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@JoakinSalazar
“Hago un llamado a dirigentes políticos, pills order para que moderen su discurso sobre la supuesta crisis en los Acuerdos de Paz”, sovaldi decease expresó el Procurador para la defensa de los Derechos Humanos David Morales, online pills en referencia a la captura de cuatro militares en situación de retiro, por ser requeridos por la Audiencia Nacional de España, acusados de la masacre de los sacerdotes jesuitas en 1989.
Morales afirmó que con la captura de los militares no se está haciendo una persecución política ni se están violentando los Acuerdos de Paz, dado que es un procedimiento judicial en el que la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Son órdenes emanadas por una legítima autoridad judicial, que actuando en la aplicación de principio de justicia universal está solicitando colaboración a las autoridades de justicia de El Salvador. No se trata de un ataque a una institución, ni a ningún proceso de paz”, comentó el Procurador. Ante esta aclaración, el procurador instó a la población salvadoreña a no caer en la intranquilidad, sino que permita que avance el proceso penal en este crimen de Lesa Humanidad, el cual no permite ni admite amnistías, prescripción, ni otro tipo de figuras similares que promuevan la impunidad. “No se está desencadenando una crisis de la democracia ni se violenta ningún acuerdo de paz, simplemente están operando las instituciones judiciales en el marco de un proceso que requiere de la colaboración de instituciones de seguridad, no es un ataque a la soberanía ni a la Fuerza Armada”, recalcó Morales.
El Procurador afirmó que la impunidad no es un objetivo de los Acuerdos de Paz, dado que en su capitulo I, articulo cinco se establece que como principio de implementación de la Paz debe haber “Superación de la Impunidad”, y en él se contempló la realización de juicios ejemplarizantes contra violadores de los Derechos humanos de ambos bandos.
Morales aseguró que el asesinato contra los padres Jesuitas Ignacio Ellacuría , Segundo
Montes, Ignacio Martín-Baro, Juan Ramón Moreno, Amado López y Joaquín López y López, además de Elba y Celina Ramos, colaboradoras, es considerado un delito de Lesa Humanidad debido a que fue perpetrado contra ciudadanos civiles desarmados, que no tenían participación dentro del conflicto armado. Por este caso fueron juzgados ocho militares, que fueron llevados a Juicio entre el 26 y el 28 de septiembre de 1991, invalidado debido a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que no fue un juicio apegado al derecho.
Por lo tanto, el procurador descartó que exista un doble juzgamiento en el caso, tal como lo ha establecido el Abogado de la Defensa, Lisandro Quintanilla. Asimismo, aseguró que no existe un juzgamiento para los generales involucrados y no se ha hecho un esfuerzo para investigar a los autores intelectuales del asesinato de los Jesuitas.
El Procurador recordó que la Sala de lo Constitucional, en su resolución del año 2000, estableció que la Ley de Amnistía de 1993 no es admisibles en casos ocurridos durante la administración del Presidente Alfredo Cristiani. “La Sala de lo Constitucional ha dejado bien en claro que este tipo de crímenes deben investigarse y que los responsables deben ser juzgados. En diferentes periodos, ha ordenado la investigación de crímenes ocurridos durante el conflicto armado”, dijo el Procurador.
En cuanto a los militares capturados, el Procurador Morales informó que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ya realizó la visita para determinar el cumplimiento de los derechos humanos. “Ellos (militares) manifestaron no haber sido objeto de maltrato durante la detención y se les ha respetado su integridad”, aseguró.
Además, Morales aseguró que la PDDH seguirá pendiente de los hechos y verificará el proceso en contra de los militares para el fiel cumplimiento y respeto de sus derechos humanos.
