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El informe llamado “Libro Amarillo” es el primer documento militar confidencial de El Salvador en hacerse público, sale purchase además, view es la única prueba proveniente de los propios archivos del Ejército salvadoreño sobre los métodos de vigilancia utilizados por las fuerzas de seguridad y dirigidos a ciudadanos salvadoreños durante la guerra civil que duró 12 años.
Esto se ha logrado mediante la colaboración entre el National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional), el University of Washington Center for Human Rights (Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, UWCHR) y el Human Rights Data Analysis Group (Grupo de Análisis de Datos de Derechos Humanos).
Phil Neff y Angelina Snodgrass, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington, explicaron que los motivos para hacer público este documento responden al interés de promover una mayor discusión sobre las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en el marco del conflicto armado y de promover el derecho a la verdad que tiene el pueblo salvadoreño.
Neff explica que la publicación del informe ha movido un gran nivel de interés, ya que las visitas al sitio web rondan las 80,000 en los últimos tres días y han entablado comunicación con personas que aparecen señaladas en el libro, o de personas que buscan a sus familiares, pero que no los han encontrado, o que conocen a otras personas registradas en el libro. Esto también ha ayudado a confirmar datos sobre el destino de las personas mencionadas en el “Libro Amarillo”.
El investigador norteamericano también señala que hay por lo menos dos nuevos hallazgos en la investigación: Uno, el cotejo de nombres registrados en el libro con cuatro bases de datos históricas de denuncias de violaciones de derechos humanos que son las que fueron recibidas en su momento por la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador, por el Socorro Jurídico, por una organización salvadoreña estadounidense que se llama El Rescate y dos bases de datos de la Comisión de la Verdad.
Además, junto a la Comisión de Derechos Humanos se logró comprobar que aproximadamente el 43% de los nombres registrados en el libro amarillo coinciden con denuncias recibidas en la época de la guerra con violaciones a los derechos humanos y algunos datos más precisos figuran también en el informe como denuncias, torturas, desapariciones y asesinatos de personas mencionadas en el libro.
Añade que otro punto que confirma la veracidad del documento “es la coincidencia con otros documentos de inteligencia de los ejércitos latinoamericanos, como el diario militar de Guatemala que tiene muchas características en común con el Libro Amarillo, como la tipografía que se utilizaba para los registros y una teoría que no se ha logrado comprobar pero que está siendo investigada, de elementos en común que confirman el involucramiento de Estados Unidos en financiar, dar apoyo material y técnico a los servicios de inteligencia de varios ejércitos latinoamericanos”.
“Estos dos elementos y la coincidencia entre diferentes listas de personas, con bases de datos que son confiables sirven para darle autenticidad al documento”, asegura Neff.
Bernabé Recinos, expreso político, torturado, expulsado del país y quién perdió a su esposa e hija durante el conflicto, dijo que este informe puede ser un principio para conocer más la verdad y acceder a la justicia pero para lograr este objetivo sostiene que “la amnistía debe tener un fin, la generación nuestra es mentira que tenemos sanadas las heridas… no funciona la cosa sólo por decreto, como sociedad tenemos que entrar a ese proceso de demandar verdad, justicia y reparación”.
En igual sintonía, Eduardo García, de la organización Probúsqueda explica que el libro lo que denuncia es “que esas atrocidades existieron y lo importante es que se retome una investigación exhaustiva”.
“Aquí no es cuestión de si pasó o no pasó, evidencias hay y siguen saliendo, nosotros tenemos evidencia patente con 400 casos resueltos y más de 245 reencuentros. Hay niños que desaparecieron en el conflicto armado y hoy son adultos, testimonio patente que eso pasó”, afirmó el representante de la organización que por años se ha dedicado a reencontrar familias desintegradas en el conflicto.
Como Probúsqueda están interesados en que se conozca la verdad en especial con la niñez desaparecida que no fue incluida en el informe de la Comisión de la Verdad.
A pesar de interponer varias demandas a nivel internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos las víctimas siguen esperando que se haga justicia y que el órgano judicial investigue.
García reclamó que “es importantísimo para que el órgano de justicia pueda investigar que se abran los archivos que tienen en los destacamentos militares, en casas particulares o instancias del gobierno. Eso no implica solo abonar al conocimiento de la verdad, sino a perder el miedo a que se conozca la verdad en el país, a que se investigue y se individualicen los casos”.
Concluyó que “la tortura se sostiene en el tiempo en la medida que no se resarce y se da tratamiento psicológico a quienes la sufrieron, en igual medida se sostiene la tortura en los familiares de los desaparecidos, en tanto no se les ayuda a encontrar a sus seres queridos, entonces seguimos estando en un país donde la tortura se mantiene patente en la medida que el órgano de justicia no opera ni resarce, a pesar que la Sala de lo Constitucional dictó sentencia en torno a la Ley de Amnistía que no es necesario que se derogue para que se conozca la verdad, investigue y se judicialicen los casos”.
Para las organizaciones sociales es importante que los crímenes de lesa humanidad se investiguen para reconstruir una sociedad, pero aún existe falta de voluntad de hacer justicia, que se instale una democracia real en el país para que desde los errores cometidos, desde la gravedad de lo ocurrido se empiece a investigar, a sentar un precedente punitivo hacia los delitos y pueda reconstruirse verdaderamente una sociedad que en estos momentos no es capaz de tener esa fuerza punitiva contra los delitos, ni de investigar. Solo el 4% de delitos llegan a condena, el resto quedan en la impunidad.
Ovidio Mauricio, de Tutela Legal “María Julia Hernández”, señaló que actualmente “solo el Órgano Ejecutivo, desde la anterior gestión del expresidente Mauricio Funes, y ahora con el Presidente Sánchez Cerén, ha buscado ir construyendo una normativa para poder reparar a las víctimas, también con la creación de un Consejo de atención a las mismas”, pero señala que “la justicia está en otro órgano y hay que buscarla”.
“El Ejecutivo solo puede retomar reparaciones de tipo moral, psicológicas e incluso económicas, pero hasta ahí se le puede exigir a este órgano”, afirmó Mauricio.
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