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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Acuerdo de Escazú tiene como responsabilidad para los Estados que son parte: primero, facilitar el acceso a la información pública a toda la ciudadanía”, indicó, César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú El Salvador.
En víspera del Día de la Biodiversidad y su protección, César Artiga, afirmó que el Acuerdo de Escazú es una herramienta importante para las comunidades por el espacio que les otorga para exigir justicia ambiental, la democratización ambiental, fortalecer la gobernanza en la toma de decisiones y la protección a las personas defensoras, explicó, en entrevista exclusiva a Diario Co Latino.
– ¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú, es el nombre común con que conocemos este instrumento de derechos humanos. Es un instrumento en temas ambientales muy importante porque ha sido el primer tratado en materia ambiental que suscribe la región de América Latina y el Caribe, que surgió de la “Declaración de Río” sobre medio ambiente en 1992, a eso que llamamos la “Cumbre de la Tierra”.
– ¿Cuál es el enfoque de Escazú?
Escazú tiene un enfoque muy particular y muy especial en los grupos que han vivido histórica y sistemáticamente situaciones de total exclusión, de los cuales podemos mencionar juventudes, Pueblos Indígenas, mujeres y afrodescendientes.
Y todas las comunidades locales que históricamente no han sido parte de las discusiones públicas, ni nacionales, ni regionales de América Latina y el Caribe, poblaciones a las cuales se les ha negado su derecho el al acceso.
– ¿Cuáles son entonces estos derechos que da Escazú a estas poblaciones?
Los derechos de acceso constituye el núcleo de Escazú. Que son considerados -derechos llave- porque les permite un acercamiento a otros derechos y los representan tres elementos claves: acceso a la información ambiental, participación pública en asuntos ambientales, y acceso a la justicia en temas ambientales. Son los tres pilares de Escazú y están en el principio de la Declaración de Río en la Cumbre de la Tierra (1992).
– ¿Qué otra innovación conlleva el Acuerdo de Escazú?
Escazú incorpora un elemento único que ningún otro instrumento de derechos humanos contiene y es la protección de personas defensoras en derechos humanos en asuntos ambientales. Que se encuentra establecido en el artículo 9 del Acuerdo de Escazú.
Y que no sólo exige a los Estados a no solo dar protección a las personas que defienden el agua, el medio ambiente y el territorio, sino también obliga a los Estados firmantes, a generarles un entorno seguro y propicio para que puedan ejercer esa labor.
– ¿Cuál es la situación de la persona defensora actualmente en el país?
En ese sentido sabemos que en América Latina y el Caribe los que están en primera línea defendiendo el territorio en general son las mujeres. Son ellas las que defienden el agua aquí hay casos emblemáticos como Valle El Ángel y tantos otros. Por esto, es importante el Acuerdo de Escazú, porque da una oportunidad única para El Salvador para su legislación. Porque la figura de persona defensora de derechos no está reconocida en nuestras leyes y es importante también para el país, porque al convertirse en firmante del Acuerdo de Escazú, automáticamente pasa a ser parte de la legislación nacional y el Estado estaría obligado a crear mecanismos de protección para estos grupos de personas defensoras.
– ¿Qué otras obligaciones a los Estados firmantes el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú en su pilar de -Acceso a la Información- tiene dos responsabilidades para los Estados que son parte: primero facilitar el acceso a la información pública a toda la ciudadanía, muy importante, porque no sólo puedan acceder a la información sino que obliga al Estado a generar información.
Y, penosamente, lo que estamos observando es que, en el país no se produce información oficial, porque casi no se habla o documenta y la población comúnmente habla que le niegan las peticiones de la información y tampoco se habla que la Ley de Medio Ambiente vigente en el país, obliga a través del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) a que la presidencia de la república, presente cada 2 años el Informe del Estado Nacional del Medio Ambiente, esta es la responsabilidad del Ejecutivo.
Y desde el año 2018, no se presenta, pese a que el Estado salvadoreño está obligado a brindarle a la ciudadanía información actualizada de cómo está la calidad de agua, medio ambiente y la naturaleza en su conjunto, pero no lo hace y eso significa que no está generando información.
– ¿Un gobierno sin nada que decir?
No, desde que asumió su mandato el presidente Nayib Bukele, en 2019, generó todo un ataque a los derechos de la ciudadanía y uno en particular fue el derecho a la información. Creemos que no solo niega acceso a la información, sino que tampoco la genera y lo estamos viviendo con esta administración.
Y reiteradamente muchas personas profesionales que hacen investigaciones sociales, periodistas o ciudadanía en general no han podido tener acceso a la información pública, ya sea porque ha sido declarada reservada o es inexistente. Lo que violenta en su totalidad el principio 10 de la Declaración de Río, de la cual, el Estado salvadoreño es firmante y que obliga al Estado, -aclaro- una Declaración no es vinculante pero expresa un compromiso de parte del Estado con los derechos contemplados en ese principio.
– ¿Cómo debe el Estado salvadoreño adherirse al Acuerdo de Escazú?
Aunque el país no sea parte del Acuerdo de Escazú, porque no lo firmó en el plazo establecido, aún tenemos una vía que es por adhesión al Acuerdo, y es aquí, que hacemos un llamado al ciudadano presidente de la república Nayib Bukele, a considerar su posición en contra del Acuerdo de Escazú.
Enviando el proyecto de adhesión a la Asamblea Legislativa , para que la Comisión de Asuntos Exteriores emita un dictamen favorable para que con 43 votos (mayoría simple) pueda convertirse en ley nacional el Acuerdo de Escazú, además existen alrededor de 65 votos a favor para casi todas las medidas que el Ejecutivo impulsa. De no hacerlo demuestra que no existe voluntad política ni compromiso ético con el medio ambiente y las personas defensoras del territorio.
