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Washington / AFP
Ariela Navarro / Charlotte Plantive
La Corte Suprema de Estados Unidos comenzó el martes a escuchar los argumentos que respaldan la decisión del presidente Donald Trump de terminar con el programa que protegía de la deportación a los «dreamers», llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.
Al igual que más de 600.000 «dreamers» (soñadores), Rosa Barrientos está en un limbo jurídico desde que Trump eliminó en 2017 el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
Esa disposición les ha permitido trabajar, estudiar y conducir, y ha evitado su deportación a países que muchos de ellos no recuerdan. Ahora, su destino está bajo análisis del máximo tribunal.
Rosa, de 25 años, viajó desde Los Angeles y acampó desde el domingo bajo el frío y la lluvia junto a decenas de otros «dreamers» fuera del edificio de la Corte Suprema para poder entrar a la Corte el martes.
«Esta audiencia va a tener un impacto directo en mi vida», dijo a la AFP la joven llegada a Estados Unidos cuando tenía 4 años desde México.
La decisión de Trump, parte de su política dura contra la inmigración, será analizada por los nueve jueces que componen el tribunal. Entre ellos cinco son conservadores, de los cuales dos fueron nombrados por el presidente republicano.
En la mañana, Trump dijo que Twitter que muchos de los beneficiarios de este programa ya no son tan jóvenes y están «lejos de ser ángeles», e indicó que algunos son criminales «curtidos».
Trump señaló en su tuit que cuando su predecesor Barack Obama creó el programa no tenía las facultades legales.
«Si la Corte Suprema remedia esto con una revocación, se va a llegar a un trato con los demócratas para permitirles quedarse», escribió.
Según el Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay 660.000 beneficiarios del DACA, de los cuales 529.760 (poco más del 80%) llegaron desde México. Otros provienen de países como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil.
– Vivir con miedo –
Los tribunales que tomaron los recursos a favor de los «dreamers» señalaron que la suspensión del programa había sido decidida de forma «arbitraria» y «caprichosa», pero el representante del gobierno ante la Corte Suprema, Noel Francisco, argumentó en septiembre que el procedimiento para terminar con DACA fue «legal» y «racional».
José, un «dreamer» de 26 años llegado desde México cuando tenía ocho, dijo a la AFP que tiene «miedo».
«Espero que los jueces tomen la decisión correcta porque al final del día todos somos humanos», afirmó fuera del tribunal, donde desde la mañana comenzaban a congregarse cientos de personas.
Si la corte le da la razón a Trump, los «dreamers» no van a ser expulsados automáticamente, pero se convertirán en indocumentados, con los riesgos que esto implica.
El congresista Jesús «Chuy» García, que se unió a la multitud que espera fuera del tribunal, dijo a la AFP que si estos jóvenes pierden su estatuto son susceptibles de ser deportados.
«El gobierno tiene los datos de donde viven, de donde trabajan en los archivos para los cuales tuvieron que registrarse. Hay familias que viven con miedo», explicó el representante del 4º distrito de Illinois.
– «Moneda de cambio» –
El DACA estuvo a principios de este año en el centro de un enfrentamiento entre el mandatario republicano y los legisladores demócratas, que derivó en una paralización parcial del gobierno federal por más de un mes por falta de financiamiento.
Trump ofreció dar protección temporal a los «dreamers» a cambio de que le aprobaran 5.700 millones de dólares para construir el muro en la frontera con México, su propuesta insigne para frenar la inmigración irregular. El planteo fue rechazado.
«Trump decidió ir a la Corte Suprema para que ellos hagan el trabajo sucio de terminar con el programa, para que él pueda usar a los beneficiarios de DACA como una moneda de cambio», dijo a la AFP Daniel Briones, un «dreamer» de 30 años que vive en Texas.
«Él quiere usarnos para construir el muro», agregó.
El caso también podría redefinir los límites de la autoridad del ejecutivo, indicó Steven Schwinn, un académico de derecho de la Universidad de Chicago.
«El caso plantea importantes preguntas sobre la capacidad del presidente de llevar a cabo políticas mediante la no aplicación de la ley y la discreción ejecutiva», dijo el académico.
