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(Colectivo de Análisis “Tetzahuitl”)
1. Siglo XIX y Siglo XX:
Las relaciones entre el autoritarismo y el sistema oligárquico vienen desde la segunda mitad del Siglo XIX que comienza el cultivo del café como principal producto de exportación en sustitución del añil.
Hay suficiente evidencia histórica para afirmar que la oligarquía cafetalera requirió de gobiernos autoritarios, ya sean liberales o conservadores, para lograr el control de la economía y asegurar sus ejes de acumulación de capital y la expansión de sus riquezas.
Fueron precisamente las acciones y decisiones políticas y jurídicas de los gobernantes del último cuarto del Siglo XIX las que le permitieron a la naciente burguesía cafetalera convertirse en grupo oligárquico hegemónico y hacer de la agro exportación el modelo económico dominante en el país.
La extinción de tierras comunales (1881) y de ejidos (1882) fueron decisiones adoptadas por el gobernante de entonces (Rafael Zaldívar) para que la burguesía cafetalera se hiciera de la posesión de las mejores tierras para el cultivo del café y que estaban cultivadas por añil y granos básicos.
Sin esas decisiones, la burguesía cafetalera no habría extendido la producción del café en todo el país y no habría controlado su comercialización y venta al mercado internacional, condiciones necesarias para convertirse en grupo económico oligárquico.
Los Presidentes que siguieron a Zaldívar tenían ese mismo propósito: Asegurarle a la oligarquía cafetalera sus ejes de acumulación. Incluso, algunos de ellos como los Meléndez Quiñonez por ejemplo, provenían de familias vinculadas al negocio del café.
Toda la historia del finales del Siglo XIX y a lo largo del Siglo XX está llena de ejemplos de gobiernos autoritarios cuyo papel en la política era, sobre todo, asegurarle a la oligarquía cafetalera, que amplió sus inversiones a la caña de azúcar y el algodón así como a la industria manufacturera, el control de la economía y, por tanto, de las principales fuentes de riqueza y obtención de ganancias.
Para el caso los gobernantes que siguieron a la dinastía de los Meléndez-Quiñonez, que gobernaron al país durante 14 años, trabajaron para los intereses económicos de los grupos oligarcas de la época.
Ni siquiera el gobierno de Arturo Araujo (1931), que tuvo como referente la ideología del partido laborista inglés y el ideario reformista del filósofo y ensayista Alberto Masferrer, escapó a ese propósito.
Las promesas electorales de Araujo de repartir tierras del Estado y de latifundistas, de aumentar los salarios y rebajar la jornada de trabajo, quedaron en el papel.
Sus márgenes de maniobra ante el poder económico fueron muy reducidos.
A través de un Golpe de Estado, el General Maximiliano Hernández Martínez (Ministro de la Defensa de Araujo) llega al poder del Ejecutivo y logra gobernar hasta el año 1944, en el que fue derrocado, teniendo que huir del país para evitar su detención.
Hernández Martínez hizo en 12 años un gobierno de “mano dura” que masacró a más de 20 mil campesinos e indígenas en la insurrección de Enero de 1932, restringió libertades políticas, sobre todo la libertad de prensa, creó un periódico oficial que se convirtió en el principal órgano de propaganda de su gobierno, aprovechó el desarrollo de las comunicaciones para crear una imagen idealizada de su administración, organizó una red de espías en todo el país y se reeligió al menos por una vez en clara violación a la Constitución de la República de esos años.
La Dictadura de Hernández Martínez aumentó el poder de los grupos oligarcas y reforzó su presencia en la economía nacional durante más de una década.
La caída de Hernández Martínez, luego de la “Huelga de brazos caídos” que siguió a la frustrada revuelta militar del 44, no condujo a la creación de un régimen que respondiera a un proyecto democrático y popular.
Hernández Martínez se había vuelto incómodo para la oligarquía y los Estados Unidos, los que no vacilaron en apoyar su derrocamiento.
Los gobernantes que le siguieron (Osmín Aguirre, Castaneda Castro, Oscar Osorio y José María Lemus) nunca pusieron en riesgo el sistema oligárquico del país y mucho menos la alianza que tenía Estados Unidos con estos sectores empresariales.
Por el contrario, apoyados en prácticas autoritarias con el uso del Ejército y la Policía, reprimieron a los trabajadores, capturaron a dirigentes sindicales y de oposición, persiguieron a los periodistas independientes y dictaron Leyes que favorecieron a una Oligarquía que ya había diversificado sus inversiones.
Los gobiernos militares del PCN (Julio Adalberto Rivera, Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero) siguieron respondiendo a la misma lógica política de afianzar el poder de la Oligarquía.
Con el golpe de Estado del 15 de Octubre de 1979, que puso fin al gobierno de Romero, la correlación de fuerzas y la hegemonía de los sectores oligárquicos no cambió en su esencia.
Este Golpe de Estado, ejecutado por la juventud militar integrada por Capitanes, Mayores y algunos Coroneles, y que además fue promovido y respaldado por Estados Unidos y algunos grupos empresariales, se limitó a provocar un reacomodo de las fuerzas políticas en el país a fin de impedir el progresivo ascenso de los sectores democráticos y de izquierda que podían poner en riesgo los intereses políticos y económicos de la Oligarquía.
Los gobiernos que siguieron al golpe militar del 79 (3 Juntas de Gobierno y la administración democristiana de Napoleón Duarte) continuaron haciendo del autoritarismo un instrumento de dominación que asegurara la hegemonía de los grupos oligárquicos, aunque para ello tuvieran que recurrir de nuevo al militarismo.
Lo mismo ocurrió con los cuatro gobiernos de ARENA desde 1989 al 2009.
El control que tenía ARENA de todo el aparato de Estado le permitió consolidar el Sistema Oligárquico Neoliberal en el país (En un artículo anterior explicamos con detalle este proceso de creación y afianzamiento del Capitalismo Neoliberal conocido por algunos como Capitalismo Salvaje).
El punto de inflexión en la historia de este proceso se da durante los gobiernos del FMLN que no pudieron desmontar el control hegemónico de la oligarquía sobre el Estado.
Tanto el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014) como el de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) aunque lograron reducir la influencia de los grupos oligárquicos en la economía del país no pudieron acabar con sus privilegios, en la medida que la derecha oligárquica seguía teniendo el control de los demás Órganos del Estado como eran la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público, la Corte de Cuentas y la Corte Suprema de Justicia.
En la medida que el FMLN no controlaba las decisiones de la Asamblea y que tanto el Fiscal General como la mayoría de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondían al partido ARENA, las reformas emprendidas por ambos gobiernos de izquierda tuvieron un alcance limitado y otras que fueron ofrecidas en campaña no alcanzaron a implementarse a falta de correlación.
La llegada de Nayib Bukele a la Presidencia en Junio del 2019 acabó con la mayoría de estas reformas y restableció algunos de los privilegios que había perdido la Oligarquía en los 10 años de gobiernos del FMLN.
En poco tiempo, Nayib Bukele ha reforzado los privilegios de los grupos oligárquicos que nacieron a finales de los años 80 y que se vieron fortalecidos durante los 20 años de gobiernos areneros.
Existen sobradas evidencias de acciones y decisiones emprendidas desde los diferentes Órganos del Estado, bajo control de Bukele, que no se tradujeron en un desmontaje progresivo de la influencia de estos grupos empresariales en la dinámica política y económica del país, tal como había sido prometido en la campaña electoral de 2019.
Por el contrario, Bukele ha sido hasta la fecha sinónimo del continuismo de derecha y se ha convertido en la garantía del mantenimiento del poder oligárquico en el país.
2. El gobierno autoritario de Bukele
Comencemos diciendo que para Nayib Bukele la democracia nunca fue una opción, muy a pesar de sus declaraciones demagógicas en favor de la defensa del Estado de Derecho, la transparencia en la gestión de gobierno, el combate a la corrupción, la participación ciudadana y el acceso irrestricto a la información pública.
Aunque llega al poder por la vía de las elecciones, su proyecto político y aspiraciones oligárquicas son incompatibles con un modelo de gestión democrática, incluso de la democracia liberal.
Por el contrario, mientras más autoritario es su gobierno, mientras menos transparente es su gestión, mientras más se promueven y toleran desde la Presidencia de la República las prácticas corruptas de sus funcionarios y de su clan familiar, más se favorece y concreta su proyecto político y económico.
¿Por qué hacemos esta afirmación?
El proyecto político y económico del clan Bukele requiere del control de las instituciones del Estado, demanda el control de las decisiones legislativas, sobre todo de las decisiones calificadas, requiere del control del Ministerio Público, del control del Órgano Judicial, de la Corte de Cuentas de la República y de otras instituciones como el Instituto de Acceso a la Información Pública y el Tribunal de Ética Gubernamental.
El gobierno de Bukele necesita vulnerar la independencia de los poderes del Estado y el sistema de pesos y contrapesos, base de todo régimen democrático.
Bukele necesita además controlar los altos mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas para llevar a cabo sus políticas públicas.
Para perpetuarse en el poder, Bukele necesita evitar el disenso y controlar a la opinión pública.
Para ello requiere también de estrategias comunicacionales efectivas que le permitan presentar una imagen idealizada de su gobierno y de la sociedad salvadoreña que no corresponde a la realidad.
Bukele está siguiendo al pie de la letra el Manual del Dictador que puso en práctica el General Maximiliano Hernández Martínez y que describe con mucha precisión el historiador salvadoreño Héctor Lindo: Control de los Medios de Comunicación, Restricciones a la Libertad de Prensa, Creación de Medios de Prensa Oficiales, fortalecimiento de la idea de un Partido Único o dominante que aplaste a la oposición política, red de espías (ejército de troles a nivel nacional), restricción de las garantías constitucionales por tiempo indefinido y búsqueda de una reelección presidencial, continua e inmediata.
El régimen de excepción, prorrogado por la Asamblea Legislativa en 11 ocasiones, constituye, tal como lo han señalado algunos expertos en Derechos Humanos, una estrategia de campaña electoral destinada a mejorar su imagen y asegurar su victoria en las elecciones del 2024.
En los casi 4 años de gobierno de Bukele, el modelo autoritario de ejercicio del poder le ha permitido incumplir cara una de sus promesas electorales a nivel económico y social, sin que por ello deba pagar un costo político.
No sólo no ha desmontado ni reducido los privilegios de los grupos empresariales sino que los ha aumentado y ampliado.
No ha promovido una reforma tributaria progresiva que haga cargar el peso de la tributación en los millonarios del país como ofreció en el 2019.
Por el contrario, se ha dedicado a exonerar de impuestos a estos mismos grupos empresariales y a evitar imponerles nuevos tributos.
Con el control de las decisiones legislativas Bukele ha aprobado una Ley de Agua que favorece a grupos empresariales oligárquicos como los cañeros, los grandes empresarios de la construcción, las empresas productoras y comercializadoras de bebidas alcohólicas y carbonatadas, entre otros, en detrimento de las comunidades pobres donde escasea el agua.
El control del Ministerio de Medio Ambiente, de la mayoría de alcaldías del país, de la Fiscalía y de los juzgados ambientales así como de la Policía le han permitido proteger los intereses de urbanistas y constructores que dañan el medio ambiente y deterioran aún más las condiciones de vida de la población.
Como muestra un botón.
Un reportaje del periódico digital El Faro destapa la corrupción y la defensa de intereses empresariales por parte del gobierno de Bukele que hay detrás de un proyecto residencial en Ahuachapán, cerca de la carretera Panamericana, en la Hacienda La Labor y que pone en riesgo la vida de sus habitantes.
El proyecto es desarrollado por la inmobiliaria “Fénix”, detrás de la cual se encuentra como financista el empresario Raúl Salazar Romero, protegido de la Ministra de Vivienda y del Ministro de Medio Ambiente, y cuyo capital creció de 22 millones de dólares en el 2019 a más de 80 millones en el 2020, gracias a proyectos urbanísticos con el gobierno.
Los permisos ambientales del proyecto fueron otorgados por el gobierno en forma ilegal a pesar de una resolución en contra de un Juzgado de Ahuachapán.
Las protestas de los habitantes de la zona han provocado la captura arbitraria de varios de ellos, quiénes denunciaban el inicio de la perforación de varios pozos de agua y de los trabajos de terracería a pesar de una resolución judicial que ordenaba la cancelación del proyecto.
El gobierno de Bukele no sólo ha guardado un silencio cómplice ante semejante ilegalidad sino que ha blindado jurídicamente a la empresa constructora y ha esparcido el temor entre los habitantes de las comunidades vecinas.
Este proyecto contaminará las aguas de un río cercano a la residencial que será construída, del que obtienen agua para beber más de 1,700 personas de las comunidades aledañas a la Hacienda.
Ilegalidades como éstas solo se explican en un contexto de ejercicio autoritario del poder para defender intereses empresariales oligárquicos.
En concusión, para alcanzar sus objetivos y consolidar su proyecto empresarial familiar Bukele necesita desmontar la democracia, vulnerar el Estado de Derecho y la Constitución así como incumplir la mayoría de las Leyes de la República sin temor a ser perseguido penalmente por la Fiscalía o a enfrentar un juicio político en la Asamblea.
Es decir, Bukele necesita ejercer un poder autoritario y excluyente, como lo hicieron los gobernantes del siglo XIX y del siglo pasado aliados a los grupos oligárquicos de la época y al imperialismo.
Bukele necesita opacidad y discreción en el manejo de las finanzas públicas y eso solo es posible si ejerce un gobierno autoritario.
Una gestión democrática y transparente es incompatible con el proyecto político y económico de Bukele y de la oligarquía salvadoreña.
A nuestro entender, el modelo autoritario del ejercicio del poder no es una opción para Bukele y para la oligarquía salvadoreña, aliada de los Estados Unidos. Es una necesidad para imponer su proyecto económico a la sociedad.
Es una necesidad histórica para el capitalismo oligárquico neoliberal como en el pasado lo fue para los grupos económicos hegemónicos que construyeron la República en el siglo XIX.
