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Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
En el contexto de las emergencias climáticas recientes en el país, la jefa anticorrupción y justicia de Cristosal, Ruth López, señaló, en una entrevista en TVX, que haber “desmantelado” el Sistema Nacional de Protección Civil es un “costo que se está pagando”, debido a la falta de obras para la prevención de desastres naturales.
“Creo que haber desmantelado el sistema de Protección Civil es precisamente parte de los costos que se están pagando (…) ¿cuánto dinero no se ha gastado en FOPROMID? Yo creo que en un quinquenio ya no necesitaríamos el préstamo del Fondo Monetario que se está negociando porque habría sido suficiente, pero realmente las condiciones van en deterioro. Las prioridades del país deben estar donde están las prioridades de la gente”, dijo.
El Fondo de Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) es un mecanismo creado en 2005 para atender desastres o aquellos casos que demanden una oportuna y efectiva atención de emergencia ocasionada por desastres, y cada año recibe 4 millones de dólares, esto puede variar según lo que el Ministerio de Hacienda asigne. En este sentido, López enfatizó que “a través del FOPROMID se maneja muchísimo dinero que no es transparente y que no se puede verificar el destino de esos fondos”.
“No se sabe porque no hay acceso a la información pública (…) yo creo que sería muy relevante empezar a cuestionar cuánto dinero de lo que ingresa se está empleando. Evidentemente lo que hemos visto hasta ahora es que no es así”, comentó López.
Asimismo, mencionó que los recientes gastos que el gobierno de Nayib Bukele tuvo como “luces led, Miss Universo, la portada de una revista”, no son prioridad para el país. De la misma manera, detalló que las muertes y severos daños en infraestructuras se pudieron haber evitado, puesto que los pronósticos climáticos indicaban que podrían haber estragos en el territorio salvadoreño.
“Podemos entender que a alguien le guste una fuente, unas luces o que alguien le guste salir en la portada de una revista, esas no son las prioridades del país, las prioridades están en la ciudadanía, precisamente para evitar que estos desastres humanos lleguen a ocurrir (…) hasta el momento hay 19 salvadoreños que han muerto, lamentablemente, en esta crisis climática, somos el país más afectado en vidas humanas y somos el país más pequeño”, enfatizó.
En cuanto a los anuncios gubernamentales, López criticó que “hay mucha espectacularización y muy poca ejecución, y lo que se ejecuta son grandes obras publicitarias, pero en las comunidades donde la gente necesita obras de prevención no se tienen”. Asimismo, indicó que las vulnerabilidades continúan porque no hay mecanismos de control y seguimiento de cómo se gastan los fondos públicos.
Sobre las pérdidas en la siembra de cultivos, señaló que una de las principales causas de que haya pérdidas significativas de sembradíos es que los pronósticos de siembra los dieron erróneamente los titulares que no están capacitados para los cargos dentro del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
“Estamos hablando de instituciones que tienen a cargo las políticas de agricultura, hay una afectación a los derechos humanos, hay una vulnerabilidad creciente que está basada en las decisiones gubernamentales”, afirmó.
De la misma forma, expresó que cuando se colocan personas en puestos públicos que no están capacitadas, es un posible acto de corrupción porque se están vulnerando derechos humanos.
“Podemos tener dinero, pero dinero para qué, porque el dinero cuando interesa aparece y cuando pareciera que no hay mucho interés desaparece (…) nos está pasando mucha factura la falta de transparencia que tiene incidencia en cómo se satisfacen los derechos de la población”, señaló.
Además, enfatizó que “cuando los ciudadanos no tienen sus derechos garantizados, hay algo que no está funcionando bien y es el tema de los límites que tienen los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones”.
“Los funcionarios no pueden hacer más que lo que la ley les obliga y todos los ciudadanos pueden hacer lo que la ley prohíba, desafortunadamente es al revés en este país (…) los ciudadanos tienen limitados y suspendidos sus derechos constitucionalmente hablando por el régimen de excepción, los funcionarios hacen cosas que no deben y no pueden hacer según la ley”, agregó.
Por otro lado, López recordó que en El Salvador, del 100% del electorado de todos los que estaban habilitados para votar, solo un 43.48% optó por esta decisión política en la elección presidencial.
“No hay nada peor que ante una vulneración la ciudadanía no tenga una respuesta institucional. Vulneraciones de derechos humanos hay en todo el mundo, el problema es cómo responde el estado frente a esas vulneraciones”, indicó.
“Cuando la ciudadanía no conoce cómo se están gastando los recursos públicos (…) se debería de ver dónde están las prioridades y dónde se está yendo a dejar ese dinero. Por lo tanto, nos está pasando la factura la falta de transparencia porque eso impide que se pueda verificar y señalar dónde debería estar enfocado el gasto público”, concluyó López.
