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José M. Tojeira
Todo lo que pasa en América Latina puede convertirse en lección y tema de aprendizaje para nosotros. Y el caso peruano, con prácticamente todos los presidentes a partir de Fuji Mori, cuestionados y demandados judicialmente de diversas formas, algunos de ellos sin poder terminar su período constitucional, debería ser tema de reflexión entre nosotros. Nadie en su sano juicio debería desear que el ejercicio de la presidencia de la república fuera el paso previo a la demanda judicial y al posible encarcelamiento. El deseo lógico y natural en todo ciudadano es que el presidente sea honesto y termine su período presidencial. Es lo que debemos desear en El Salvador. Pero lamentablemente llevamos ya una lista de cuatro ex presidentes denunciados y enjuiciados, uno de ellos ya fallecido y dos viviendo fuera del país para no caer presos.
En este contexto la oscuridad informativa es lo más perjudicial que puede pasar. Un viejo refrán decía “cuentas claras, amistades largas”. Y efectivamente la claridad informativa sobre el uso del dinero público resulta indispensable no solo para desarrollar la confianza ciudadana en sus gobernantes, sino también para evitar que en el futuro se pueda demandar a representantes del estado por el mal uso de los fondos públicos. En general la falta de transparencia ha sido un problema grave en toda América Latina. La mayoría de los países han ido avanzando en transparencia. Y nosotros mismos logramos una ley de transparencia en muchos aspectos muy avanzada.
Sin embargo ya en gobiernos anteriores comenzaron pronto los frenos y los intentos de manipulación política tanto de la ley como de la institucionalidad que la promueve y defiende. En el actual gobierno han aumentado considerablemente las reservas de información, prácticamente sin una argumentación legal ni racional. Eso ha ocasionado que se levanten sospechas de corrupción, que a su vez no son adecuadamente respondidas. Porque insultar a quienes dan datos y pistas no lleva a ninguna parte. Lo correcto es analizar los datos y o bien aclarar la situación con nuevos datos y pruebas fehacientes, o bien investigar la situación y tomar las medidas adecuadas contra quienes hayan incurrido en mal manejo de fondos.
Perú es una nación rica en recursos. Algunos años su crecimiento fue acelerado. Lamentablemente no ha sabido, al menos en los últimos años, manejarse políticamente, ni lograr la confianza ciudadana. En seis años ha tenido seis presidentes, a base de destituir a los elegidos democráticamente. Nosotros somos un país con recursos limitados. Sin las remesas de nuestros hermanos en el exterior tendríamos unos índices de pobreza muchos mayores.
Si en otros países la corrupción es delito, entre nosotros debería ser perseguida con mayor exigencia y fuerza. No tomar en cuenta las críticas a la corrupción ni los señalamientos concretos al respecto, es una especie de suicidio. Acostumbrarnos a que con demasiada facilidad se declare reserva de información ante peticiones ciudadanas en temas económicos estatales, aparte de ser injusto y antidemocrático, termina convirtiéndose en una invitación a la corrupción. Y la corrupción daña siempre gravemente el desarrollo, los valores fundamentales de la convivencia, como la solidaridad y la verdad, la confianza ciudadana en la política e, incluso, lleva con frecuencia a crisis relacionadas con la deuda externa.
El Perú es el tercer país más grande de América Latina, con una impresionante diversidad biológica y grandes recursos mineros y pesqueros. Pero la corrupción le dificulta seriamente el desarrollo. Y la pobreza impulsa fuertemente a la migración.
Nosotros, con muchos menos recursos naturales y con mayor pobreza, debemos mantener una vigilancia especial contra la corrupción. El Gobierno actual acusa a administraciones anteriores de corrupción y eso gusta porque todos sabemos que hubo corrupción en nuestro pasado. Pero su falta de transparencia y su negativa a brindar información sobre operaciones económicas y sociales no nos asegura que la corrupción desaparezca. Todo lo contrario.
