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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
Es bueno que existan instancias que apoyen la concertación económica y social con participación gubernamental, por eso en los Acuerdos de Paz en el apartado VII, tema Económico y Social, se convino crear el Foro Económico Social; este fue un acuerdo incumplido y para aparentar que se hacía algo en esa dirección el gobierno arenero de Alfredo Cristiani creó el Consejo Superior del Trabajo.
Sus funciones creadas en un reglamento son declarativas, supuestamente de análisis y formulación de recomendaciones y aún siendo así, en 2012 cuando existía una representación laboral sin compromisos de lealtad a la ANEP, el sector empresarial abandonó el Consejo.
En 2009 se logró la ratificación de la reforma constitucional que asegura el derecho a la sindicalización de las y los trabajadores del sector público, creció la organización sindical y en algún momento también en lo privado, por eso fue posible que en un momento los trabajadores organizados lograran colocar en esas instancias tripartitas a representantes suyos comprometidos con el interés de las y los trabajadores; en consecuencia una de esas instancias es el Consejo del Salario Mínimo, aprobó un incremento al salario mínimo que mejoró a todos, pero más sensiblemente a los trabajadores del campo y la maquila.
El sector empresarial se volcó a realizar denuncias ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y a dejar sus espacios vacíos como protesta por las elecciones en las que perdían sus candidatos; y así lo hicieron en otros campos como la representación en el Instituto de Acceso a la información, acudiendo siempre a la Corte Suprema de Justicia, para que se declarara inconstitucional el Salario Mínimo y en su momento a delegados de los trabajadores ante otras instancias.
Ahora se celebra con bombo y platillo el hecho de que fue integrado el Consejo Superior del Trabajo, y con ello se celebra que la ANEP confía en el Gobierno, se presenta como armonía; pero en verdad es la señal de uno de los signos del actual Gobierno, su conducta pro empresarial de la que les habló el mismo cuando era candidato. En el foro organizado por FUSADES donde apelaba a que se le comprendiera que siendo el mismo empresario, además, hijo de empresario comprendería a los empresarios cuando fuera presidente. Ahora les está cumpliendo.
Eso no debiera sorprender, el ministro de Trabajo ha seleccionado a representantes laborales que en el pasado mostraron su servicio al sector empresarial, y aceptaban la postura de que no era momento para aumentos salariales en favor de la clase y sector al que supuestamente debían defender.
La concertación económico social, a la que se refería el Acuerdo de Paz es otra, es aquella en la que se toma en cuenta las necesidades y se asumen responsablemente recomendaciones y acciones que ayuden a reconocer que la riqueza se genera entre todos y que es impropio que el sector empresarial siga ciego ante las reclamaciones justas de los trabajadores; es de justicia una mejor distribución entre sus ganancias, los salarios y los impuestos que deben pagar.
La fotografía que ahora se presenta como señal de armonía, creará tensión, más explotación, silencio ante los abusos que se cometan contra el sector laboral, como el que se guarda contra los miles de despidos del actual Gobierno. No traerá inclusión, ni justicia social y a lo mejor tampoco crecimiento; alimentará la represión; la medicina para acallar la reacción legítima de las y los trabajadores será la represión, una dosis más alta de la medicina amarga que anunció el presidente Bukele el 1 de junio cuando tomó posesión de su cargo.
El signo antilaboral y pro empresarial traerá concesiones, privatizaciones después de los despidos, y la mentira que le de cobijo la empezó a pronunciar el actual ministro de Trabajo cuando declara que el gobierno del FMLN contrató a 40,000 empleos, que eran más activistas políticos.
Los 8,790 maestros de EDUCO son parte de ellos, los más de mil de la CSJ, también los 670 de la Fiscalía, los más de 3,000 de salud, los policías que ingresaron desde 2010, los más de 3,000 de ANDA y CEPA que asimilaron a los despedidos de gobiernos de ARENA también, los empleados de las nuevas instituciones como Ciudad Mujer, Instituto de Acceso a la Información, FONAT y otras; todos ellos aunque no llegan juntos a la cifra anunciada por el ministro de Trabajo, son según sus declaraciones, activistas políticos y esa etiqueta bastará para despedirles.
Eso es distinto a la foto de la armonía, es agonía, es reafirmar que el signo pro empresarial se convertirá en chorros de medicina amarga.
