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Por Leonel Herrera*
El año 2023 inició con una mala noticia para la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho ciudadano a la información: el cierre de los programas en vivo de Canal 33. Este medio televisivo destacó durante mucho tiempo por su periodismo objetivo, pero gradualmente vino sucumbiendo ante presiones y amenazas del gobierno de turno que se empeña en eliminar los espacios informativos y de opinión que no se someten a la narrativa oficial.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que el cierre de los programas, entre éstos un noticiero y la emblemática entrevista nocturna “8 en Punto”, se debe a problemas financieros de la empresa mediática ocasionados por la falta de publicidad estatal y bloqueos gubernamentales a la publicidad comercial. Según la APES, este gobierno no solo se niega a pautar en Canal 33, sino que -además- presiona a empresas privadas para que no se anuncien en dicho medio, amenazándolas con excluirlas de las adquisiciones y contrataciones públicas.
La decisión de la empresa televisiva implicó, según la APES, el despido de cincuenta periodistas y técnicos, que se suma a varios realizados en otros medios de comunicación el año pasado. Esto, mientras en la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, duerme el sueño de los justos un proyecto de “Ley de Protección Integral para Periodistas” presentada en octubre de 2018.
La asignación de la pauta publicitaria estatal nunca ha sido democrática; ni siquiera en los gobiernos del FMLN, aun cuando éstos incluyeron a algunos medios históricamente excluidos durante la época de ARENA. Sin embargo, lo actuado por el gobierno de turno no sólo es un acto antidemocrático y violatorio de la libertad de prensa contra un medio de comunicación, sino que también constituye un chantaje (o extorsión) para sus eventuales anunciantes empresariales.
Esta práctica nefasta imperó durante el gobierno de Francisco Flores (1999-2004), que negaba la publicidad estatal a medios que criticaban su gestión y hacía que empresas privadas tampoco pautaran. Un caso emblemático fue el bloqueo publicitario contra Canal 12, cuyo propósito era censurar los espacios informativos y opinión dirigidos por el entonces periodista Mauricio Funes. Flores, incluso, intentó presionar a la empresa TV Azteca a través del ex presidente mexicano Vicente Fox, a quien le pidió ayuda para destituir a Funes.
Después de Francisco Flores, “Tony Saca” (2004-2009) se jactaba de que su gobierno era tan democrático, promotor del pluralismo y respetuoso de la libertad de expresión que “hasta permitía la existencia del Diario Co Latino y las radios comunitarias”, aunque sin asignarles publicidad estatal y sin otorgar frecuencias a las emisoras alternativas. Al mismo tiempo, Saca colocaba millones de dólares de pauta publicitaria en sus radios y aprovechaba su gestión presidencial para acrecentar su consorcio mediático (Grupo SAMIX).
Ahora, el gobierno -que prometió actuar distinto a sus predecesores y no ser como “los mismos de siempre”- ha llevado al extremo el uso de la pauta publicitaria como “premio o castigo” para los medios según su política informativa y línea editorial: premio para los que sólo repiten la versión oficial y castigo para quienes adoptan perspectivas críticas. El actual gobierno también utiliza fondos de la publicidad estatal y otros recursos públicos para financiar un enorme aparato propagandístico y de desinformación.
Esta maquinaria comunicacional incluye medios estatales (un canal televisivo, dos radios y un diario impreso), medios privados controlados por el CONAB (ente que administra los bienes en extinción de dominio) y otros medios comerciales que difunden la propaganda oficial como información. A estos se suman “periódicos digitales”, cuentas en redes sociales y “troll centers” también financiados con fondos públicos, según una investigación de la agencia de noticias Reuters.
(https://www.reuters.com/
Mientras tanto, los medios que no se alinean a las lógicas propagandísticas del régimen, además sufrir el bloqueo a la publicidad estatal (y comercial), enfrentan el cierre del acceso a la información pública, la implementación de “leyes mordaza” y constantes descalificaciones, estigmatizaciones, acoso y ataques digitales, espionaje y otras restricciones a la libertad de prensa, vulneraciones al trabajo periodístico y violaciones del derecho ciudadano a la información, registradas y documentadas por el centro de monitoreo instalado por la APES.
La Comisión Interamericana de la Derechos Humanos (CIDH) establece los siguientes principios rectores para la asignación de la publicidad estatal: leyes especiales y precisas, objetivos legítimos de la publicidad, planificación adecuada, criterios para una distribución equitativa de la pauta, mecanismos claros para la contratación, transparencia y acceso a la información pública, control externo de la asignación publicitaria y promoción del pluralismo informativo.
(https://www.oas.org/es/cidh/
Sin embargo, dichos principios están ausentes en la manera en que el gobierno salvadoreño asigna su pauta publicitaria, a pesar de tener la obligación de acatar los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en materia de libertad de expresión e información. Por tanto, frente a tan flagrante incumplimiento de principios democráticos, corresponde a la ciudadanía crítica exigir transparencia e inclusión en el reparto de la publicidad estatal como una forma de defender lo poco que queda de pluralismo informativo y diversidad mediática.
*Periodista y activista social.
