Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rafael Cabrera Calderon
Constitucionalmente es responsabilidad del Estado velar por la conservación y administración del agua POR SER PARTE DEL PATRIMONIO DE LA NACIÓN y de todos los salvadoreños y es deber de todos los ciudadanos apoyar y defender tan vital líquido por ser parte de la vida de los pueblos y naciones del mundo.
Los siete millones de salvadoreños diseminados en aldeas, caseríos, cantones y pueblos deben reconocer lo vital que es el agua ya que ella no solo calma nuestra sed y nuestro espíritu, sino que alimenta la tierra para que nos provea de los suficientes alimentos tan necesarios para que nuestros pueblos mantengan su ritmo de supervivencia. Nuestra Constitución Política en el Art. 101 reza: “El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tienden a asegurar a todos los habitantes una existencia digna. El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos que nos provee nuestra madre naturaleza.
Hay que sentir nuestra Patria como un campo milagroso, en el que se ara y se siembra con esfuerzo y energía para quintuplicar las cosechas, para saborear sus frutos, para todo gracias al agua que viene a ser como una bendición de Dios.
RESULTA VERGONZOSO QUE AHORA QUE ESTAMOS VIVIENDO PRINCIPIOS DEL SIGLO XXI, grupos de diputados del Primer Órgano del Estado pretenden aprobar por Decreto de Ley la privatización del agua o el equivalente a destruir parte de la vida de los salvadoreños. Los diputados de los partidos políticos –GANA, PCN, PDC– comandados por el partido político ARENA pretenden aprobar una ley de aguas nocivas para las mayorías, o sea, poner en bandeja de plata del poder económico la administración del agua, lo que vendría a encarecer el suministro y utilización de tan vital líquido y que actualmente administra el Estado por medio de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados –ANDA-, la que con muchas limitaciones presta un eficiente servicio a todo el pueblo salvadoreño.
Los señores diputados que se dicen llamar de oposición se olvidan que fueron electos por el pueblo y que tienen la responsabilidad de legislar respetando lo prescrito en nuestra Constitución Política que es guía fundamental de una convivencia con justicia, legislando profesionalmente en beneficio del pueblo salvadoreño y no contra el mismo pueblo. Señores diputados, tengan presente que gracias a sus seguidores ahora ostentan una posición económicamente superior a cualquier ciudadano y no hay que pagarle al pueblo con traición aprobando una ley de aguas con dedicatoria, como es la de poner en manos de negocios privados la administración y explotación del servicio de agua.
También se debe valorar la posición patriótica y nacionalista de organizaciones sociales, de universidades, iglesias de Dios, asociaciones sindicales y gremiales y de comunidades que han venido demandando desde hace varios años una LEY INTEGRAL DEL AGUA QUE GARANTICE EL VITAL LÍQUIDO PARA TODOS LOS SALVADOREÑOS y que sea el Estado quien cree el organismo para una eficiente administración.
También es responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente levantar su voz y saber defender todo aquello que atente con medidas autoritarias lo relacionado a la supervivencia de todos los salvadoreños y en especial porque se apruebe la Ley Integral de Aguas y en la que intereses mezquinos pretenden continuar negociando con la salud de los salvadoreños.
