El 41% de fallecidos en centros penales presenta signos de violencia

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Socorro Jurídico Humanitario (SJH) informó que desde el 27 de marzo de 2022 cuando inició del Régimen de Excepción, hasta el 15 de octubre de 2024, aproximadamente, más de 1,000 personas han fallecido en los diferentes centros penales, sin embargo, la organización solo tiene registros de 345 adultos y 4 bebés; muchos asesinados y otros por negligencia en el tratamiento de sus enfermedades.

Ingrid Escobar, directora del SJH, dijo que lo peor que le puede pasar a una persona bajo la tutela del Estado es perder la vida. Entre las principales causas de muerte dentro de los centros penales está el mal procedimiento de la Policía Nacional Civil (PNC) y Fiscalía General de la República (FGR).

El informe de SJH señala que el 41% de los fallecidos en los penales fueron muertes violentas, lo cual indica que les dieron muerte estando en prisión bajo custodia estatal, en pocos casos se hizo la debida Inspección Ocular Policial y Reconocimiento por el delito de homicidio, mientras tanto, otros a pesar de que los cuerpos presentaban signos de violencia, la PNC y FGR les colocó el supuesto delito “muerte sobreaveriguar”.

Muchos de estos cuerpos los entregaron en ataúdes cerrados para que las familias no los abrieran; a pesar de eso algunas familiares los y se percataron que sus seres queridos presentaban señales de violencia y tortura.

Algunos testimonios de liberados cuentan que al inicio, cuando llegan los reos, los custodios de centros penales son quienes los torturan al interior de las prisiones, para obligarles a aceptar que son pandilleros o por cualquier acción que consideren faltas.

Información de SJH detalla que en el centro penal de Izalco están los custodios llamados “Chacales” muy temidos por todos los reos; además, en muchos casos el Instituto de Medicina Legal (IML) se negó a practicar la correspondiente autopsia a fin de determinar la verdadera causa de muerte.

El 32% falleció por negligencia médica, ya que los encargados de su custodia en los centros penitenciarios o bartolinas policiales no les dieron la oportunidad de ser atendidos por sus enfermedades o no proporcionarles los medicamentos para la diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, neumonía, enfermedades gastrointestinales, desnutrición severa, entre otras.

Asimismo un 6% falleció por alguna enfermedad terminal como insuficiencia renal crónica o cáncer y una aparentemente se suicidó. Del 21% de los casos en estudio, se desconoce razón de su muerte por no haber logrado obtener la información, debido que sus familiares tienen temor a que el gobierno les arreste por decir las condiciones en las que se les entregó el cadáver.

Según la directora del SJH, el centro penal de Izalco es el que más casos de fallecimientos ha generado en los casi 3 años del Regimen de Excepción, pero se estima pudiera ser una cantidad mucho más grande, pues reos liberados manifiestan que podría haber fosas clandestinas al interior de esa carcel, porque día a día miraban morir detenidos, que se sabe nunca entregaron a sus familias.

El centro penal de Izalco reporta 126 fallecidos, Mariona 74, Apanteos 35, Quezaltepeque 29 y Granja de Zacatecoluca 16, además, 50 estaban en otros penales y 15 en bartolinas de la PNC; solo se ha conocido un caso de muerte en el CECOT, un reo procesado por agrupaciones ilícitas de quien determinaron falleció por tuberculosis, en dicho centro penitenciario hay pocos detenidos del Régimen de Excepción.

“De los fallecidos en las cárceles solamente el 6% tenía un perfil delincuencial de pandillero activo o retirado, el 94% no tenían antecedentes penales, nunca había estado procesado por alguna causa, no tenía tatuajes, tenía buenas referencias de la comunidad y solo le habían puesto en el perfil colaboradores sin alguna prueba, a la mayoría del 94% la PNC les construyó el perfil delincuencial”, sostuvo Escobar.

Detalló que de acuerdo con ex fiscales, quienes trabajaron casos del Régimen de Excepción, manifestaron que al 60% de los detenidos, en las actas de remisión la PNC les puso el calificativo de “colaboradores de pandillas” y solo al 40% algún rango como verdadero miembro de pandillas, ranflero, corredor, soldado, homboy, chequeo, lo cual indica que no se han detenido a los verdaderos pandilleros, sino gente con ninguna vinculación a grupos criminales.

De ese 60% llamado “colaboradores”, al menos un 30% podrían haber colaborado con pandillas de manera obligada, por temor a ser asesinados por estos; mientras que, el otro 30% podrían ser personas sin ningún vínculo a pandillas, que fueron detenidos por otras motivaciones, lo que constituye detenciones arbitrarias e ilegales, de los cuales, funcionarios de gobierno han manifestado que ya liberaron más de 8,000 personas.