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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Cristosal, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) y Médicos del Mundo realizaron un análisis de la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, el pasado viernes, en la que se reconoce la existencia de desplazamiento interno por violencia.
José María Tojeira, director del IDHUCA, explicó que el Estado salvadoreño ha trabajado con grupos de varias familias que tienen que salir, pero que luego pueden regresar a su vivienda. Sin embargo, sigue habiendo en diferentes lugares y zonas, a las que no se alcanza a abarcar, que requieren de educación, seguridad y garantías de la presencia del Estado.
Tojeira asegura que si bien hay zonas donde no hay violencia, principalmente en áreas urbanas, las zonas rurales se ven mayormente afectadas por la violencia, lo que genera vulnerabilidad al desplazamiento forzado por amenazas de pandillas. “En control del territorio, no debe pensarse que estamos en una guerra y que hay que controlar un territorio, sino que hay que desarrollar una calidad de servicios estatales que permita establecer que el territorio está bien acompañado”, explicó el sacerdote.
De igual manera enfatizó que hay municipios que están muy seguros, pero los cantones alrededor están desprotegidos, entonces cuestionó de cómo lograr que no haya solo presencia en zonas urbanas, sino una presencia que toque todo el territorio, hecho que le toca al Estado trabajarlo.
“Decir que se tiene controlado todo el territorio es un poco no tan creíble, cuando las empresas transnacionales siguen pagando una cuota para entrar en muchos lugares del gran San Salvador”, explicó Tojeira.
Por su parte, Julio Magaña, coordinador de litigio estratégico de Cristosal, enfatizó que con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, que es uno de los amparos acompañados por Cristosal, es uno de los casos más complejos y que evidencia lo que viven las familias afectadas por la violencia.
“Es una familia compuesta por 33 personas, dos de ellos integrantes de la Fuerza Armada, que residían en Ciudad Delgado, donde comenzaron a ser víctimas de ataques por miembros de pandillas, cinco ataques motivados por ser miembros de fuerzas militares”, explicó
Con está sentencia se declaran los derechos que tienen los 33 miembros de la familia, por ser víctimas de amenazas, extorsión, lo que generaba mucho temor, a raíz de la sentencia, uno de los efectos que ordenan los magistrados es que estos tengan derecho a la justicia. Para que puedan tener la seguridad. “La Sala de lo constitucional ordena al ministerio de justicia, a las instituciones encargadas de seguridad, buscar y generar políticas para garantizar los derechos fundamentales y protección para este grupo familiar. No solo para estas 33 personas sino para todos los ciudadanos del país”, dijo Magaña.
Asimismo, dijo que la sentencia tiene un efecto moral, al darle visibilidad a estos cientos de personas que se están movilizando por desplazamiento forzado y tratarlo de una manera individualizada.
