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Ética y Política
José M. Tojeira
El Salvador siempre se ha preciado de defender la libertad. Incluso en algunos momentos del pasado, oímos decir a políticos que aquí había libertad para emigrar. Como si nuestros migrantes lo hicieran desde una libertad abierta y no forzados por la economía o por la violencia. La libertad económica con frecuencia se privilegió sobre los derechos sociales. Todavía hoy el liberalismo económico termina imponiendo normas que favorecen a minorías, al menos como están escritas e implementadas.
El bitcoin y las zonas libres de impuestos no dejan de ser un indicativo de por dónde continúan los afanes libertarios. La libertad de los fuertes se potencia y a los débiles con demasiada frecuencia se le coartan las posibilidades de ponerse fines en la vida. Así sucede cuando a una buena parte de la población no se le ofrece una calidad educativa universalizada.
En los últimos años los derechos a la libertad se han visto golpeados severamente por diversas causas. Las desapariciones, tan en crecimiento en los últimos meses, son una forma muy grave de privar de su libertad a las personas. Y de momento no parecen adecuadamente perseguidas. Durante los días fuertes de la pandemia, con confinamiento domiciliar, se pusieron sanciones exageradamente fuertes, privando durante demasiados días de libertad, a quienes por alguna razón salían a la calle sin una justificación que convenciera a las fuerzas del orden que las vigilaba. El desplazamiento forzado continúa siendo una plaga en algunas zonas del país. Los grupos vulnerables ven con frecuencia su libertad coartada por una cultura homofóbica y machista.
Caso a parte merecen las personas privadas de libertad. Aunque estén recluidas en prisiones a causa de delitos cometidos, no pierden todos sus derechos. Privarles en ocasiones de luz solar, de visitas familiares e incluso en algunos momentos de la visita de abogados que los defiendan, es una forma de eliminar arbitrariamente las franjas de libertad que no han perdido a pesar de su encarcelamiento. Atacar desde cargos estatales a quienes defienden los derechos de los privados de libertad, acusándolos de defender a criminales, olvida que toda persona tiene derecho a ser defendida. Tanto desde las garantías constitucionales existentes como desde los principios básicos de los Derechos Humanos.
La libertad es uno de los grandes valores y derechos que deben estar presentes en toda sociedad. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda siempre que “el recto ejercicio de la libertad personal exige unas determinadas condiciones de orden económico, social, jurídico y cultural”. Y es ahí, en esas determinadas condiciones que posibilitan la libertad, donde con mayor frecuencia fallamos en nuestros países latinoamericanos. Las condiciones que posibilitan la libertad son siempre estructurales. Pero la tendencia autoritaria que ha crecido en los últimos años en Centroamérica, y por supuesto en nuestro país, solo ofrece formas secundarias de libertad a quienes se someten a la arbitrariedad del poder. Reforzar la institucionalidad de nuestros países, garantizar los mecanismos estatales característicos de la democracia que favorecen el control del poder, apoyar clara y taxativamente la libre opinión de periodistas y de los sectores que animan el pensamiento crítico, impulsar el diálogo, la participación y la tolerancia, son los únicos caminos que pueden garantizar el desarrollo armónico de la libertad.
