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José M. Tojeira
El debate es bueno, el insulto es ineficiente. Y en El Salvador estamos más acostumbrados al insulto que al debate. Logramos salir de la guerra civil a través del diálogo y el debate de ideas, ciertamente apoyados por líderes de Iglesia, algunos intelectuales y funcionarios de las Naciones Unidas. Pero no abandonamos la tradición de la guerra verbal ni la tendencia a considerarnos amigos o enemigos según pensemos, apoyemos a un partido o tengamos posiciones diferentes en torno a problemas sociales, económicos o políticos. El insulto es el componente fundamental de esa guerra verbal, y generalmente impide el diálogo, genera desconfianza y dificulta en exceso la solución de los problemas. Aunque la gente joven es más tolerante y va avanzando en la capacidad de debatir ideas, el peso de la tradición es constante en el insulto. Quedan todavía muchos que no resisten la crítica, por racional que sea, y contestan con el insulto. Si la Conferencia Episcopal de El Salvador saca un comunicado diciendo “No permitamos que los pobres mueran de sed”, quienes están a favor de que la empresa privada tenga una posición de peso en la dirección de la política del agua, sacan inmediatamente sus espadas y sus lenguas largas a relucir. Sospechan (y lo dicen) que alguien, y por supuesto muy malvado, sea persona o institución, ha engañado a los obispos y los ha manipulado. O simplemente afirman (la ignorancia es siempre atrevida) que los obispos no saben nada del tema del agua y deben callarse. Lo hemos escuchado recientemente de quienes no saben debatir ideas. Después, ante lo contraproducente de los gritos, viene una posición aparentemente más suave. Pero continúa la ofensiva buscando “culpables” de ese pecado que consiste para algunos en no creer en las bondades, generosidad y alta calificación de una gremial de la empresa privada para dirigir la política del agua en el país.
La mala situación de la distribución del agua es evidente. En los 25 años que han seguido a los Acuerdos de Paz hemos sido incapaces de brindar agua a toda la ciudadanía salvadoreña. No hemos asegurado ni universalizado la suficiente cantidad y calidad que exige el consumo humano y el saneamiento. Aparte de los cortes, interrupciones y mal servicio, todavía queda en el país un 20% de la población sin acceso al agua potable para consumo y un casi 50% que no tiene agua para saneamiento en el hogar en cantidad adecuada. Mientras tanto el reto imprescindible de gestionar el servicio universal de agua para consumo y saneamiento sin fines de lucro choca con lo que algunos visualizan ya como un fructífero negocio. Sin embargo, por más dólares que se puedan ver detrás de los acuíferos, es necesario darle prioridad en el manejo del agua al sexto objetivo de desarrollo sostenible: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”. Estos objetivos, que El Salvador se ha comprometido a cumplir, y que tanto ARENA como el FMLN o Nuevas Ideas asumen como propios, tienen de plazo hasta el 2030. No queda demasiado tiempo, y más si tenemos en cuenta que hemos hecho poco en los últimos 25 años.
Pero en realidad tenemos la suficiente caída de agua lluvia como para poder lograrlo. No será fácil pero es posible si sustituimos el insulto por la racionalidad. Resulta indispensable construir no solo un objetivo común, sino unos procedimientos que sirvan para evaluar el avance y nos ayuden a lograrlo. No es pecado que muchos en el país pensemos que este objetivo es responsabilidad estatal y que por tanto es el Estado el que debe regir las políticas conducentes hacia el objetivo concreto. Tampoco es pecado pensar que la empresa privada puede ayudar. Pero dado que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano básico, es más racional pensar que el Estado, consultando participativamente, tenga la responsabilidad principal en el desarrollo y cumplimiento de dicho derecho ciudadano. El propio candidato arenero a la presidencia Carlos Calleja tiene una posición al respecto bastante más inteligente que algunos diputados de su partido. Como en el tema de seguridad ciudadana, otro gran derecho en crisis en el país, la empresa privada puede y debe cooperar. Pero la responsabilidad final es del Estado, que además debe hacer consultas con todos los sectores de la población y tratar de superar la crisis del agua cumpliendo con estándares internacionales. Solo así lograremos agua para todos.
