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Alessia Genoves
Colaboradoraa
Personas LGBT marcharon el fin de semana en San Salvador para conmemorar el Día del Orgullo y denunciar retrocesos en los derechos de la diversidad sexual en El Salvador. Organizaciones LGBT señalan la ausencia de dicha legislación y el incumplimiento de más de un año por parte de la Asamblea Legislativa a la sentencia 33-2016 y 195-2016 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ordenaba reformar la Ley del Nombre y Persona Natural (LNPN) para permitir el cambio de nombre y género de personas trans.
Según el Centro de Documentación de Situación Trans en América Latina y el Caribe (CeDoSTALC), El Salvador presenta los mayores índices de vulneraciones a los derechos de personas LGBT en la región. El informe “La Deuda de la Democracia” señala que el 32.56% de los casos de discriminación reportados ocurrieron en El Salvador.
En el contexto del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022, la Fundación Cristosal ha documentado al menos 95 personas LGBTIQ+ detenidas, de las cuales 24 son mujeres trans, según Amate El Salvador.
Derechos LGBT
El informe de CeDoSTALC detalla que El Salvador concentra el 32.56% de
los casos reportados de vulneración a derechos humanos a personas trans, seguido por Guatemala con 27.91% y Costa Rica con 5.43%.
Respecto a la violencia en espacios públicos, Guatemala encabeza con el 22.58% de los casos de violencia en la calle o vía pública, seguido por Honduras con 16.13% y El Salvador con 12.90%.
En cuanto a la violencia doméstica, Guatemala registra el 16.95% de los casos, seguido por Honduras con 13.56% y El Salvador con 11.86%. La violencia perpetrada por fuerzas de seguridad es particularmente alarmante en El Salvador, que lidera con el 36.36% de los casos, seguido por Argentina, Guatemala y República Dominicana, cada uno con 13.64%.
En el contexto del Régimen de Excepción, implementado desde marzo de 2022, la Fundación Cristosal ha registrado 3,612 víctimas, mientras que el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) reporta 1,091 víctimas.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) documenta 344 víctimas, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) 281, y la Fundación Amate reporta 50 víctimas específicamente LGBT.
Del total de 5,775 víctimas registradas, el 83.81% se identifican como hombres, mientras que el 15.36% se identifican como mujeres. Y hay 24 casos de personas trans y 95 de diversas orientaciones sexuales. Las principales violaciones reportadas incluyen detenciones ilegales o arbitrarias, que representan el 28.59% de los casos, seguidas por faltas al debido proceso con un 7.60%, allanamiento de morada con 4.54%, y tratos crueles, inhumanos y degradantes o tortura con 4.29%.
La Policía Nacional Civil (PNC) es señalada como la principal responsable de estas violaciones, siendo implicada en el 74.87% de los casos. Las acciones conjuntas de la PNC y la Fuerza Armada representan el 14.74% de los casos.
Homicidios LGBT y judicialización de casos Los homicidios de personas LGBT en El Salvador han mostrado una tendencia decreciente desde 2017. En 2017 se registraron 26 homicidios, cifra que disminuyó a 16 en 2018, 10 en 2019, y se mantuvo en 8 tanto en 2020 como en 2021. En 2022 se reportaron 7 homicidios,
mientras que en 2023 la cifra bajó a 2. Hasta la fecha en 2024, se ha registrado 1 homicidio.
Esta tendencia a la baja contrasta con las estadísticas generales de homicidios intencionales reportadas por la FGR. En 2022 se registraron 496 homicidios totales, cifra que disminuyó a 154 en 2023. En lo que va de 2024, hasta mayo, se han reportado 51 homicidios totales.
A pesar de la reducción de homicidios, la judicialización de casos específicos de personas LGBT ha sido significativa. Entre los casos resueltos más notables se encuentra el de Yasuri Orellana, asesinada en febrero de 2017. El caso, con expediente judicial 2652-4A3-18 fue resuelto por el Tribunal Primero de Sentencia de Zacatecoluca, que dictó sentencias de 66 años de prisión para Edwin Geovanni Méndez y 60 años para Anibal Alfredo Melara y Carlos Antonio Molina.
La nueva conformación de la Asamblea Legislativa en mayo de 2024 trajo consigo cambios significativos que afectan directamente a la comunidad LGBT. La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género fue disuelta, y sus competencias fueron transferidas a la Comisión de Niñez e Integración Social.
Este movimiento recuerda acciones similares ocurridas en 2021, cuando la misma Comisión de la Mujer ordenó el archivado de más de 30 propuestas legislativas a favor de los derechos de la mujer y de las personas LGBT, incluyendo una propuesta de Ley de Identidad de Género.
Ante la ausencia de una Ley de Identidad de Género, las organizaciones señalan confusión y dificultades en el proceso de identificación y registro de personas LGBT detenidas en el Régimen.
La sentencia 249-2022 de la Sala de lo Constitucional reconoce: “No se cuenta con una disposición en el ordenamiento jurídico salvadoreño que determine los parámetros o condiciones bajo los cuales se permita realizar dicho cambio, los cuales a su vez garanticen la seguridad jurídica de la persona”.
