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Licenciada Norma Fidelia Guevara de Ramirios
Ni contando con una Ley de Acceso a la Información Pública se puede conocer al final de 2019, cuantas personas han sido lanzadas al desempleo por funcionarios del gobierno de Nayib Bukele; pero sí ya se conoce cuantos y de que instituciones se despedirán a partir de enero más de 4,000 personas, justo cuando el presidente declara frente a la cúpula empresarial que el mejor programa social es el empleo.
Se sabe de manera dispersa que en muchas instituciones fueron obligados a renunciar cientos de empleados, otros fueron despedidos con exhibición de la conducta autoritaria, ilegal y arbitraria del presidente; otros esperan las resoluciones de instancias judiciales por sus despidos ilegales, y pocos casos en los que se ha ordenado el reinstalo, las autoridades ignoran las resoluciones.
Pero el análisis de la propuesta de Ley de Salarios para el año 2020, que la fracción legislativa del FMLN ha realizado, encuentra que se suprimen plazas en el orden siguiente: 1,669 en el ramo de salud, 789 en Casa Presidencial, 679 en Gobernación, 373 en el Ministerio de Justicia y Seguridad, 249 en Obras Públicas, 181 en Hacienda, 65 en Medio Ambiente y 54 en Agricultura. Sin duda habrá más que esto en esas y las demás instituciones autónomas.
¿Qué personas serán las que ocupan esas plazas y serán notificadas en final de año o a principios de enero? No importa quienes sean, solo debe tenerse claridad de que detrás de cada una de ellas, sin duda hay familias que quedarán sin ingreso y engrosarán la ya larga lista de personas desempleadas, lo cual tiene su impacto humano, social y en la economía; pues sabido es que quien tiene un empleo usa su salario para pagar el alquiler o cuota de casa, sus alimentos, gastos educativos de su familia.
A veces se ve solo el impacto directo de la persona despedida, pero se ignora que sus ingresos mueven a su vez el de otros que proveen sus servicios, alimentos, recreación, salud o educación; quienes se rigen únicamente por las recetas de los organismos internacionales que recomiendan fórmulas de achicamiento del Estado, privatizaciones o empleo irregular, celebran estas medidas que las padece el pueblo trabajador.
Es un desafío entender la conducta de las personas afectadas, en muchos casos el silencio y muy pocos la protesta; y también difícil entender la de los trabajadores activos que creen defenderse mejor mostrando indiferencia ante esta criminal política neoliberal.
Uno puede pensar que además del daño directo de los despidos, también ocurre el daño de la intimidación frente a la conducta exhibicionista con la cual los gobernantes de turno tratan a quienes critican o reclaman; la prepotencia con la cual el gobierno trata incluso a algunos empresarios de la derecha, genera en otras personas la seguridad de que quienes dirigen la cosa pública desde CAPRES, son capaces de aplastar a sus opositores produce temor.
Una cosa hay que aprender de la historia, y es que el temor acumulado se transforma en valor, indignación y protesta en algún momento; pues la conciencia de derechos que se creó poco a poco con el fin de la dictadura militar, parece adormecida, pero existe.
El despido de trabajadores es una mala política laboral, en muchos casos representa volver precarias e ineficientes a las instituciones, constituye el primer paso para anular servicios públicos esenciales como la salud, y de la posterior privatización de algunos; es algo que empieza con daño al trabajador y la trabajadora y se convierte en afectación a la sociedad, o segmentos de esta.
Las y los diputados del FMLN, han señado con suficiente anticipación esa cruel política del actual Gobierno; pero ellos solos sin la conciencia y la organización de los posibles afectados sería prácticamente imposible de frenarla.
En los gobiernos del FMLN, de la propia Secretaría de Gobernabilidad y Transparencia se elaboraron guías sobre derecho laboral, sobre la relación laboral y los derechos laborales de quienes prestan un servicio en condiciones de subordinación, remuneración y prestación de un servicio, sobre los regímenes diferenciados que rigen esa relación laboral para docentes, en lo militar, consular, fiscal, judicial y municipal; como manera de empoderar a las y los trabajadores y trabajadoras de sus deberes y derechos.
Es hora de que cada trabajador y las autoridades administrativas y judiciales demuestren que esas leyes fueron hechas para cumplirse, y no para estar de adornos frente a los autoritarismos que se erigen con soberbia y hasta ignorancia.
Mi solidaridad con quienes sufren el temor de ser despedidos y con los que ya padecen los efectos de esa ilegal política.
