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Redacción Nacionales
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El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada Amigos de la Tierra El Salvador (CESTA) presentó el Balance Ambiental 2023, en el cual hace énfasis del agravamiento de los problemas socioambientales que continúan en el país y enmarcó el 2023 como el más caliente históricamente, lo que ha desembocado un déficit en la disponibilidad alimentaria en un 25%.
Según CESTA, el 2023 representó la falta de efectividad de la humanidad para mantener una relación armónica y sustentable con la “Madre Tierra”, y enumeró algunas de las afectaciones que enfrenta el país.
Cambio Climático
El Centro Salvadoreño señaló que el clima cambia aceleradamente y amenaza a la humanidad al no garantizar la continuidad de la vida, ya que el 2023 fue el año más caliente históricamente y en algunos meses las temperaturas promedios alcanzaron registros que no se tenían en 120,000 años, algo que en este 2024 podría empeorar al influir en el déficit de disponibilidad alimentaria que ha caído en un 25%.
De acuerdo a la organización, “la Asamblea Legislativa parece no haber tomado nota de este problema, ya que recientemente legisló para que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) realizara investigaciones para encontrar petróleo con fines a explotarlo posteriormente, cuando a nivel mundial, como sucedió en la reciente COP 28 en Dubai, se discutieron mecanismos para poner fin a la era de los combustibles fósiles en un futuro no muy lejano”.
De igual forma, se destacó la impunidad del Gobierno en la tala de árboles, en la Cordillera de El Bálsamo, en Santo Tomás, Apopa, San Vicente y Santa Ana, por empresas constructoras, o en algunos casos por funcionarios como fue en San Miguel.
Cuestionó la aprobación de la Ley General de Recursos Hídricos al no proteger la zona recolectoras de agua lluvia que son la base de la disponibilidad de agua y tampoco se ha implementado ningún proyecto a medida para garantizar su uso eficiente ni para prevenir su contaminación o para garantizar la cantidad y la calidad a la población.
El cambio climático no es el único responsable de la escasez de alimentos. De acuerdo con la organización, la falta de políticas en temas agropecuarios influya directamente la inseguridad alimentaria, porque depende de los paquetes agrícolas, agroquímicos e importaciones que cada vez tienen precios más elevados y provienen de regiones con dificultades sociales o políticas o vulnerables ambientales.
En el apartado de desechos sólidos se cuestiona el art. 98 de la Ley de Medio Ambiente y 257 del Código Penal que estipula multas a personas que arrojen basura, porque no se estableció ninguna disposición para determinar con efectividad el cálculo de la medida ni quién es la autoridad para establecerla o el tiempo que debe transcurrir entre una y otra medida para determinar el peso.
A juicio de CESTA, la ley debería contemplar a las empresas que producen desechables, ya que al no penalizarlos, se tienen casos como lo que sucede en Potonico, donde el embalse de la presa se llena de toneladas de basura plástica. Algo que afecta a todas las alcaldías que no tienen suficientes recursos para procesar sus desechos, lo que lleva a la acumulación de toneladas de basura en sus municipios y esto se deriva en afectaciones al ambiente y a la salud de las personas.
En el caso de la minería, que es una de las principales afectaciones, la entidad destacó que en San Isidro, Cabañas, personas extranjeras trabajan para una empresa China que alquilan extensiones de terreno por varios años para iniciar la explotación minera metálica luego de las elecciones de 2024. “Esto hace suponer obscuros entre estas empresas, el Gobierno y la Asamblea, ya que vendría a traicionar la voluntad de un pueblo que se ha manifestado en la existencia de una ley en contra de la explotación de la minería metálica”, razona el CESTA.
