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El jueves 16 de enero se cumplirán 33 años de la firma de un histórico acuerdo de paz, el cual fue el epílogo de una sangrienta guerra civil que costó la vida de más de 70 mil personas, entre combatientes de uno y otro bando, y de la población civil, como los mil masacrados en El Mozote o los 600 de El Sumpul, entre otros delitos de lesa humanidad.
El actual gobierno, desde que Nayib Bukele se convirtió en presidente de la República en 2019, ha intentado no solo borrar ese histórico hecho, sino lo que significó, que se puede definir en dos aspectos: el fin de la dictadura militar y la refundación de la nación. Ambos hechos, los más relevantes.
En cuanto a lo primero, es necesario traer a cuenta que debido a la dictadura militar que inició en 1932, tras el golpe militar que realizó el vicepresidente de la República, Maximiliano Hernández Martínez, no solo se procuró el poder real y absoluto para favorecer a la oligarquía, por medio de una férrea bota dura, sino también se cerraron los espacios democráticos.
Y si bien, salvo los 14 del gobierno del dictador Martínez, las elecciones las ganaban los militares y el partido de gobierno mediante el voto, todo mundo sabía que hubo fraude, y que por más que la oposición tuviera el favor el pueblo, nunca iba acceder al poder como le ocurrió a la coalición de partidos de centro derecha e izquierda
Unión Nacional Opositora (UNO) en las elecciones presidenciales de 1972 y 1977.
Ese cierre de espacios democráticos para elecciones libres, el control total de la casta militar de todas las instituciones del Estado, y la cada vez más sistemáticas violaciones de los derechos humanos, más la ampliación de la pobreza y extrema pobreza, pese a la pujante economía del país, llevó al pueblo a organizarse.
Y gracias a la corriente libertaria que nació tras el triunfo de la Revolución Cubana, con Fidel Castro a la cabeza, en América Latina, nacieron muchos movimientos de liberación u organizaciones de izquierda en busca de los cambios.
En El Salvador, los años 70 fue una década de desarrollo del movimiento sindical y social revolucionario, que fue creciendo, a la par que nacían también organizaciones clandestinas políticos militares como la Fuerzas Populares de Liberación, surgidas el 1 de abril de 1979.
El Ejército Revolucionario del Pueblo, 1972, la Resistencia Nacional, en 1974. Esta organización surgió de la escisión del ERP por el asesinato del poeta y escritor revolucionario Roque Dalton. En 1976 nace el Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos, con capítulos en al menos cuatro países de Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y Costa Rica). Algunos dirigentes del PRTC fueron antes cuadros también del ERP. Luego, el Partido Comunista, cuyo origen data de los años 30, pero no fue sino hasta 1980 que crea su brazo armado, las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
Con el crecimiento, evolución y la unión, fundan el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que inicia la guerra civil abierta el 10 de enero de 1980.
Tras doce años de cruenta guerra, se logra un proceso de diálogo-negociación que culminó con la firma de un histórica Acuerdo de Paz, mediado por la ONU, el 16 de enero de 1992, que no solo termina con la dictadura militar, sino que refunda la nación, ambas en peligro desde la segunda presidencia (constitucional) de Nayib Bukele.
El segundo hecho relevante del Acuerdo de Paz, que está en un gran retroceso, fue la refundación de la nación, porque hubo importantes reformas a la Constitución, y con ello la creación de toda una nueva institucionalidad democrática.
En un espacio como este, no podemos enumerarlas todas, pero sí algunas.
Primero, se creó una nueva policía con carácter civil, para superar todos los vicios de los antiguos cuerpos de seguridad (PN, PH y GN), además se eliminaron los batallones élites y se redujo el ejército de 60 mil hombres armas a 10 mil.
Se creó el Tribunal Supremo Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura para darle total y real independencia al Órgano Judicial, además de su presupuesto por la vía constitucional.
De acuerdo con la Constitución, la Fuerza Armada ya no iba a tener funciones de seguridad, salvo “excepciones”, pues su rol es estrictamente para defensa de la soberanía nacional, con esto se evitaba la violación de los Derechos Humanos.
Todo lo anterior va en rápido retroceso con Bukele a la cabeza del Estado, pues no solo tiene el control de todas las instituciones del Estado, sino que está ampliando el ejército y a la policía la controla como si fueran sus vigilantes de finca.
El Salvador, con Bukele, está perdiendo su carácter republicano, ha vuelto a someter el pueblo mediante el terror, propiciado no sólo por la autoridad, sino a través de un Estado de Excepción, que, si bien lo avalan cada vez, es prácticamente una política de seguridad permanente, y con ello se agravan las violaciones a los derechos humanos del salvadoreño.
Con Bukele, no solo se está en el proceso de reinstaurar la dictadura, esta vez de carácter “civil”, sino con convertir la frágil e incipiente democracia salvadoreña en un estado autocrático, sino es que en un “sultanato”.
El Salvador, con Bukele, está volviendo a los años más tristes de la dictadura militar.
