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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Un salario justo es condición indispensable para el desarrollo social y también de la economía. La demanda de simplificación de los salarios mínimos en nuestro país y elevarlos a 300 dólares en la ciudad y a 250 dólares en el campo es justa, health es correcta, y ha sido sustentada técnicamente. El salario de un trabajador sirve, no solo para su sostenimiento material, le da dignidad y justicia a la familia, por lo que contribuye a crear la riqueza así como a disminuir los elevados niveles de desigualdad.
El economista César Villalona en este mismo medio informaba recientemente que según datos del Ministerio de Hacienda, de un total de 14,222 empresas en el año 2014, los salarios en la estructura de costos de sus actividades representó el 22.35%, y según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en ese mismo período el salario de las actividades agropecuarias representó entre el 15 y 18%.
Salir bien de una arcaica estructura salarial para los trabajadores y trabajadoras en nuestro país va a representar un gran paso adelante, y contribuirá al desarrollo del país, pues éste debe fundarse en la capacidad interna de las naciones y tanto el salario como los tributos representan factores efectivos para la redistribución y la justicia social.
Una de las últimas investigaciones de la CEPAL indica que el 10% de la población de América Latina y el Caribe son poseedores del 71% de la riqueza generada y que solamente pagan en tributos al Estado el 5.4% de su renta. Por eso CEPAL y OXFAN se plantean la necesidad de un pacto por la igualdad.
Nuestro Continente sigue siendo el más desigual del mundo, no somos el de mayor pobreza pero sí el de la mayor desigualdad. En el mismo estudio de CEPAL se hace ver que grupos pudientes de nuestro continente pagan entre 1 y 3% de sus ingresos brutos en tributos; mientras que en Estados Unidos ese indicador es del 14%, y en Europa del 20%. Esto define la capacidad de los Estados de invertir en el desarrollo social, en infraestructura y apoyo al desarrollo económico, por lo que resulta obvia la diferencia para producir servicios sociales y bienes públicos indispensables para el desarrollo.
El desafío del desarrollo como está comprendido en el reciente acuerdo de Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo Sostenible), se da dentro de los países y entre los países. La OEA ha definido este reto como más derechos para más gente, esta es la lógica de menos concentración, menos desigualdad y ese reto se debe asumir con plena conciencia de que estamos partiendo de las enormes desigualdades existentes y la enorme concentración de la riqueza generada por toda la sociedad.
Otro elemento indicativo de que se camina por mayor equidad, por más inclusión, son las pensiones; por ello la importancia de que los sistemas para su administración sean sanos y sostenibles, en vez de contribuir a agrandar las brechas de la desigualdad. En nuestro país pagar el 17% del total de una contribución para manejar la cuenta de cada contribuyente es un contrasentido, pues ninguna tasa de interés puede competir con esa porción del aporte que de entrada se aparta para beneficio de entes con carácter de monopolio privado.
En los últimos años, bajo gobiernos ganados por el FMLN, ha sido clara la inversión en lo social, y su orientación ha estado dirigida a mejorar condiciones de salud, educación y obra pública así como el fortalecimiento institucional del sector justicia. Estas inversiones que llegan a donde nunca antes el Estado se acercaba, a la gente de más escasos recursos, debe mantenerse y aumentarse, y no como lo pide FUSADES, cuando sugiere que todo incremento en la captación de tributos debe servir para pagar deuda exclusivamente.
De acuerdo al informe de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda presentado el 16 de marzo, el gasto en el área de Desarrollo Social del año 2015 fue de 2,223.9 millones de dólares, es decir, el 46.6% del total del presupuesto, el cual es el equivalente al 8.6%, en comparación con el Producto Interno Bruto (PIB); mientras que el pago de la deuda pública fue de 793.7 millones de dólares.
Aumentar la capacidad de atender las necesidades del desarrollo social del país requiere voluntad política de empresarios y fuerzas de derecha; el gobierno, el FMLN, los trabajadores y otras fuerzas aliadas han mostrado estar en esta dirección. Esto pasa por el convencimiento de que el desarrollo de obras y servicios públicos requiere de recursos propios, de menos evasión fiscal, de menos elusión fiscal, de salarios justos y políticas redistributivas y no concentradoras.
