los principales ataques y confrontaciones fueron hacia las personas que no compartían la misma línea de pensamiento, sin importar que fueran instituciones de Estado, prensa, o ciudadanos comunes.
En informe señala que entre el 7 y 8 de febrero el ciudadano presidente de la República, Nayib Bukele, mencionó el Art. 87 de la Cn. donde establece el derecho de los salvadoreños a la insurrección. En ese marco, FESPAD detalló que el 9F del 2020, Bukele “se tomó” el Salón Azul del recinto legislativo acompañado con elementos policiales y militares para “amedrentar a la Asamblea”.
Posteriormente llegó la pandemia del coronavirus, y el presidente y funcionarios desencadenaron una serie de tropelías constitucionales y legales, de las cuales Robles detalló: Se irrespetó la separación de poderes, en el sentido de invadir por parte del Ejecutivo otros órganos de Estado; irrespetó la institucional del Estado, ya que no cumplió resoluciones de la Sala de lo Constitucional. Además, la Asamblea Legislativa fue un órgano que estuvo bajo constante presión, amenaza y ataque, principalmente proveniente del órgano Ejecutivo.
“Es evidente que el 2020 fue un año de deterioro institucional, de retroceso autoritario en la construcción de democracia y de irrespeto total a la Constitución y las leyes”, enfatizó Robles.
Héctor Carrillo -director de Acceso a la Justicia de FESPAD- expresó que los derechos civiles de los salvadoreños fueron violentados al decretarse el estado de excepción el año pasado, ya que hubo “capturas ilegales que derivaron en muchos casos, confinamientos arbitrarios y sin ninguna atención adecuada”.
En el informe se detalla que durante la cuarentena hubo detenciones arbitrarias de personas que realizaban actividades autorizadas por el marco normativo especial, y que fueron conducidas a delegaciones policiales por muchas horas, en grupos sin guardar las medidas sanitarias y sin previa evaluación médica que justificara una cuarentena no domiciliar.
Otras personas fueron sometidas a internamientos forzosos por más tiempo del debido, según los parámetros de la OPS/OMS, en condiciones inadecuadas, sin que les practicaran las pruebas de COVID-19, que dieran certeza sobre su salud. A otras personas internadas se les practicó la prueba, pero luego se les negó la información sobre sus resultados.
Omar Flores -director de Cultura de Derechos Humanos de FESPAD- indicó que los trabajadores por cuenta propia se vieron afectados tras la cuarentena domiciliar obligatoria impuesta por el Ejecutivo durante finales del primer trimestre del año. Dichos trabajadores representan el 75 % de la actividad económica en general del país.
En otro punto, la práctica de algunos funcionarios al lanzar ataques por redes sociales, denigrando y desprestigiando periodistas o medios de comunicación se convirtió en el 2020 en una cultura aceptada por una buena parte de la población; se ha abierto un número considerable de cuentas anónimas desde donde se ataca con total impunidad, señala parte del informe, esto porque los medios o periodistas, no concuerdan con la línea ideológica del Ejecutivo.
Los representantes de FESPAD sostuvieron que falta claridad respecto al Plan Control Territorial, así como existen indicios de pactos con pandillas a espaldas de la población por parte del Gobierno.
Respecto a los derechos económicos se dijo que desde Casa Presidencial se usan recursos del Estado con fines electorales, para tratar incidir en las elecciones del 28F, sumándose a lo anterior, no se entregó el FODES que por ley les corresponden a las alcaldías para obras.
Las conclusiones de FESPAD
El director ejecutivo de FESPAD, Saúl Baños manifestó: “El 2020 ha sido de una evidente falta de respeto a la Constitución y a todo el orden jurídico vigente. Ha habido falta de respeto a la separación y división de poderes que es pilar fundamental de la democracia. Se tuvo un año de graves retrocesos en derechos humanos, de graves violaciones a la dignidad de las personas. Hubo violaciones graves al núcleo de las libertades: entre ellas, libertad de expresión, de tránsito, de prensa, de acceso a la información pública”.
También, agregó Baños, se ha marcado “un retroceso histórico en los avances democráticos y el respeto a los derechos humanos que se habían logrado con la firma de los Acuerdos de Paz; un retroceso donde se ha otorgado mucho poder a la Fuerza Armada, trascendiendo las funciones constitucionales a otras que no le son propias, como es la seguridad pública”.
Siempre en las conclusiones, FESPAD agregó que se mantiene por parte del Gobierno una campaña permanente de desprestigio, de generación de odio y desestabilización contra los opositores, de igual forma, concluyeron que los funcionarios “no conocen la Constitución de la República, no saben de los avances democráticos en El Salvador, ni de derechos humanos y de sus responsabilidades en ese respecto”.
La organización de la sociedad civil hizo un llamado a las fuerzas progresistas y responsables en El Salvador, entre ellas iglesias, movimientos sociales y populares, organizaciones defensoras de derechos humanos, universidades, comunidades indígenas y LGTBIQ, sindicatos, cooperativas, gremios profesionales, empresarios, partidos políticos, a que defiendan las libertades y derechos humanos que se tendría que vivir en la República de El Salvador.
Este informe está dirigido a la ciudadanía y, además, lo harán llegar a la Asamblea Legislativa, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a organismos de protección de derechos humanos en el país y en la comunidad internacional.
