Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La conocida abogada de CRISTOSAL , Zaira Navas, manifestó que el Régimen de Excepción ha generado un clima de miedo y represión entre las organizaciones sociales. El 88.3% de las organizaciones consultadas se han autocensurado, por miedo a ser detenidos por sus expresiones.
El Régimen de Excepción continúa siendo un instrumento institucionalizado por el gobierno, y es utilizado para amedrentar, acosar e intimidar a los miembros de las organizaciones sociales, dijo la también activista pro derechos humanos.
“Este gobierno ha ido reprimiendo de una manera diferente a gobiernos anteriores, y ha socavado la participación ciudadana; la población experimenta un profundo temor a organizarse”, sostuvo durante el espacio Encuentro con Julio Villagrán.
Según Navas, la autocensura se convierte en un trabajo de bajo perfil, hay personas que ya no usan el chaleco de su organización, ni dice donde trabaja. El 93.8% no ejercen su rol por autoprotección, este patrón afecta y provoca que activistas se retiren; cuando una persona es detenida, de su organización no quieren expresarlo o reportar, que es parte de su organización.
Muchas organizaciones han adoptado medidas de seguridad para evitar la persecución, recurren a la autocensura, limitando su libertad de expresión o participación, al verse empujadas a trabajar a puertas cerradas, para no ser atacadas, e incluso ocultando su identidad en espacios públicos o virtuales.
Navas explicó que el estudio “Ver, oír y callar”, de CRISTOSAL, muestra cómo los espacios cívicos en El Salvador se han ido perdiendo; la participación ciudadana ha venido en detrimento significativo por diferentes miedos.
Las organizaciones consideran que la censura se ha institucionalizado como una política de Estado, y la llaman la política de “ver, oir y callar”.
El 91% de las organizaciones identificó algún tipo de temor a participar en marchas, protestas o manifestaciones, mientras que, el 88.3% asegura que en el país prevalece la censura, evidenciando que el Estado salvadoreño no garantiza el derecho a la libertad de expresión.
El 53.9% de las organizaciones han sido víctimas de ciberacoso. Formar parte de organizaciones y mantener presencia mediática es detonante para que cualquier defensor de derechos humanos, activistas o grupos organizados se mantengan bajo asedio constante por parte del Estado, a través del uso deliberado de otros medios que sirven para acosar, perseguir y difamar impunemente.
Las acciones autoritarias del gobierno han asestado un golpe al espacio cívico y a los derechos que permiten a la ciudadanía debatir, dialogar e incidir en las políticas públicas del país.
La vulneración a los derechos de libertad de expresión, participación y asociación, se traduce en un retroceso significativo respecto a los logros alcanzados a través de luchas históricas.
