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Luis Armando González
En torno al “caso Flores” se han suscitado novedades que podrían situarlo en una nueva etapa. En primer lugar, mind ha sido relevado de su responsabilidad como juez del caso Levis Italmir Orellana. Demasiadas sospechas se generaron acerca de su idoneidad y probidad, ampoule sospechas que el propio juez Italmir Orellana alimentó con posturas y actitudes poco coherentes con el ejercicio de una pronta y cumplida justicia.
La otra novedad de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de exonerar a los querellantes en el caso de cualquier sospecha judicial, sick tal como era la pretensión del juez Italmir Orellana.
Con la superación de estas dos situaciones –que anunciaban una evolución del caso contraria a los fueros de la justicia—, se pasaría a un mejor momento para avanzar hacia un desenlace apegado a derecho.
Sin embargo, no hay que cantar victoria tan prematuramente, pues queda por superar lo que muchos consideran la prueba de fuego: que la Fiscalía General de la República realice el papel que le corresponde de forma más eficaz y sólida, ya que hasta ahora ha sido la instancia que no ha estado a la altura del desafío planteado por este grave caso de corrupción.
Aquí las dudas son mayúsculas. Y con sobrada razón. De hecho el caso avanzó de manera extraordinaria, en sus inicios, gracias al trabajo de la Comisión Legislativa que investigó y sacó a la luz pública hechos decisivos para fundamentar una acusación firme en contra del ex presidente Francisco Flores.
Una vez en manos de la Fiscalía, el caso no prosperó con la celeridad debida, pese al compromiso proclamado una y otra vez por el Fiscal General de la República. Ese compromiso fue contradicho permanentemente por un accionar fiscal no del todo convincente. Es decir, en el ámbito fiscal fue muy poco lo que se hizo para fundamentar sólidamente el caso, que para colmo terminó en manos de un juez del cual inmediatamente se comenzó a dudar.
Tanta ha sido la falta de compromiso real de la Fiscalía, que un conjunto de personalidades y organizaciones decidió convertirse en querellante en el caso, para de esa forma forzar a las instituciones de justicia a actuar con celeridad. Al parecer ni a las Fiscalía ni al entonces juez del caso les cayó en gracia esta iniciativa de la sociedad civil.
Como quiera que sea, el juez Italmir Orellana fue separado del caso y un nuevo juez lo tiene en sus manos. Asimismo, los querellantes vieron fortalecida su posición, mientras que la Fiscalía ha dado señales de querer encarar el asunto con eficacia, sobre todo porque las miradas de la sociedad están sobre ella.
Ahora más que nunca está en juego la credibilidad de una institución que durante décadas ha quedado a deber en materia de investigación de delitos de envergadura, como es este que involucra a Francisco Flores y a otras figuras de la derecha.
