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Isaac Bigio
Politólogo, economista e historiador
Johny Lescano, ex candidato presidencial de Acción Popular, y el Partido Morado del expresidente Francisco Sagasti plantean que deben renunciar los presidentes de la República y del Congreso. La CGTP agrega a estas posiciones de la centro derecha que también deben salir los 4 miembros de la mesa directiva congresal.
Esto implica que se plantea que sea el actual Legislativo quien nomine al nuevo Ejecutivo. El problema es que este es uno de los parlamentos más impopulares del mundo y de la historia peruana. Según la última encuesta de IEP la mandataria Dina Boluarte tiene un 71% de desaprobación (algo nunca visto antes en un gobierno que apenas cumple un mes), pero el Congreso tiene un nivel aún más alto (88%).
Lo que más ha movido a las masas en los últimos meses es la demanda por cerrar este. Este parlamento solo aprueba leyes antipopulares y ahora está obstinado en querer revertir los resultados del referéndum de hace 4 diciembres en el cual el 85% y el 90% de los electores repudiaron la reelección de congresistas y la bicameralidad. Cualquiera que sea nominado como presidente provisional por parte de este parlamento que endosó al gabinete masacrador y está dominado por la derecha va a ser dependiente de este sector.
Este parlamento no respeta ni la carta magna ni su reglamento. Ha enfurecido al pueblo por, entre otras cosas, haber vacado al único presidente constitucional electo con más de 8,8 millones de votos, sin haberle permitido el derecho a la defensa, un antejuicio o un juicio y sin que haya circulado o alguien haya intervenido discutido la cuarta moción de vacancia (la cual pasó a voto a los segundos de haber sido leída).
Este Legislativo y el Tribunal Constitucional que este impuso sin debate alguno pasan por alto la carta magna que dicen defender. Esta, a su vez, fue impuesta tras el golpe del 5 de abril de 1992 que ilegalmente intervino militar y policialmente los poderes legislativo y judicial y que fue aprobada en un referéndum donde, pese al fraude y a la represión, la mayoría no votó por el sí. Según la carta magna de 1979 cualquier intento de sustituir a esta por métodos antidemocráticos no puede ser aceptada y por ende debe seguir rigiendo dicha constitución.
Hoy hay un tremendo entrampe constitucional. La derecha que pretende que la actual carta magna sea eterna e inmortal es la misma que ha hecho que el Congreso en primera instancia (y sin los 2/3 necesarios) altere la cuarta parte de sus artículos (lo cual implica dar paso a una nueva constitución). La izquierda pide descartar la carta magna de 1992 e ir a una nueva.
La única solución es ir a una nueva asamblea constituyente, algo que respaldan 7 d ecada 10 peruanos (según IEP). Esta misma debiera ser soberana y tener plenos poderes. Esta debe ser capaz de reorganizar al país y de nominar a un gobierno provisional.
Nuevas elecciones generales repetiría el ciclo de contar con un legislativo que no deja gobernar al ejecutivo y que trata de remplazarlo y de un ejecutivo que no puede legislar.
Como hoy todos los partidos están desfasados y debilitados, se debe permitir la libre inscripción de toda candidatura, tal y cuál pasa en muchas otras democracias. Los 2 partidos que polarizaron la segunda vuelta en junio 2021 a los 18 meses, en las regionales y locales del 2 de octubre, no sumaron ni un tercio del 10%. Todos los demás partidos quedaron mal parados, a excepción de Somos Perú que ofreció su sigla como vientre de alquiler.
Como las provincias claman justamente estar abandonadas, se requiere que las 196 que hay en el país tengan una representación directa en esta nueva Constituyente, en la cual debe haber representantes electos de cada una de las 50 naciones originarias, los sindicatos, frentes de defensa, comunidades campesinas, pequeños y medianos propietarios, reservistas, uniformados, ronderos, gremios, centros laborales y de estudio, etc.
No podemos repetir lo que pasó en 1979 o 1992, en el cual hubo una constituyente con 100 u 80 miembros representando a un solo distrito a nivel nacional (lo cual ha hecho que muchos departamentos y la inmensa mayoría de las provincias se hayan quedado sin voz y voto, y que la carta magna haya terminado siendo redactada por abogados y profesionales de altos ingresos de Lima y Callao).
Solo una gran asamblea constituyente con cientos de delegados (y con el poder de sus electores de fiscalizar y vacar a sus asambleístas si no no cumplen con sus promesas o se ven envueltos en negociados) va a ser capaz de empezar a resolver esta grave crisis social y de representatividad.
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