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José M. Tojeira
Durante la Semana Santa se instaló un cerco militar en varios municipios de Chalatenango. Un inusual doble asesinato fue la causa para que 5,000 soldados y 1,000 miembros de la PNC llevaran a cabo el cerco mencionado. Ya prácticamente en el primer día del cerco se detuvo a los presuntos asesinos, pero la presencia militar continuó durante prácticamente toda la semana.
El hecho de que la captura de los presuntos culpables fuera tan rápida pone en cuestión el despliegue tan impresionante de efectivos militares y policiales durante tanto tiempo. En contraste con ese movimiento masivo de efectivos, hemos contemplado en la Semana Santa los acostumbrados acontecimientos dolorosos de la población. Hubo 36 fallecidos en situaciones lamentables. De ellos 28 murieron en accidentes de tránsito y 8 fallecieron ahogados. Se produjeron además 372 accidentes de tránsito que causaron lesiones a 237 personas.
Uno puede pensar que si se hubieran distribuido adecuadamente esos seis mil efectivos policiales y militares en las carreteras salvadoreñas y en las playas, sería muy probable que se hubieran salvado vidas y se hubieran evitado accidentes. Tal vez algún funcionario diga que hubiera sido absurdo distribuir a tanto militar y policía porque no están preparados para evitar accidentes o salvar a personas en riesgo de ahogarse. Pero si alguien lo dice no demuestra más que pereza e irresponsabilidad para cumplir con la obligación estatal de proteger la vida de las personas.
Lo cierto es que si se entrena adecuadamente a 6,000 personas para supervisar tráfico y playas hubiera habido más seguridad y menos accidentes y muertes. Muy probablemente con 20 policías bien dotados se hubiera podido capturar prácticamente en el mismo lapso de tiempo a los dos presuntos delincuentes que cometieron los asesinatos. No se hubiera detenido a los 50 sospechosos que afirman haber capturado. Pero también es muy probable que entre ese número de capturados haya muchas personas inocentes, según hemos estado viendo en el día a día del régimen.
También en medio de la Semana Santa, el 27 de marzo, se cumplieron 2 años del régimen de excepción. Un grupo de asociaciones de Derechos Humanos expusieron que durante ese lapso de tiempo recibieron 6.305 denuncias de violaciones de derechos humanos. Varios de los fallecidos en los centros penales tenían signos visibles de golpes o torturas, e incluso los detenidos y liberados por falta de pruebas contra ellos estuvieron expuestos a chantajes y amenazas.
Efectivamente, familiares que van a traer a los liberados en penales han denunciado que supuestos taxistas les exigen hasta 400 dólares por llevar a las personas a sus lugares. Y añaden que si no pagan, los denunciarán otra vez con la Policía. Especializar policías para atender las denuncias de graves violaciones de Derechos Humanos y vigilar las posibles extorsiones en el momento en que se libera a víctimas inocentes del régimen, sería mucho más positivo que estas manifestaciones de poder militar y de fuerza, características de los cercos militares. Positivo para la gente y positivo para el propio gobierno, que tendría policías más preparados y soldados más coherentes y respetuosos con los derechos de las personas.
