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Por Ricardo Olmos
Economista
El desarrollo de los países en todas su dimensiones es un proceso complicado y en franco debate en la actualidad. Se ha escrito bastante y se continúa haciendo, thumb llegando en algunos casos a consensos, en el sentido de que los países pueden alcanzar nuevas rutas de crecimiento acelerado en rumbo al desarrollo, para alcanzar niveles de bienestar generalizados para la sociedad en general.
En los últimos 20 años, los países confiaron exclusivamente en que el mercado, alcanzaría el crecimiento económico y el desarrollo, sin el apoyo del Estado en las actividades económicas, lo que se ha desvanecido luego de la crisis mundial de 2008. Hoy, se sabe, y se ha reafirmado, que el rol del Estado sigue vigente como elemento propulsor del desarrollo, por lo que en los foros mundiales, revistas de prestigio y entidades internacionales se ha dado un giro y se reafirma que la institucionalidad del sector público puede contribuir al desarrollo en todos los niveles, así como en la reducción de manera rápida de las brechas estructurales crecientes de desigualdad aún prevalecientes en los países menos desarrollados.
En los países menos desarrollados, como es el caso de El Salvador, se mantienen asimetrías que castigan severamente a los más pobres. Las condiciones deficientes de la infraestructura escolar, insuficientes servicios de saneamiento, débil aplicación de la justicia, niveles de ingresos por debajo del costo de la canasta básica, condiciones de vida en general muy limitadas, etc. son prueba que en el territorio los hogares salvadoreños no poseen las mínimas garantías para la vida sana y en condiciones de seguridad por lo que la presencia del rol del Estado es necesaria. ¿Cuál es la base de estos resultados sociales?
Por ejemplo, mientras los países recientemente industrializados dedican de manera permanente cerca del 30% del Producto Interno Bruto, PIB, en materia de inversión, los países como los nuestros no llegan al 15% del PIB; y en lo que corresponde a la inversión pública esta pasó del 12% del PIB en promedio en América latina de los años 70 a menos del 2% del PIB para los últimos cinco años para América latina. A la base de las crecientes brechas en materia de educación, salud, seguridad jurídica, etc. se encuentra la poca participación del sector público para potenciar el desarrollo. En síntesis, esta insuficiente participación del sector público se encuentra en la base explicativa del deterioro de los países pobres.
El Premio Nobel de economía Douglass North, que en el año 1993 ganó esa distinción internacional, ha revelado interesantes hallazgos en sus investigaciones realizadas en materia de desarrollo e institucionalidad del sector público. Y en efecto, desde hace años se constituyó el consenso de Copenhague, proyecto iniciado en 2004 destinado a establecer prioridades para avanzar por el bienestar de la humanidad, promoviendo la idea de asegurar el funcionamiento de la institucionalidad pública, pues es la clave para el desarrollo.
En ese marco ¿es posible que una eficiente administración pública pueda impulsar el desarrollo de los países, reduciendo las brechas sociales aún existentes? ¿cuál es la contribución del Centro Nacional de Registros, CNR, con el desarrollo nacional? A partir de esas inquietudes podría surgir también la pregunta ¿cómo el CNR asegura la certidumbre jurídica y abona al desarrollo nacional?
Hoy, a nivel mundial no solamente se deben abordar temas relativos al calentamiento global, las enfermedades infecciosas, las guerras, el acceso a la educación de calidad, la eliminación de la corrupción gubernamental y privada, la malnutrición y el hambre, los migrantes, el saneamiento ambiental, la eliminación de las barreras aduanales, sino que también hay que enfocarse a otras esferas de actividades humanas que faciliten el desarrollo, es decir, aquellas que aseguren la certidumbre en materia de inversiones, en donde hay que poner en funcionamiento la institucionalidad pública para que esta se desempeñe con “racionalidad económica” al servicio de la ciudadanía, pero de manera eficiente, eficaz y con una mística de compromiso ético en apoyo a toda la gente y a las empresas; solo así, se promoverá también más y mejor desarrollo, cuando las decisiones gubernamentales aseguren y registren los activos de todos, entre ellos los activos de las empresas de todo tamaño y la ciudadanía en general, condición básica para asegurar que los nuevos emprendimientos empresariales tengan el respaldo jurídico, y así propiciar mayor confianza de las pequeñas inversiones de la micro y pequeña empresa.
El CNR desde su creación ha venido ejerciendo esa labor por medio de su Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas, el Instituto Geográfico y del Catastro Nacional, y más recientemente con el Registro de Comercio y el Registro de la Propiedad Intelectual. A la vez, en esta administración gubernamental, el CNR, alineado con el Plan Quinquenal de Desarrollo “El Salvador Productivo, Educado y Seguro”, a través de su nuevo Registro de Garantías Mobiliarias, ofrece la ampliación de respaldos a las empresas y personas naturales, a fin de intensificar, asegurar y acrecentar nuevas oportunidades de acceso al crédito para incrementar las operaciones empresariales con nuevas inversiones, favoreciendo al mismo tiempo más empleo para la gente.
Existe el consenso cada vez más generalizado que las instituciones públicas fuertes generan cambios que favorecen el desarrollo de las sociedades. Instituciones públicas como el CNR con los niveles de modernidad alcanzados, con actuaciones eficientes y eficaces, con una fuerte dosis de ética son elementos que sirven al desarrollo, tareas sobre las cuales además el CNR, sigue trabajando con mucha confianza. Con esa mística se denota también un compromiso por la profundización de los cambios en la ruta del desarrollo nacional para beneficio de todos. La tarea no está finalizada, ya que hace falta que a la vez se avance y se amplíe la confianza y seguridad jurídica de los activos de la población en general.
Las sociedades como las nuestras requieren de un fuerte apoyo de las instituciones del sector público que busquen más atención y desarrollo del talento humano, que promuevan inversiones de más activos del Estado: infraestructura escolar, hospitales unidades de salud infraestructura vial, apoyos a la micro, y pequeñas empresas, etc. En fin, que se procure de más proyectos y programas novedosos al servicio de todos, con la orientación de trabajar por una sociedad más justa, solidaria y con alto énfasis en los derechos de todos.
El sector público debe orientar su quehacer de manera que los intereses de los ciudadanos sean los privilegiados, en donde las nuevas empresas y sus inversiones tengan los apoyos de asistencia técnica, orientación para el establecimiento de redes productivas en donde el sector público sea el único que pueda propiciar la confianza en los nuevos emprendimientos empresariales.
Las oportunidades de desarrollar una nueva gobernanza desde lo público se centra en los descubrimientos y redescubrimientos en el marco de que las instituciones del sector público son claves para el desarrollo nacional de cualquier país, desafío que el CNR viene ofreciendo con bastante acierto, como parte de la responsabilidad del Estado a fin de que sea el elemento clave para avanzar hacia el desarrollo.
