El colapso haitiano, Biden y el Gran Caribe

Sumido en una crisis multidimensional sin precedentes, producto de una inestabilidad estructural heredada de una historia marcada por la colonización franco-española y los intereses económicos, militares, geopolíticos y de seguridad nacional de Estados Unidos en el Gran Caribe a partir del siglo XX −así como por una cadena de desastres naturales y ambientales recientes−, Haití, emblema de la revolución antiesclavista y primer país independiente de las Américas, vive hoy un caos gansteril necropolítico planificado, y su población, que protagonizó una insurrección antineoliberal en 2018, es presa de un pánico y un terror inoculados por una federación de bandas paramilitares denominada Viv Ansanm (Vivir Juntos, en creole haitiano), que controlan al menos 60 por ciento del territorio metropolitano, incluida la capital, Puerto Príncipe, lo que ha provocado un éxodo constante.

Dicho modelo de tonton macoutización o tercerización (mercenarización) del control territorial por actores armados no estatales −remedo de los escuadrones de la muerte al servicio de la dictadura de François Papá Doc Duvalier−, como instrumentos de la corrupta y lumpenizada élite político-empresarial haitiana para desarticular la protesta social y el tejido comunitario, resurgió durante la fraudulenta llegada al poder del neoduvalierista y ultraconservador PHTK (Partido Haitiano Tèt Kale), primero bajo la presidencia de Michel Martelly (2011-16) y luego con el empresario bananero Jovenel Moïse (2016-21), ambos bajo la tutela de Washington.

Tras el magnicidio de Moïse a manos de mercenarios colombianos y estadunidenses, bajo la batuta de la administración Biden, el Core Group −una especie de consejo colonial encabezado por EU, Francia, España, Alemania, Brasil, Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos que impulsa la diplomacia del caos− impuso a Ariel Henry como jefe de Estado de facto, y en abril último, cuando éste estaba en Kenia negociando el arribo de una misión militar multinacional auspiciada por la Casa Blanca para restablecer el orden, la alianza paramilitar Vivir Juntos, encabezada por el ex policía Jimmy Chérizier, alias Barbecue, desató una feroz ola de violencia, exigió su renuncia y amenazó con una guerra civil. Presionado por Washington, Henry renunció, y el 25 de abril el Core Group logró integrar un consejo presidencial de transición que rige hasta nuestros días bajo el toque de queda y el estado de emergencia.

El despliegue de la Misión de Apoyo de Seguridad Multinacional liderada por Kenia, había sido negociado durante un viaje a África, en abril de 2019, por el senador republicano Marco Rubio, y en marzo último, durante una reunión con la Comunidad del Caribe (Caricom) sobre Haití, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció en Jamaica una aportación de 300 millones de dólares para su funcionamiento. La administración Biden quiere mantener el control de ese enclave geoestratégico en el Gran Caribe −cercano a Cuba y Venezuela−, pero tercerizando la conducción de la operación, para no pagar los costos políticos traducidos en un eventual voto rechazo de la diáspora haitiana en las elecciones de noviembre en EU.

A su vez, con el objetivo de afectar electoralmente al demócrata Biden, el legislador Marco Rubio, republicano por Florida, vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia y miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, ha venido alentando de manera subrepticia un éxodo migratorio de haitianos, cálculo que también está presente en su agenda desestabilizadora contra Cuba. El accionar de Rubio, un ultraconservador con raíces cubanas, forma parte de su pacto con el candidato presidencial Donald Trump, dirigido a destruir la carrera política del gobernador de Florida, Ron de Santis, correligionario de ambos, y forzar una intervención militar en Haití, lo que ante probables bajas estadunidenses, podría complicar aún más la gestión de Biden y sus aspiraciones releccionistas.