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Las capturas de los cinco ambientalista y luchadores sociales de ADES-Santa Marta debería ser un tema de preocupación para todos los exguerrilleros, estén o no dentro de las filas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), incluso los que se pasaron a ser parte de Nuevas Ideas, creyendo que allí lograrían lo que no pudieron obtener en el FMLN, o decepcionados por las prácticas políticas de la dirigencia de este.
Lo cierto es que el tema de Santa Marta es preocupante, dado que, por un lado, los líderes de ADES y los dirigentes comunitarios, no solo han dado ejemplo coherente de la verdadera organización social para defender los derechos de la comunidad, como el derecho al agua, al medio ambiente, además de poner la organización social al servicio del desarrollo comunitario.
Fue gracias a ADES y Santa Marta que de forma decidida emprendieron una lucha contra la minería Metálica, que una empresa canadiense intentó explotar en San Isidro Cabañas, que por cierto de haberse permitido ésta, los afectados no hubiesen sido solo de San Isidro, Villa Victoria, o el departamento de Cabañas, sino todos los salvadoreños, dado que los químicos como el cianuro, entre otros, que se utilizan para extraer los materiales preciosos, hubiesen sido depositados en el río Lempa, que es el que se utiliza para el agua potable para más del 50% de los salvadoreños y salvadoreñas.
Esa lucha, que dejó víctimas mortales de varios ambientalistas de Cabañas, cuyos autores intelectuales no han sido llevados a la justicia, que es lo que debería estar haciendo la Fiscalía General de la República en vez de perseguir a los ambientalistas y exguerrillero del FMLN-RN de la zona.
La Fiscalía general de la República debería estar investigando a los perpetuadores de las cinco masacres ocurridas en el norte de Cabañas, entre ellas en Santa Marta, que obligó a esta población a huir a Honduras, concretamente a Mesa Grande, y desde donde regresaron en 1987 para repoblar su lugar de origen. Es decir, los juzgados no deberían ser los dirigentes de ADES, ni los líderes comunitarios de Santa Marta, porque son las víctimas históricas de la dictadura militar derrumbada con la firma de la Paz, y de los depredadores del medio ambiente como la Pacific Rim o su subsidiaria la Oceana Gold.
Por qué la persecución contra estos líderes ambientalistas y comunitarios, cuando deberían ser tratados como héroes nacionales, al lograr que la Asamblea Legislativa aprobara una ley contra la minería, que favorecía agua pura y, además, ganar un litigio internacional interpuesto por la Pacific Rim en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativas a las Inversiones (CIADI), que había demandado a El Salvador por 248 millones de dólares, está más claro que el agua.
Primero, porque el Gobierno del presidente Nayib Bukele tiene en la mira la autorización de la explotación minera, a pesar de que existe una ley que la prohíbe. Pero a este gobierno le tiene sin cuidado la ley, lo que sí le interesa es la parte que las mineras puedan ofrecerle. Y, claro, Santa Marta, ADES, y los capturados son un estorbo, primero, porque son coherentes en su lucha por el medio ambiente, en su lucha contra la minería metálica. Además, para este gobierno es un mal ejemplo la organización social de Santa Marta y a toda costa quiere desarticularla.
Segundo, quiere sentar un precedente “legal”, sentar “jurisprudencia” dirían los abogados, para perseguir a los exguerrilleros, sean estos de la RN, ERP, FPL, PRTC o FAL, que le sean incómodos o porque quiere hacer desaparecer al FMLN.
Y, justamente, las capturas de los líderes de ADES-Santa Marta se da bajo la excusa de que siendo guerrilleros “secuestraron y asesinaron a una mujer también repobladora de Santa Marta”, cuyo cadáver no ha sido encontrado, y el caso ha sido montado por la Fiscalía solo con una partida de defunción, y de un testigo criteriado que dice “que otros le contaron de lo ocurrido”.
Sobre el caso, la Fiscalía dice que una estructura de la RN dio muerte a María Inés Alvarenga por órdenes del Comandante de la Resistencia Nacional en Victoria, de seudónimo Raúl Hércules, pero éste a su vez recibió la orden de Eduardo Sancho Castañera, conocido en la guerrilla como Fermán Cienfuegos, quien fue miembro de la Comandancia General del FMLN y firmante de la paz.
Además de Miguel Ángel Gámez, conocido con el seudónimo de Pichente, Arturo Serrano Acencio, Teodoro Antonio Pacheco, conocido como Chico Montes, Pedro Antonio Rivas, cuyo seudónimo es Joel, Alejandro Laínez, de seudónimo Walter, entre otros, quienes “eran miembros de una agrupación clandestina y armada denominada Resistencia Nacional”.
La Fiscalía, entre los delitos, los acusa de “Asociaciones ilícitas”, y hace referencia concreta a la exguerrilla, y a la RN como una agrupación delictiva.
Bukele y su Fiscalía, pues, y su sistema judicial, buscan penalizar a los exguerrilleros a través de estos cinco ambientalistas, olvidando que ser exguerillero no es delito, pues los ampara la “Ley de Reconciliación Nacional aprobada el 23 de enero para que los miembros de la Comandancia General del FMLN pudieran ingresar al país sin el peligro a que los capturaran en el aeropuerto, o que los guerrilleros pudieran bajar de la montaña y luego incorporarse a la sociedad civil.
Los exguerrilleros deberían estar en alerta, y unirse a la lucha por la libertad de sus excompañeros, los cinco héroes ambientalistas de ADES-Santa Marta presos.
