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Idalia Zepeda*
El 16 de noviembre de 1989 un batallón del Estado entró a la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” con la orden de asesinar al rector, Ignacio Ellacuría, sin dejar testigos. Con él se encontraban cinco sacerdotes jesuitas más y Julia Elba y Celina Ramos, sus colaboradoras, que también fueron víctimas de ese ataque mortal.
Este hecho donde el Estado se comportó como criminal, no solo por el uso desmedido de la fuerza contra civiles desarmados, sino porque los cuerpos de seguridad que en teoría deberían de velar por la vida e integridad de sus ciudadanos y ciudadanas, se la arrebataron con barbarie. En términos generales los responsables del crimen siguen en la impunidad. Aunque se ha condenado en España a Inocente Montano, en El Salvador el sistema de justicia ha sido incapaz de tocar a los autores intelectuales y materiales con el debido proceso. Se requiere ahora de una posición partidaria más firme en el acompañamiento de las autoridades universitarias que propugnan que se haga justicia en el país.
Y es que durante la formación académica que tuve en este centro de estudios superiores no faltó la memoria de ese trágico sucedo por la conmoción histórica que marcó la identidad de mi alma máter. Sin duda, continúa con el paso del tiempo y se cultiva en cada aniversario, ese talante de una universidad comprometida desde la búsqueda de la verdad con herramientas técnico-científicas para, desde este ejercicio crítico, proporcionar elementos para incidir en la mejora de la sociedad en la que está inserta, que quisieron eliminar con el martirio.
En sentido, me considero heredera de esa tradición universitaria que no separa la calidad formativa del compromiso político por transformar aquellos aspectos de la realidad que causan injusticias de todo tipo.
Las turbulencias políticas que enfrentamos en el presente tienen similitud a las condiciones que hicieron posible que desde el Estado se cometieran actos horrendos contra quienes tuvieron posturas críticas a un poder que se resistía a rendir cuentas con transparencia y que estaba muy lejos de estar al servicio del pueblo.
Convertir a los cuerpos de seguridad estatal en grupos armados en favor de los intereses particulares del presidente de turno, sin respetar la legalidad que les rige, es uno de esos grandes peligros que tarde o temprano puede acabar en el cometimiento de graves violaciones a los derechos humanos. Asumir que desde el Ejecutivo se puede pisotear el orden institucional o el ataque visceral a la prensa, partidos de oposición o a cualquier voz crítica de actos de corrupción o de abusos de autoridad, fue otro factor de peso que estuvo detrás en el cometimiento de la masacre de la UCA y que con Nayib Bukele se está en franco retroceso a esas prácticas demasiado peligrosas para un país con los antecedentes históricos sangrientos como los que tiene el Estado salvadoreño.
Invito a la población a no minusvalorar este peligro real y cada día creciente de este tipo de gobierno que aspira al control absoluto del Estado. Asimismo, al conjunto de partidos de oposición, particularmente al partido que pertenezco, a realizar un diagnóstico a profundidad sobre cómo frenar la acometida actual, desde la memoria histórica de quienes se jugaron la vida por un país que tuviera una democracia fuerte, por una paz sólida, que únicamente será posible cuando sea fruto de la justicia.
*Candidata a Diputada por el FMLN en San Salvador
