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La Fiscalía General de la República, bajo la conducción de Douglas Meléndez, no pudo encontrar una tan sola prueba para incriminar al expresidente de la República Mauricio Funes, de haber malversado $350 millones de la partida reservada.
Es más, uno de los fiscales del caso, el segundo al mando, aceptó no tener pruebas “pero, en las películas, así sucede”, justificó.
Y no obstante no tener pruebas, se mantuvo el tema en los medios por más de un año hasta que la Fiscalía negoció con Jorge Hernández, un expresentador de televisión vinculado al caso de corrupción del expresidente de la República por ARENA y fundador de GANA, Elías Antonio Saca, para que sirviera como testigo criteriado en contra de Funes.
Con la existencia de Hernández y otros testigos criteriados la Fiscalía presentó el caso por corrupción y otros delitos contra Funes y otros funcionarios más, quienes por cierto deberían ser procesados en libertad, es decir, con medidas sustitutivas porque varios padecen enfermedades y no son “criminales de gran peligrosidad”.
Pero los testigos criteriados, y sus decires, tampoco fueron suficientes para que INTERPOL procediera a la difusión roja internacional y capturara a Funes y su familia, asilado en Nicaragua no por los delitos que la Fiscalía iba a crear en el transcurso de su exilio, sino por amenazas de muerte de un oligarca, de lo cual hemos hablado en otro editorial.
Los últimos días antes de finalizar su periodo como fiscal general, quien había estado protegido por la Embajada de los Estados Unidos, y por ende presionado, Douglas Meléndez presentó la denuncia contra Mauricio Funes y contra el también periodista Lafitte Fernández y un exfiscal, por haber hecho público el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), con el cual quedó al descubierto la corrupción del expresidente Francisco Flores a partir del desvío, utilizando métodos mafiosos, de diez millones de dólares donados por Taiwán.
Siempre se tuvo la sospecha que los ataques de las dos últimas embajadoras de los Estados Unidos contra Funes, por haber revelado el ROS, tenían que ver con el plan de ataques contra los gobiernos de izquierda, ocultando los de derecha, y no por revelar el contenido del ROS, sobre todo, porque no significó que el imputado evadiera la justicia, sino que se destapara el modus operandi de la corrupción de los gobiernos de ARENA.
A Saca sí querían castigarlo, pero sobre todo humillarlo, por haber elegido mal al candidato presidencial que sería su sucesor, en contra de lo que unas familias del grupo oligárquico tenían planificado, por eso, incluso, la Fiscalía ordenó la captura de Saca cuando se realizaba la boda de uno de los hijos de este.
Estaba claro entonces que a Funes no le iban a perdonar, no solo el haber difundido el ROS que afectaba a Flores, sino por haber dejado al descubierto el entramado de la corrupción, además de un par de desplantes que le hizo a la exembajadora Carmen Aponte, aunque le obedeció otros como quitar a Manuel Melgar del Ministerio de Justicia.
Volviendo al tema, la orden de captura que el Juzgado Quinto de Paz dio contra Mauricio Funes y otros deja en claro la persecusión jurídica, por haber revelado la corrupción del expresidente Francisco Flores Pérez y sus “beneficiarios”.
