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Por Leonel Herrera*
En junio de 2018, el entonces fiscal general Douglas Meléndez lanzó públicamente el caso “Saqueo público”, una supuesta trama de corrupción en la que involucró a ex funcionarios de la presidencia de Mauricio Funes, entre ellos la secretaria de Inclusión Social Vanda Pignato y el secretario de Comunicaciones David Rivas.
La acusación era por peculado, lavado de dinero y otros delitos en el manejo supuestamente irregular de los fondos reservados de Casa Presidencial, que rondaron los 351 millones de dólares en el quinquenio 2009-2014. El discurso irresponsable del ex fiscal, reproducido acríticamente por la mayoría de medios de comunicación, fue que Funes y los ex funcionarios imputados “se robaron o malversaron” ese dinero público.
En un postergado juicio realizado durante el segundo semestre de 2023, auditorías y otros peritajes técnicos (incluido uno de la propia Fiscalía) determinaron que dichos fondos fueron pagados a centenares de proveedores estatales, entre éstos empresas privadas, medios de comunicación y personas particulares que brindaron diversos servicios a la presidencia y otras instancias gubernamentales.
Por cierto, entre estos proveedores estaban el actual presidente legislativo Ernesto Castro y su esposa, la ministra de Vivienda Michelle Sol, quienes recibieron más de medio millón dólares entre 2010 y 2011 por el servicio de alimentación al Batallón Presidencial.
Así que lo dicho por Meléndez resultó ser falso o, al menos, inexacto, para decirlo suavemente. Probablemente hubo fallas administrativas, compras innecesarias, anomalías en la asignación de algunos fondos y otros errores; pero Pignato, Rivas y otros funcionarios no “robaron” ni “lavaron” 351 millones, como aseguró Meléndez.
Fuentes cercanas al caso sostienen que el ex fiscal cumplía compromisos con el partido ARENA, cuyos diputados dieron los votos para su elección a cambio de perseguir judicialmente a quienes consideraba adversarios políticos, entre éstos Mauricio Funes, el también ex presidente Antonio Saca y el ex fiscal general Luis Martínez.
Según estas fuentes, prominentes empresarios financistas de ARENA querían vengarse de Funes, por haber promovido la acusación penal contra el ex presidente arenero Francisco Flores; de Tony Saca, por “haberle entregado el gobierno al FMLN” y después dividir a ARENA; y del ex fiscal Martínez, por haber enjuiciado a Flores.
Según esta versión, al no poder procesar a Funes porque logró escapar a Nicaragua antes de ser detenido, Meléndez arremetió contra sus colaboradores más cercanos. A eso respondía el cacareado caso “Saqueo Público” y era una vendeta política, más que a una acción genuina de transparentar el uso de fondos reservados o combatir la corrupción.
Lo último de este caso es que, en un hecho vergonzosamente insólito, el Juzgado Primero de Sentencia de San Salvador lleva casi un año dilatando la entrega del fallo. La vista pública terminó a finales de noviembre de 2023 y desde esa fecha el tribunal ha suspendido en seis ocasiones la lectura de la resolución debido a la ausencia de la representación fiscal.
Medios periodísticos han publicado que los fiscales no llegan a la cita o llegan y pronto se retiran, como una forma de sabotear la entrega de un fallo que probablemente no es el que ellos quieren, y de esa manera alargan sádicamente el sufrimiento de los procesados que llevan más de 11 meses esperando conocer la sentencia.
La última vez que el juzgado intentó leer la resolución fue el 15 de marzo de este año. Desde esa fecha, los jueces no han vuelto a convocar, a pesar de que se comprometieron a hacerlo una última vez para dar a conocer el fallo sin importar la presencia o ausencia de todas las partes involucradas en el proceso.
Mientras no se conoce el fallo judicial en el denominado caso “Saqueo Público”, un verdadero saqueo público podría estar sucediendo actualmente. A finales de septiembre pasado, las revistas Redacción Regional y FOCOS TV revelaron que, con sólo cinco años en el gobierno, el presidente inconstitucional Nayib Bukele y miembros de su círculo familiar cercano compraron terrenos y otros inmuebles por más 9 millones de dólares
Según los referidos medios periodísticos, “solo en 2023 el clan Bukele adquirió 361 hectáreas, el 92 % de tierras que posee actualmente, a través de sociedades controladas por el propio Bukele, sus hermanos, su madre o su esposa”.
La investigación periodística encontró “64 escrituras de propiedad, 10 escrituras de hipotecas y 40 perfiles de sociedades de la familia presidencial registrados hasta marzo de 2024”. Las propiedades incluyen “las fincas cafetaleras donde se cultiva Bean of Fire, la marca de café gourmet del presidente, terrenos con cultivos de azúcar y dos inmuebles con vistas privilegiadas al lago de Coatepeque”.
El reportaje también muestra que “desde junio de 2019, cuando Bukele llegó al poder, su círculo íntimo ha comprado a título personal 16 propiedades que suman 13,371.33 metros cuadrados valorados en $1.4 millones: ranchos de playa, apartamentos de lujo y casas de campo”.
https://focostv.com/bukele-cia-la-nueva-familia-terrateniente-de-el-salvador/
La duda sobre la procedencia de los fondos utilizados para estas compras surge del hecho que, en la declaración patrimonial de cuando asumió su primer período presidencial, Bukele declaró un poco más de 2 millones de dólares, monto insuficiente para adquirir propiedades por 9.2 millones.
A inicios de octubre, FOCOS TV también publicó que una sociedad fundada y dirigida por dos hermanos de Nayib Bukele, denominada Lagencia S.A. de C.V., compró por $1.3 millones un edificio en el centro histórico de San Salvador dos meses y medio después de que el presidente ratificó una ley de exenciones tributarias a los nuevos inversionistas de la zona.
Karin Bukele, el más influyente de los hermanos del presidente ilegal, ha reconocido la compra. Mientras tanto, el gobernante autócrata, en sus redes sociales, llamó “imbéciles” a los periodistas que publicaron el reportaje y dijo que pueden acusarlo de cualquier cosa menos de corrupción.
Sin embargo, los hechos parecen confirmar lo declarado por el presidente ecuatoriano Daniel Novoa al reconocido periodista estadounidense Jon Lee Anderson sobre que Bukele “concentra el poder para sí mismo y para enriquecer a su familia”.
Más recientemente, El Faro ha publicado que, entre septiembre de 2023 y mayo de 2024, Casa Presidencial adquirió tres terrenos por un monto de $1.4 millones de dólares en Residencial Los Sueños, bajo la sombrilla del proyecto “Residencia Presidencial”.
Según el semanario digital, dicho proyecto consistiría en la ampliación de la residencia particular de Nayib Bukele ubicada en esa lujosa residencial privada, en Nuevo Cuscatlán, la cuna política del presidente de facto.
Organizaciones de sociedad civil advierten que el abuso, despilfarro, malversación o robo de dinero público podría ser de proporciones aún mayores; pero el cierre del acceso a la información impide constatarlo.
Según CRISTOSAL, carteras como el Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) son las “nuevas partidas secretas” y denuncia que durante cinco años la administración Bukele sólo ha trasparentado el 5.8% de los más de 1,200 millones de dólares que ha manejado esta institución.
Otra “partida secreta” podría ser el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), institución que concentra millonarios fondos de Casa Presidencial y que el año pasado gastó 22 veces más de lo que originalmente tenía presupuestado.
Acción Ciudadana también señala que el gobierno de Bukele oculta información sobre grandes proyectos de infraestructura pública. Esta organización pidió información sobre 23 megaproyectos y la respuesta de las instituciones encargadas fue obstaculizar el acceso a la información, declarándose incompetente para entregar documentos que supuestamente son “información inexistente”.
Las instancias estatales también afirman que los contratos, el detalle de los gastos y el manejo de los fondos millonarios están clasificados como “información reservada”, y que la revelación o publicación de estos documentos puede poner en riesgo la seguridad nacional.
Revisando notas informativas para escribir este artículo, me entero que la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) ha reservado para siete años toda la información sobre el escandaloso desfalco de $35 millones de dólares en la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI).
Es de dominio público que esta entidad financiera donó fondos para la campaña electoral del partido Nuevas Ideas, concedió préstamos millonarios a alcaldías gobernadas por el bukelismo y su gerente general murió en un extraño accidente aéreo junto a la miembros de la cúpula policial del país el pasado 9 de septiembre.
Vale decir que las señales del “saqueo público” de los Bukele no son nuevas, vienen desde el inicio de su gobierno. Prueba de ello es que la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) antes de ser cerrada, en junio de 2021, ya investigaba 12 casos de corrupción en el manejo de fondos públicos durante la emergencia por pandemia de COVID 19 y también asesoraba a la Fiscalía en otros 25 casos.
Finalmente, mientras editaba este texto antes de enviarlo a publicar, me entero que los jueces del Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador por fin se animaron a presentar el fallo del caso “Saque Público” y anuncian que lo harán el próximo viernes 8 de noviembre.
Ojalá que este hecho sirva para que el país se de cuenta, reflexione y se indigne sobre lo que probablemente sí sea un verdadero saqueo de recursos públicos, perpetrado impunemente por un clan familiar que pretende perpetuarse en el poder para administrar al país como su finca privada.
*Periodista, analista y activista social.
