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Redacción Nacionales
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Luego de sufrir un accidente de tránsito a la altura del kilómetro 30 de la carretera de San Juan Opico hacia Quezaltepeque, La Libertad, el coronel y ex diputado de la Asamblea Legislativa, Sigifredo Ochoa Pérez, murió este viernes en el hospital San Rafael, Santa Tecla, donde fue llevado por cuerpos de socorro con graves lesiones a causa del accidente.
Según informes de Comandos de Salvamento, la Unida de Rescate Vehicular y Médica de la seccional Ciudad Arce atendió el accidente de tránsito donde viajaba Ochoa Pérez, de 80 años, quien iba como copiloto, y quedó atrapado bajo el camión con el que impactó el vehículo, por lo que fue necesario equipo hidráulico para liberarlo de entre los hierros.
El siniestro vial ocurrió a 6:00 AM, cuando Emma Micaela Friedeman de Martínez, de 64 años, perdió el control de la camioneta y se estrelló contra la parte trasera de un camión que se encontraba estacionado a la orilla de la carretera.
Vínculos con las masacres
En el informe de la Comisión de la verdad se vincula a Ochoa Pérez, junto al coronel Domingo Monterrosa, como responsables de las masacres del Calabozo, Santa Marta y el Mozote.
Años después de este informe, también la CIA indicaba que en 1982 el teniente coronel Sigifredo Ochoa Pérez lideró un operativo militar que culminó con una masacre de más de 200 campesinos situación debidamente detallada también en Amnistía Internacional y la PDDH.
Y aunque Ochoa Pérez siempre dijo que el operativo militar realizado en agosto de 1982, en la zona norte de San Vicente, cerca del río Amatitán había sido parte de los enfrentamientos entre los militares y la guerrilla, sin embargo, en estas acciones murieron niños, mujeres y ancianos, entre otros, donde el ejército intentó deshacerse de los cadáveres.
Ochoa Pérez siempre dijo que las masacres eran combates donde participó el Batallón de Infantería y Reacción Inmediata Atlacatl , junto a otras unidades militares que dejaron cientos de víctimas inocentes en San Vivente, Cabañas y La Unión.
Ochoa Pérez fue condenado el 28 de junio de 2022 por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, a 8 años de cárcel por el delito de peculado, sin embargo, en octubre se revocó la condena e impuso una nueva de tres años, que es excarcelable, pero, por el delito de administración fraudulenta.
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