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Este domingo, el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cumplió un año tras las rejas en la sede de la Policía Federal en Curitiba, estado de Paraná (sur), donde permanece confinado mientras numerosas organizaciones y movimientos sociales abogan por su liberación.
De esta manera, partidos políticos, activistas de los derechos humanos e intelectuales del mundo reclaman su liberación y denuncian el carácter político de la persecución judicial en su contra.
Por su parte, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) permanece privado de sus derechos civiles impedido de conceder entrevistas a la prensa en una estrategia que busca acallar su voz mientras la ultraderecha avanza en un programa de feroz ajuste económico.
La campaña mediática contra el exmandatario, que logró sacar de la pobreza a más de 30 millones de ciudadanos y se convirtió en un líder de alcance continental, fue muy intensa e incluso impidió de forma arbitraria que Lula participara del último proceso electoral, donde todas las encuestas evidenciaban su alto nivel de popularidad e indicaban que superaba a cualquier candidato en diferentes escenarios.
Falsos delitos
En 2017, Lula fue condenado a 12 años de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. Específicamente, el expresidente fue hallado culpable de aceptar sobornos por 1,1 millones de dólares de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en el escándalo de Petrobras.
Sin embargo, según sus abogados defensores, no existe materialidad en las acusaciones contra Lula porque carecen de lógica y de consistencia. Además, señalaron que al no haber pruebas que incriminen al exmandatario, se enfrentan a un fenómeno que el derecho conocido como lawfare, basado en el abuso de las leyes del procedimiento jurídico con fines políticos.
