Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
En el Día Mundial de Agua diversos movimientos socio-ambientales se concentraron frente a la Asamblea Legislativa con el objetivo de conmemorar y repudiar que la Ley General de Recursos Hídricos aprobada en diciembre del 2021, no constituye el derecho humano al agua, y por el contrario, enriquece “a los grandes sectores económicos” del país.
“Recordarles a los diputados que la ley aprobada no es la ley que las comunidades estaban pidiendo, no es la ley que las Juntas de Agua necesitan, no es lo que aquellas comunidades empobrecidas por siempre han estado demandando. Vamos a tener una ley que según ellos, es «buena», pero es una ley que solo responde a los sectores económicos de este país”, aseguró Rodolfo Calles de la Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua.
El pasado diciembre de 2021, el órgano Legislativo aprobó la Ley Hídrica a través de la cual los legisladores pretendían “garantizar la no privatización del líquido, el agua potable y el saneamiento como un derecho humano”, bajo la responsabilidad del Estado. Sin embargo, diversas organizaciones mostraron su postura en contra debido a la escasa visión de derecho que la ley presenta. En consecuencia, presentaron una carta de solicitud con objetivo derogatorio o de reforma hacia la ley.
“Este día diversas organizaciones nos estamos pronunciando porque estamos preocupados, tenemos una grave crisis hídrica en El Salvador que afecta a la gente más pobre y vulnerable, hoy por hoy esa gente no tienen agua, o le cae muy pocas veces, en esa necesidad es que nos estamos reuniendo aquí, para exigirles a los diputados que esa ley aprobada por ellos la deroguen o la reformen, porque no responde a las necesidades de la gente, no responde al derecho humano al agua”, señaló Luis González, de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.
Según los movimientos y organizaciones, la ley no responde a las necesidades de la ciudadanía salvadoreña, no garantiza el derecho humano al agua, ni respeta el saneamiento, está excepta de participación ciudadana, no avala un régimen económico y financiero que beneficie a la población. Al contrario, fomenta el deterioro ambiental e injusticia hídrica, ya que da privilegios y autoriza a la empresa privada a explotar el recurso.
Verónica Guerrero, del Movimiento Ambiental y Social, reiteró que tienen deudas por parte del Estado salvadoreño, debido a que han presentado iniciativas de ley, las cuales no procedieron debido por “no ser aplicables”.
“Está crisis hídrica que hay en nuestro país afecta e impacta de forma diferenciada a las mujeres, somos nosotras a las que nos asignaron roles históricos de ciudad y somos nosotras las que exponemos nuestros cuerpos, para ir a traer esa agua y tener ese bien hídrico”, declaró Guerrero.
Para Omar Flores, de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, la ley no resuelve las violaciones que se están dando, como es el caso del río Sensunapán, donde las hidroeléctricas explotan los mantos acuíferos, situación que ha afectado las comunidades aledañas a la zona, “no se logra la reducción de la difícil situación que tienen la población de la falta de acceso al agua”, adjudicó.
Flores explicó que solo el 27% del recurso total del país está destinado para el consumo del agua, cifra que de la zona rural únicamente el 77% tiene acceso.
El caso Valle El Ángel es una de las irregularidades que las organizaciones han señalado al gobierno, debido a que es una zona de 1,500 manzanas de recarga hídrica la cual abastece a más de 6 mil pobladores, lugar al que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cedió permiso para la construcción de Ciudad Valle el Ángel.
Las organizaciones consideraron que existe tiempo para una modificación o derogación de la Ley de Recursos Hídricos, pues entrará en vigencia en junio de 2022, asimismo, pidieron a los legisladores un análisis a profundidad y considerar las propuestas de las organizaciones a favor de la población salvadoreña.
