José M. Tojeira
No hay duda que el caso Corruptela es importante e interesa a todo el país. La corrupción ha sido una plaga demasiado extendida en El Salvador. Y el caso mencionado, junto con otros anteriores, mostraban la voluntad de iniciar un proceso contra la corrupción, desde hace muchos años deseado por la población salvadoreña. Pero en la actualidad las divisiones internas en la Fiscalía, han levantado una serie de sombras en torno al manejo de la justicia frente a las redes de crimen organizado, dedicadas a manejar favores y fondos del Estado. Incluso en esas preocupaciones se incluyen ahora dudas sobre la idoneidad del actual Fiscal, para luchar contra la corrupción. Ya su nombramiento fue discutido, incluso abriéndose en la Corte Suprema varias demandas de inconstitucionalidad sobre su nombramiento. Posteriormente el nombramiento del Fiscal General Adjunto, sembró nuevas dudas, frente al temor que daba el haberle visto demasiado cerca del ex Fiscal Luis Martínez, hoy acusado de diversos delitos y de ser parte de una red de corrupción, el Fiscal General solo sabe decir que su adjunto está limpio y que solo cumplía órdenes. En el caso de los diez millones de Taiwán, llamó la atención de que no encausara al partido ARENA, que fue el que recibió y administró fraudulentamente el dinero, sin dar visos de querer restituirlo a los fondos de la nación, como es su obligación. Y finalmente, en la actualidad, no solo investiga a los fiscales que llevaron el peso del caso corruptela, sino que se les cambia de actividad y lugar, dificultando el desarrollo de una caso importante. El propio fiscal General, quiere hacernos creer, según un comunicado oficial, que las investigaciones en este vaivén de fiscales en un caso complejo “no afectan ni debilitan el manejo que la institución hace del Caso Corruptela”.
Desde estas mismas líneas en diversas ocasiones hemos insistido en la necesidad de dotar con mejores recursos, financieros y de personal a la Fiscalía General de la República. La hemos alabado en algunos casos y también la hemos criticado por algunos procedimientos, que chocan directamente con los compromisos que tiene El Salvador de respetar convenios de Derechos Humanos. Pero en la actualidad resulta profundamente sospechoso y oscuro el hecho de que se investigue a fiscales, en base a los mismos testigos criteriados que bajo una administración fiscal dijeron una cosa y ahora dicen otra. Siempre le hemos criticado a la Fiscalía la excesiva dependencia de testigos criteriados, pero depender del cambio de opinión de los mismos, que un día dicen blanco y otro negro, es absurdo y daña la justicia. Y más con una Fiscalía, que con frecuencia ha funcionado con una transparencia nula en el caso de los criteriados. Aprovechar testigos criteriados, verdaderos criminales que en ocasiones tienen a sus espaldas varios homicidios y utilizarlos en acusaciones de delitos menos graves que las que los testigos cargan, es sin duda una grave irregularidad jurídica. Especialmente cuando se les perdona a los famosos criteriados la totalidad de la pena. Aunque no sea esta la situación en el caso Corruptela, es importante tocar en serio el tema de ese tipo de testigos, siempre dispuestos a mentir por propia conveniencia y según soplen los vientos.
La Fiscalía es clave en el desarrollo del país. Entre las causas, por supuesto no la única, de la violencia generalizada en el país, está el mal funcionamiento de la Fiscalía, muchas veces por escasez de recursos. Pero aun sin recursos, es indispensable que la gente tenga confianza en la Fiscalía. El funcionamiento concreto en la actualidad del Caso Corruptela, puede dañar y está dañando ya, la confianza en la Fiscalía; si la Fiscalía es ya de por sí débil y de escasos recursos, lo que menos le conviene es perder la confianza de la población, que en los casos de corrupción había comenzado a recuperarse. El Fiscal General, a parte de fortalecer otros sectores fiscales que necesitan mejores recursos (recuérdense las recomendaciones del Relator de la ONU Fabián Salvioli), debe revisar a fondo la situación del caso Corruptela.