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Por Edgar Calderón/Henry Morales Arana/Ciudad de Guatemala/AFP
El presidente electo de Guatemala, pharmacy el comediante e inexperto en política Jimmy Morales, enfrentará una compleja situación para cumplir su compromiso de combatir la corrupción, en un país sumido en la pobreza y la inseguridad.
Morales, un derechista de 46 años, arrasó en el balotaje con casi 70% de los votos frente a su contrincante, la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres.
En su primera comparecencia pública, el mandatario electo ratificó que su prioridad será el combate frontal a la corrupción, tras los escándalos que provocaron la renuncia y encarcelamiento del expresidente Otto Pérez.
Pérez se vio obligado a renunciar en medio de la indignación popular surgida por las denuncias de que encabezó una red que defraudó las aduanas nacionales.
La presión por conseguir resultados en sanear el manejo de los recursos públicos hace vislumbrar que será ese uno de los mayores desafíos para el futuro presidente, quien contará con solo 11 diputados del partido derechista FCN-Nación de los 158 escaños del Congreso.
Morales anunció la noche del domingo que su equipo económico se reunirá este lunes con el Congreso para discutir las prioridades presupuestarias del próximo año, en las que incluyó el combate a la desnutrición, el abastecimiento de los hospitales con medicinas y el apoyo a los productores.
Adelantó también que su equipo de transición se encontrará de inmediato con el presidente interino Alejandro Maldonado, quien asumió el cargo tras la renuncia de Pérez, para preparar el camino de su toma de posesión el 14 de enero.
«Lo que le solicitamos al nuevo gobernante son resultados concretos desde el primer día. Queremos ver ese combate a la corrupción con resultados medibles», demandó el presidente de la cúpula empresarial aglutinada en el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Jorge Briz.
«El mandato popular lo ha dicho, y es lo que todos exigimos: combate a la corrupción. Queremos un nuevo gobernante honesto, capaz, que de inmediato dé resultados», insistió el empresario.
Briz dijo a la AFP que es imposible manejar un país donde «se establece que de 30% a 40% del gasto público está contaminado por la corrupción».
El empresario también instó al nuevo gobierno a mostrar resultados en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura y combate a la miseria.
Un 54% de los 15,8 millones de guatemaltecos vive en condiciones de pobreza, mientras el país registra unos 6.000 muertos al año por la violencia, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
Al mismo tiempo, la educación está desfinanciada y los hospitales públicos sufren por falta de medicamentos, con el agravante de que el país tiene una de las recaudaciones tributarias más bajas del continente, de cerca de 10% del producto interno bruto.
Victoria frágil
Aunque Morales obtuvo una contundente victoria con casi 70% de los votos, su representatividad podría ser cuestionada debido a que la abstención alcanzó más de 50% del padrón electoral, de 7,5 millones.
El bajo nivel de participación, sumado a la débil representación legislativa del partido oficialista, deja al futuro gobierno en una posición frágil ante posibles escándalos.
«El gran reto es evitar que haya señalamientos de corrupción ante la baja legitimidad con la que va a llegar el próximo gobierno, eso es algo que podría nuevamente generar manifestaciones» como las que llevaron a la renuncia de Pérez, consideró Cristhians Castillo, analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la estatal Universidad de San Carlos.
A su juicio, Morales despertó muchas expectativas, por lo que estará sometido a un intenso escrutinio de la población.
El futuro presidente adelantó que espera seguir contando con la presencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente avalado por la ONU que contribuyó con la Fiscalía en denunciar los últimos escándalos de corrupción.
También anunció que dotará de más recursos a la Fiscalía para continuar con sus acciones de depuración del manejo de los recursos públicos.
