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Madrid/AFP
El consorcio internacional encargado de las obras de ampliación del canal de Panamá advirtió este jueves que mantenía el ultimátum de 21 días para que las autoridades gestoras del canal respondan a su petición de un pago suplementario de 1.600 millones de dólares.
Este periodo es de 21 días, buy indicó un comunicado de GUPC del 30 de diciembre publicado por la prensa panameña.
El administrador del canal, Jorge Quijano, había rechazado el miércoles en un comunicado esta petición «destinada únicamente a forzarnos a negociar fuera de los términos del contrato».
En el consorcio GUPC S.A. participan Sacyr, la firma italiana Impreglio, la belga Jan de Nul y la panameña Constructora Urbana.
«GUPC ha presentado fundadas reclamaciones en relación con los sobrecostes del proyecto derivados de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles», escribió Sacyr este jueves.
En su comunicado, el grupo español denuncia «incumplimientos graves» en el contrato por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y afirma que «GUPC ha venido desarrollando continuados esfuerzos para que estas reclamaciones, cuyo importe global asciende a la fecha a unos 1.625 millones de dólares estadounidenses [unos 1.183 millones de euros], fueran atendidas por la ACP a medida que han ido surgiendo».
«GUPC mantiene abierta la interlocución con la Autoridad del Canal de Panamá para alcanzar un acuerdo satisfactorio que ponga fin al actual desequilibrio contractual», afirma la empresa española.
Castigo en la bolsa
Sacyr sufria un duro castigo el jueves en la bolsa Bolsa de Madrid, donde después de una caída inicial de 18%, la acción perdía a las 10H30 GMT más de un 8%.
La ampliación del canal de Panamá pretende permitir el paso de navíos que transporten hasta 12.000 contenedores, el triple de la carga posible actualmente.
Los trabajos, que tienen un costo total de 5.200 millones dólares, 3.200 de ellos para GUPC, comenzaron en 2009 y está previsto que terminen en octubre de 2014, pero llevan un retraso de nueve meses.
GUPC reclama desde hace un año el pago de 1.600 millones de dólares más que atribuye a los retrasos en las obras.
Al principio del contrato se produjo un retraso de cuatro meses, y la autoridad del canal consideró que el cemento que GUPC pensaba utilizar era de mala calidad y no permitiría que la obra pudiera durar al menos cien años, como el canal actual.
El miércoles, el administrador del canal, Jorge Quijano, rechazó en un comunicado «de manera categórica las presiones del Grupo Unidos por el Canal, con el único propósito de forzarnos a negociar fuera de los términos establecidos en el contrato».
El canal, inaugurado en 1914, es una fuente de ingresos importante para Panamá y desde 1999, cuando el país recuperó su gestión, hasta entonces en manos estadounidenses, ha aportado a las arcas del Estado más de 8.500 millones de dólares.
En estos 14 años de gestión panameña, el gobierno de Panamá ha recibido más dinero que el recibido por parte de Estados Unidos durante los 85 años que administró esta vía por la que se estima pasa el 5% del comercio mundial.
