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Luis Arnoldo Colato Hernández
Educador
Al hacer una revisión seria del objetivo efecto de la gestión del ilegal régimen que padecemos, podemos reseñar que la seguridad mejoró realmente.
Sin embargo, eso, a pesar de lo que se dice y se ha querido imponer, no es irreversible, pues se ha atacado en apariencia sus efectos, pero no sus causales.
La irreversibilidad de una dinámica social como la violencia, parte de un abordaje multicausal de ella para desmontarla después, negándole el componente nutricio que supone los elementos que la fomentan.
En el particular caso de nuestro país, la violencia social que padecemos endémica y cíclicamente, es derivada de la injusticia y consecuente exclusión estructurales, alimentadas desde el modelo con el solo propósito de beneficiar a las élites, degenerando en una sociedad negada al diálogo y al derecho, donde para el 99,98% de la sociedad salvadoreña, queda solo la intolerancia y la violencia, que es manifiesta actualmente en el aumento del actuar del hampa, una impunidad virtualmente institucionalizada, los secuestros y desapariciones forzadas, para las que el estado salvadoreño no brinda respuesta porque no los reconoce, pero que pueden corroborarse como fenómenos activos al examinar las páginas tanto de la FGR como de la PNC.
Así por razones político-electoreras, el régimen prolonga arbitrariamente el estado de excepción como recurso de legitimación, su única carta de presentación, desmontando además el andamiaje institucional para no dar cuentas del manejo irregular del erario público, o su descarado saqueo, estableciendo así una cleptocracia mitómana, con el fin último de perpetuarse.
Reseña entonces logros suscritos a la mediática, promoviéndose como el que lograra vencer a la violencia, cuando es por definición, un régimen sustentado en la intolerancia y la violencia.
No, la violencia no ha sido conjurada ni lo será mientras se apueste por la profundización de sus causales.
Acabar con la corruptela referida, pasa por encauzar jurídicamente a sus autores, por acabar con la impunidad, procesando al círculo presidencial y el ejecutivo mismo, como solo uno de esos gestos.
Porque su responsabilidad en el saqueo institucional, su desmontaje, la absoluta irregularidad de su gestión, es absoluta.
Estableciendo las condiciones que derivaron en los asesinatos cometidos por su régimen.
Se afirma que han sido detenidas 80,000 personas, lo que no puede confirmarse, cometiendo gravísimas irregularidades, no solo manejos indebidos de fondos públicos, también detenciones arbitrarias, incomunicación de los detenidos, violaciones, torturas y, asesinatos.
Debemos sumar las vidas arruinadas, familias destruidas, derivados de esos asesinatos [la virtual totalidad inocentes, pues la evidencia demuestra que hasta un 94% lo eran], todo bajo este esquema, que el fiscal general justifica en su rol de cómplice necesario, legitimando esta aberración injustificable.
Cuando sea posible procesar a los responsables, se intentará exculpar al ilegal ejecutivo, endilgando todo en los ejecutores materiales.
Empero, la responsabilidad es tanto de estos como también de los intelectuales, y el principal ocupa la silla presidencial.
La historia dirá hasta cuándo.
