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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Con la finalidad de hacer conciencia en la importancia de que los funcionarios presenten declaraciones patrimoniales como lo mandata la ley, representantes de Acción Ciudadana presentaron un estudio que destaca que a la fecha 283 miembros del Ejecutivo no han presentado esta documentación a la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Para los representantes de la organización de contraloría social llama la atención la poca importancia que los funcionarios y empleados públicos dan a la presentación de estos documentos, siendo que los mismos constituyen una herramienta importante para detectar delitos como enriquecimiento ilícito.
“Es llamativo que incluso funcionarios del gobierno anterior aún no hayan presentado su declaración, quienes están pendientes de presentarla son cargos de jefaturas y dirección, es decir, medios; es relevante porque son los que autorizan o manejan fondos públicos directamente”, dijo Eduardo Escobar, director Ejecutivo de Acción Ciudadana.
El estudio abarca los tres órganos de Estado al igual que algunos concejos municipales durante los períodos de 2014 a septiembre de 2019. En el caso del Ejecutivo, los 283 servidores públicos que no presentaron su declaración en tiempo corresponden en su mayoría a los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores, Salud y Gobernación.
Escobar, además, señaló que en el caso del Gobierno actual también existe una gran cantidad de funcionarios de alto nivel que no han presentado su declaración patrimonial en tiempo.
El informe destaca además que en el caso de la Asamblea Legislativa, en la legislatura 2015-2018 que cesó funciones el 31 de abril del año pasado, 44 diputados suplentes y 3 propietarios no presentaron su declaración de patrimonio.
“Hay una tendencia en el caso de la Asamblea Legislativa son diputados suplentes los que no declaran, en general o se retardan en cumplir esta obligación, esto es importante porque muchas veces ellos financian la campaña del diputado propietario, por ello se debe poner atención a las declaraciones de estos funcionarios”, sostuvo Escobar.
Para los representantes de Acción Ciudadana uno de los principales factores que permite que se incumpla con la presentación de declaraciones patrimoniales es la poca capacidad sancionatoria que presenta la CSJ, que a la fecha solo ha ordenado 287 procesos sancionatorios condenatorios para los cuales las multas van de $200 a $600.
De acuerdo con el informe todos estos procesos sancionatorios corresponden en el caso del órgano Ejecutivo a la administración anterior, y en el caso de los funcionarios de la presente gestión no existen sanciones por no presentar declaraciones patrimoniales o hacerlo extemporáneamente.
En visión de Acción Ciudadana, además de ajustar las multas a la realidad actual, ya que estas datan de 1950 para eliminar este incentivo para violar la legislación, se tiene que separar a la sección de Probidad de la CSJ, y volverla una institución autónoma con su propio presupuesto y personal.
