Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Para cualquier persona digna y honesta, lo sucedido el pasado domingo 09 de febrero, es motivo de fuerte indignación, condena y rechazo. La combinación de actitudes histriónicas y acciones de uso de fuerza militar, configuran un hecho que puede tipificarse como un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, lo que en buen salvadoreño podría llamarse “bukelazo”.
Por qué se afirma que estamos frente a un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa, porque mediante el uso de la fuerza militar se pretendió tomar por asalto el control de la Asamblea militarizándola para mediante el temor ocasionado por la fuerza militar, el acoso, las presiones y el chantaje, obligar a las y los diputadas y diputados asistir a una “convocatoria a sesión extraordinaria” convocada por el Consejo de Ministros, y que ahora la Sala de lo Constitucional ha aclarado es inconstitucional; sesión en la que se pretendía obtener la votación requerida para autorizar la gestión del famoso préstamo de los 109 millones de dólares.
Resulta que solo veintiocho diputados de un total de ochenta y cuatro asistieron, ya sea por convicción, por temor o por quedar bien. Algunos se retiraron cuando vieron el despliegue de fuerza militar y que se trataba de un golpe de Estado a la Asamblea Legislativa.
La tecnología de la televisión nos facilitó darle seguimiento completo al desarrollo de los nefastos acontecimientos. Era realmente indignante ver la enorme cantidad de soldados fuertemente armados en actitud amenazante tomándose las instalaciones de la Asamblea y principalmente del Salón Azul. La PNC y la UMO también actuaron con actitud nada menos amenazante y hostil. Las fuerzas de ocupación se apostaron principalmente en el recinto del Salón Azul y lo militarizaron. El presidente -rodeado de una impresionante cantidad de soldados- ingreso al Salón Azul; se sentó autoritaria y dictatorialmente en la silla que corresponde al presidente de la Asamblea Legislativa, hizo sonar el gong y como no había quorum, ni manera de organizar reunión alguna, adoptó una actitud de orar; luego bruscamente se retiró del Salón Azul y expresó a las personas que estaban en una concentración, fuera de la Asamblea, que: “se había comunicado con Dios y que le había aconsejado: paciencia, paciencia”. Que dicha, resulta que ahora El Salvador tiene un presidente que además de golpista, tiene la capacidad de establecer comunicación con Dios y recibir consejos. Probablemente el único país en el mundo que su presidente tiene el privilegio de comunicarse con Dios y recibir consejos de él, es El Salvador. Que bien que así sea.
Lo ocurrido el pasado domingo 09 de febrero constituye un hecho muy grave que configura un escenario político nacional crítico y peligroso que puede generar consecuencias impredecibles. Las salvadoreñas y los salvadoreños estamos enfrentados a una muy peligrosa situación, derivada de la irresponsabilidad del presidente.
Los acontecimientos sucedidos el 09 de febrero constituyen una inobjetable evidencia de la gravedad de los hechos; que configuran un intento de golpe de Estado a la Asamblea Legislativa.
Este hecho nos recuerda lo sucedido en España en 1981, cuando el coronel Tejera -de la Guardia Civil Española- ingresó al recinto donde sesionaba el Parlamento Español, y pistola en mano amenazó a los parlamentarios. Inmediatamente el rey Juan Carlos exigió el inicio de un juicio militar y el coronel Tejera fue condenado a treinta años de prisión. En nuestro país, la Sala de lo Constitucional, tardíamente emitió medidas cautelares, que si hubieran sido adoptadas oportunamente, probablemente se hubiera evitado el intento de golpe de Estado. Es de esperar, que pronto, la Sala emita una resolución aclarando jurídicamente la situación y deduciendo responsabilidades.
Al momento de escribir estas líneas, la Fiscalía General de la República ha expresado declaraciones muy vagas afirmando que iniciará una investigación. Como institución que según el artículo 193 de la Constitución, ordinal 1°, le indica que le corresponde: “Defender los intereses del Estado y de la sociedad”, está obligada a pronunciarse de manera clara y desarrollar una investigación de los hechos. El procurador de Defensa de los Derechos Humanos se ha pronunciado rechazando lo ocurrido.
La Asamblea Legislativa emitió un claro y contundente pronunciamiento condenando y rechazando los acontecimientos.
La condena de treinta organizaciones representativas de la sociedad civil es muy categórica. Las organizaciones de la empresa privada tibiamente han rechazado lo sucedido. Internacionalmente la condena es unánime. La situación es tan grave, nefasta y preocupante que hasta los medios escritos tradicionales de la derecha han rechazado el intento de golpe de Estado.
Falta esperar la opinión de los sectores populares no organizados, que buena parte de ellos, en las encuestas han apoyado a Bukele. No sería nada raro y es de esperar que las cadenas de troles organizados, dirigidos y financiados por el equipo de Bukele, inventen una cadena de mentiras para continuar manipulando la opinión pública; o se inventen algo relevante para desviar la atención de lo sucedido recientemente.
Lo ocurrido el recién pasado 09 de febrero constituye un evidente golpe de Estado a la Asamblea Legislativa. Asaltar militarmente la Asamblea Legislativa y especialmente el Salón Azul militarizándolos por medio de una ostentosa fuerza militar, empleando una cantidad impresionante de soldados fuertemente armados y amenazantes, y empleando también la PNC y la UMO; amenazar con romper las cerraduras de los portones del Salón Azul; ingreso del presidente al salón del plenario, acompañado de una impresionante cantidad de militares fuertemente armados y amenazantes; ocupar autoritaria y dictatorialmente la silla del presidente de la Asamblea Legislativa y sonar el gong; ¿Qué significa todo esto? Son hechos concretos que tipifican un golpe de estado a la Asamblea Legislativa que bien debemos llamarlo el “bukelazo”.
Resulta que el “bukelazo” se frustró: se pretendía tomar el control de la Asamblea Legislativa, mediante la fuerza militar y militarizándola; desarrollar “la sesión extraordinaria” convocada por el Consejo de Ministros; convocatoria que por lo expresado por la Sala de lo Constitucional en sus medidas cautelares, es inconstitucional. Se partía de que mediante la amenaza, el acoso, la intimidación, el temor, el chantaje y el uso de la fuerza militar los ochenta y cuatro diputados asistirían. Pero solo asistieron veintiocho diputados.
Si se realizaba la plenaria, se pretendía obtener la votación requerida para gestionar el famoso préstamo de los ciento nueve millones de dólares.
A pesar de la militarización, del uso de la fuerza, del acoso, de la intimidación, de las presiones y del chantaje, cincuenta y seis diputadas y diputados valiente y responsablemente no asistieron; razón por la que no fue posible realizar la plenaria a pesar del “bukelazo”.
Bukele se percató que su plan había fracasado y que su golpe de Estado se frustró; por eso hablamos de “bukelazo frustrado”. No le quedó más que ponerse a orar y establecer la comunicación que él dice tuvo con Dios.
Es importante mencionar que el “bukelazo”, con las necesarias diferencias, se enmarca en el formato del golpe de estado en Bolivia; donde el ejército y la policía fueron actores fundamentales.
Los hechos del 09 de febrero constituyen una nefasta jornada que configura un peligroso escenario nacional; el presidente Bukele como golpista y haciendo llamado a la insurrección, rompió el orden constitucional. Sus actuaciones y características personales son dignas de un serio y científico análisis de su personalidad.
En honor a la verdad debe decirse claramente sin ningún temor: el principal responsable del golpe de estado a la Asamblea Legislativa, es el presidente de la República; quien debe responder ante la nación por su actuación como golpista, ha roto el orden constitucional; hecho que constituye un grave delito. Él es el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, de él depende la PNC, la OIE y los ministros de Defensa, de Justicia y Seguridad; situación que determina que quien dio las ordenes de actuar fue el presidente. Este es un hecho que no puede quedar impune, hay que deducir las responsabilidades pertinentes en el marco del ordenamiento jurídico. No se vale permitir que el presidente de la República sea un golpista, que llame a la insurrección y estos hechos queden impunes.
Muchos ciudadanos pensamos que es necesario e indispensable que se realice un análisis jurídico serio, por especialistas, para definir la tipificación de los hechos y los delitos cometidos; luego presentar las debidas demandas a las instituciones correspondientes para deducir responsabilidades tratase de quien se trate.
Es preciso sentar un precedente. En la historia política de nuestro país han ocurrido múltiples golpes de Estado, y todos, todos han quedado impunes. Este “bukelazo frustrado” para bien del país, no debe quedar impune. En esta nueva etapa de la vida en nuestro país, donde se ha realizado un esfuerzo, que ha costado mucha sangre, para ir construyendo un proceso democratizador, de convivencia y pacificación, donde las normas jurídicas se respeten para generar un verdadero estado de derecho democrático, no se puede permitir que un presidente se vuelva golpista y quede impune.
Causa asco político ver como algunas y algunos funcionarios del gobierno; verdaderos vivianes, oportunistas y arribistas, haciendo gala de un cinismo impresionante tratan de justificar el “bukelazo”. Cuando se ha tenido la oportunidad de conocer de cerca el comportamiento ético-político de estos personajes, no causa extrañeza su actuación. Son personajes capaces de todo, de todo, no tienen el mínimo escrúpulo.
